El artiguismo en Zorrilla de San Martín
Muerto Garibaldi en 1882, a mediados del siguiente año, el presidente Máximo Santos propone al parlamento un monumento en su memoria. Considerado en diputados en un contexto favorable, se escuchan sin embargo, voces disonantes. El representante por Florida, David Buchelli, se opone. Arguye, entre otros razones, que ni Artigas ni Lavalleja tenían monumentos en las plazas públicas. Atribuye el hecho a la falta de recursos… ¿Cómo los habría para Garibaldi?
El monumento a Lavalleja se inauguró en Minas en 1902. La oratoria, no podía ser de otra manera, estuvo a cargo del poeta de la patria. La estatua de Artigas empezó en 1907 su lento camino hacia la Plaza Independencia. Recién se inauguraría en 1923, sesenta años después de que el legislador Tomás Diago propulsara la idea ante su Cámara.
Es que Artigas no solamente tuvo que luchar contra españoles, portugueses y porteños sino contra su damnatio memoriae. Para Sarmiento, nuestro héroe nacional era «[…] un salteador […] Treinta años asesinando o robando […] el monstruo […] bárbaro, absurdo, cínico, incongruente […]». Cuando quiere «expresar ideas de gobierno o de libertad, es su secretario Mataroso [SIC] un fraile apóstata que debemos suponer un renegado o un paria de la sociedad […]», quien habla por él, afirma en su Conflicto y armonía de las razas en América.
En el mismo decreto en que se proponía vindicar al «gran calumniado de la Historia de América», el presidente Williman comisionaba a don Juan Zorrilla de San Martín, para confeccionar una Memoria, para ilustrar a los artistas que se presentaran al llamado. Así, lo que en principio auspiciaba una somera semblanza se transformó en La Epopeya de Artigas.
Para Zorrilla la misión del historiador no es tanto la de enseñar sino de infundir «el sentimiento racional de amor a la patria». Entendiendo por patria «una comunidad de imágenes, de recuerdos, de emociones entre los habitantes de una región […] que constituye una pasión o pujante sentimiento, germen de virtudes». Es cierto que es también una comunidad de destino. Y esa patria de Artigas, dice, es fruto del encuentro del héroe providencial con el pueblo. «El cumplimiento de leyes […] más fuertes que el libre querer de los hombres».
La revolución artiguista no es subversiva. No pretende cambiar los nombres de los meses del año, ni coronar a una prostituta disfrazada de «diosa Razón», como la francesa de 1789.
«La revolución de independencia de la América Latina no fue, dice Zorrilla, la hija de la revolución anticristiana europea», sino «la obra del instinto de libertad cristiana [de] los hombres iguales ante Dios […] ya que todo poder y toda autoridad de Dios proceden». Así, la [verdadera] democracia es hija legítima de la fraternidad de la cruz». Y los verdaderos caudillos americanos fueron aquellos «esencialmente cristianos». Aquellos que al decir del poeta, no estaban «contaminados por las rebeldías de la razón, ni por las apostasías del pensamiento utilitario».
En ese sentido, Artigas es arquetipo: «…un héroe de la gente hispánica. No quiso ser políticamente español; pero amó y glorificó su raza de la que nunca renegó».
No está demás recordarlo.
Guillermo Silva Grucci
Seguridad: soluciones dormidas en cajones del legislativo
El retiro de los policías de la tarea de custodia de valores, resintió la seguridad de las actividades financieras y comerciales que manejan efectivo y valores en general y que son el objetivo de la criminalidad.
Vimos esta realidad y pensamos que era necesario encontrar una solución que requería una expresión legislativa, nos reunimos con el Diputado Tabaré Viera, coincidimos y elaboramos un proyecto de ley que lo presentó en la secretaria de la Cámara de Diputados.
Trata de la reincorporación de personal policial retirado, habilitándolos al uso de armas y uniformes para realizar los servicios de custodia de valores, bienes y servicios como el 222.
Ese mismo proyecto eleva la cantidad de horas habilitadas para el personal en actividad, sin que ello signifique resentir sus capacidades físicas. Como ocurre en cualquier empresa en el ámbito privado, el tope pasa a ser de 120 horas mensuales.
La aprobación de esta norma y su puesta en práctica reducirá o eliminará la informalidad de los servicios que se realizan en negro denominados 223 lo mismo que los contratos laborales disfrazados bajo otros rubros.
Se reincorpora a la tarea de seguridad a personal altamente capacitado, no siendo necesario otra adecuación que el conocimiento a las nuevas normativas posteriores a su retiro y no genera costos al Estado. Se harán los aportes previsionales y al cese de su habilitación se le reformara la cédula jubilatoria.
Se beneficia la comunidad, el policía reincorporado que mejora su salario y el propio Ministerio del Interior que incorpora al circuito de la seguridad un personal preparado, formado en su propia casa e integrado totalmente a sus recursos humanos. Las fuerzas policiales crecerán en número y potencialidad sin incrementos presupuestales. La sola presencia de un mayor número de uniformados desalienta a la criminalidad.
Pero como la propuesta parte de la oposición ni aún bajo la crisis de seguridad imperante ha sido tratada. Estará dormida en un cajón tapada por infinidad de carpetas intrascendentes.
Lo consideramos como un proyecto que aporta muy buenas soluciones y acorde a una compulsa que realizamos ha sido recibida con gran interés por parte del personal policial en actividad y retiro, pero el poder político gobernante mira hacia otro lado.
También instrumentamos una solución para un problema de actualidad que insume la utilización de muchos recursos humanos que consiste en un abordaje racional de la prestación de garantías a víctimas de violencia doméstica.
Cada persona que se proteja en forma permanente requiere de la asignación de por lo menos 4 u 8 efectivos. Uno o dos por turno. Más los relevos por licencias (sin contar partes médicos u otros). Esto implica grandes adecuaciones de los lugares físicos, problemas de comunicación y acceso a apoyos y controles.
Proponemos que el Estado disponga la asignación de una edificación con capacidad para alojar a todas las personas a quienes se debe proteger, simplificándose la custodia y permitiendo que los policías realicen sus servicios en forma digna, con las comodidades mínimas y posibilidad de recibir los auxilios con celeridad.
Este ahorro en recursos humanos permitirá cubrir otras necesidades. Y ahora en tiempos electorales solo queda la esperanza que con los cambios que se produzcan estas propuestas sean incluidas o considerada en un programa de gobierno.
Actualmente, la seguridad pública es un tema crucial y nos sentiremos satisfechos con que sean tenidos en cuenta por cualquier fracción política, pues estamos convencidos de que serán en beneficio de toda la comunidad
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Crio. General (r) Zósimo Nogueira de Mello
¿Que todo cambie para que todo siga igual?
La frase que inmortalizó “El Gatopardo” se aplica normalmente a cambios que en apariencia son “transformadores” o “reinvenciones”, pero en realidad constituyen un discurso vacío para no cambiar nada. Los gobiernos del Frente Amplio ofrecen una letanía de ejemplos de estas prácticas, basta con mencionar el caso del prometido “cambio de ADN” en la educación.
En la campaña actual se observan indicios de algo similar en alguna plataforma que al mismo tiempo que ofrece un discurso de reforma educativa y protección de los más débiles, apoya el mantenimiento del marco normativo que es el principal causante de la degradación imperante en la educación. Nos referimos a la legalización de la marihuana, cuyos efectos los pagan en forma desproporcionada la juventud y los más humildes.
El consumo de drogas está causando estragos en la familia. Pero lamentablemente la juventud resulta un botín electoral atractivo para algunos que en forma “simpática” proponer mantener la vigencia de la ley. Y no es solo esto. Hoy en el mundo existen intereses económicos muy fuertes detrás de la legalización de la marihuana.
Según Político, una publicación de los EE. UU., las empresas de cannabis gastaron casi tres millones de dólares el año pasado para influenciar políticos y organizaciones. Entre los principales promotores de la marihuana legal hoy día se encuentran las tabacaleras y fabricantes de cerveza.
Coincidentemente, el socialista norteamericano Bernie Sanders propone “legalizar la marihuana a nivel nacional, eliminar condenas pasadas sobre la marihuana y asegurar que los ingresos provenientes de la marihuana sean reinvertidos en las comunidades que reciben el mayor impacto en la Guerra contra las Drogas”.
Cualquier parecido con Uruguay es mera casualidad. Sanders propone utilizar los ingresos provenientes de la marihuana para reinvertirlos en las comunidades que supuestamente son las “víctimas” de la guerra contra las drogas. Pareciera que los últimos resultados del experimento que se realiza en Uruguay no han sido todavía analizados por Brookings, ya que de otra forma el candidato demócrata sería más cauto. O no, de repente solo le interesa captar el voto fácil de corto plazo.
Nuestro país hizo ruta fomentando el consumo legal de marihuana al mismo tiempo que puso todas las restricciones posibles al consumo de alcohol y tabaco. Es claro que desde el punto de vista de políticas públicas se fomentó una sustitución de los dos últimos por marihuana. Si esto fue hecho intencionalmente o no lo dirá la historia. Pero resulta llamativo que las tabacaleras que hicieron juicio a Uruguay terminaron por desestimarlo, para luego convertirse en impulsores del consumo legal de marihuana.
Quizás lo anterior sea una clave para comprender la cercanía entre el Ec. Talvi y el gobierno del Frente Amplio. Primero fueron los elogios al equipo económico, ahora se agrega el apoyo a la gestión del ministro Bonomi. Si hubiera escuchado al Dr. Pedro Bordaberry quizás este último lo hubiera informado mejor sobre los problemas que nos han dejado la dupla Astori-Bonomi. Tal vez tenga razón Novick, le vendría bien un toque de humildad.
Sifgrido Vaz
Irregularidades en el M.E.F.
Por la presente me remito a Ud. y vuestra editorial para comentarle un tema que raya en la violación de normas jurídicas y el Derecho Aeronáutico.
Mientras el poder político discute si en Venezuela hay o no hay una dictadura (de lo cual no cabe la menor duda), los uruguayos nos olvidamos de ver una fragante violación a las leyes uruguayas, que nos pasan diariamente y son aplicables para actores de la aeronáutica y/o despachantes de aduana.
Este hecho afecta directamente la competitividad industrial comercial y la importación de repuestos del sector ya lo hemos denunciado a la Cámara de Industria del Uruguay CIU, en el MIEN, en la FAU, en la DINACIA y algunos partidos políticos,
El hecho específicamente es el siguiente: De acuerdo a lo que establecen las normas jurídicas LEY 9977 /40 y su reglamentación decreto 196/17, los tramites de importación de partes de repuestos y o aeronaves tienen exoneraciones de pagos de impuestos, como ser IVA, IMESI, IRPF., siempre y cuando los productos, no se produzcan en el Uruguay.
Y cuando estos llegan al país deberán tramitar sus respectivos certificados de exoneración, en las diferentes oficinas públicas de nuestra burocracia DINACIA, ADUANA, MEF, ley 9977/40, DGI; pero en este último se tranca el trámite en la oficina de Comercio Exterior. Allí hay una funcionaria que la nombraremos como Contadora. “NN”, que cobra a su criterio y de acuerdo a la orden superior (diciendo yo soy la ley!!!)
Fomentando la política de recaudación indiscriminada y confiscatoria de impuestos, cobrando IMESI, IVA, a su criterio.
Esto hechos no solo provocan problemas de gestión, y de competitividad en la aviación comercial, además de la violación de la ley, sino que el fomentan el contrabando y el gobierno no se da cuenta de esto.
Nuestras instituciones han consultado especialistas, como despachantes de aduana, abogados en derecho Aeronáutico, en derecho Aduanero, economistas y contadores, autoridades de la DINACIA y todos coinciden en que el procedimiento es confiscatorio y violatorio del derecho (tenemos pruebas escritas de estos hechos).
Por lo tanto se solicita a las autoridades del MEF y o DGI la destitución de la Cra “NN” del Dpto. de Comercio Exterior, por violar las ley 9977/40 y su decreto reglamentario 196/17.
Por la presente fundo mi DERECHO en la ley 9977/40 del fomento a la aviación en el Uruguay y el decreto 196/17, reglamentario de dicha ley y en la constitución de la republica art 7, 29 y 30.
Desde ya muchas gracias por la difusión.
Diego Ravera
CI: 1.301.233-3
Presidente de la Cámara Uruguaya de Industria Aeronáutica C.U.I.A.
Florida:
intransitable la ruta 14
Felicitamos a La Mañana por este nuevo ciclo. Queremos transmitir, que como vecinos estamos indignados por el estado de la Ruta 14 en el tramo que va desde Sarandi del Yi a la Ruta 7. Es intransitable, y su estado es una vergüenza para la Intendencia de Florida. Pagamos nuestros impuestos y sin exagerar: debemos transitar entre pozos como si fuera una nación bombardeada.
Agradecidamente les saluda,
Mario Silveira
CI 1.013.906-1
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