Los comerciantes del pueblo de Tecún Umán y otras localidades fronterizas de Guatemala solían llevar alimentos frescos al territorio mexicano y abastecerse de manufacturas, sin pasar por la aduana y el servicio migratorio mexicano, hasta que el 1 de julio de 2019 fue desplegada la Guardia Nacional de México en las inmediaciones del Suchiate, un río que lleva al Pacífico las aguas originadas en una inmensa selva, de la que sobresalen volcanes y copas de ceibas gigantes.
Por años, los comerciantes locales han pagado un dólar y medio para cruzar el cauce en una balsa. Así eludían el puente internacional fronterizo y el trámite oficial, como ocurre en muchas fronteras remotas donde la población tiene conexiones económicas y sociales cotidianas.
Los tiempos cambiaron. La integración económica de América del Norte aceleró este proceso, causando beneficios y perjuicios en Canadá, Estados Unidos y México. El presidente Donald Trump afirmó hasta el cansancio que el Tratado de Libre Comercio es el peor pacto de Washington en la historia. Ya lo renegoció y este año podría entrar en vigor, pero además quiere que México y Guatemala refuercen la contención migratoria.
La frontera de México con Guatemala no será nunca más como había sido hasta hoy. Unos seis mil guardias nacionales fueron desplegados sobre una franja selvática de 960 kilómetros. Cientos de agentes del Instituto Nacional de Migración mexicano fueron cesados y se ha convocado a una nueva generación de policías migratorios que, entre otras labores, administran un enorme centro de detención en Tapachula, Chiapas, y puestos estratégicos y móviles en la región limítrofe.
Los problemas se hicieron visibles, aunque han existido por años. Además del histórico y tolerado tránsito de los habitantes de esta región, conocida como Soconusco, circulan miembros de grupos delictivos que trafican drogas, personas y armas, sacando provecho de 54 puntos de cruce ilegal.
Trump amenazó en junio pasado con imponer aranceles al comercio bilateral a México, su primer exportador, rebasando inclusive a China este 2019, si México no frenaba el flujo de indocumentados. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador fortaleció los controles fronterizos en el sur para satisfacer a Trump, pero el despliegue es también consistente con una política de seguridad pública que tiene el objetivo de reducir la acción de bandas criminales.
Según el Atlas de la migración de los países del norte de Centroamérica, tres de cada cuatro migrantes en tránsito en la región fronteriza son blanco de robo y entre los hondureños -el mayor grupo-, uno de cada cuatro ha sido objeto de violencia. El Atlas es uno de los documentos de apoyo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que en 2018 terminó un diagnóstico y una propuesta de desarrollo económico para el “triángulo norte” y la zona fronteriza sureste de México.
Hasta mediados de esta década se calculaba que 600 mil personas transitaban por México hacia Estados Unidos, pero no fue sino hasta 2018 cuando la CEPAL puso algunas cosas en claro y logró documentar que la cifra de centroamericanos rondó los 400 mil o menos. Su punto más bajo fue en 2011, con 105 mil migrantes en tránsito.
Otro dato relevante es que en 2018 la autoridad migratoria estadounidense realizó 158 mil “arrestos administrativos” en todo el territorio y deportó a 256 mil individuos de las nacionalidades más diversas, según estadísticas de la Policía de Inmigración y Aduanas, conocida como ICE, por sus siglas en inglés.
Las detenciones en la frontera sur estadounidense tomaron una tendencia a la baja desde que la Patrulla Fronteriza desplegó en 1993 la Operación Guardián, cuando los indocumentados interceptados rebasaban el medio millón, cada año, e iban en aumento constante.
Los atentados contra las Torrres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 precipitaron la reconfiguración del esquema estadounidense de seguridad nacional, estirando el brazo hasta el Suchiate.
Las condiciones en la frontera mexicana han venido cambiando desde hace tiempo, al igual que en la propia Guatemala, que en 2016 reformó su legislación migratoria para afinar el instrumental de control de migrantes indocumentados, tipificando delitos conexos como el tráfico de migrantes.
James (Jimmy) Morales, presidente guatemalteco saliente, firmó con Estados Unidos un acuerdo de contención conocido como “tercer país seguro”, que replica el modelo establecido en Europa para evitar que los sirios lleguen hasta el norte de Europa; el migrante debe esperar su aceptación o rechazo en el país donde es detenido.
Los cambios comenzaron en México en 2011 con una reforma a la legislación que aprieta el control de indocumentados. Esta vuelta de rosca se tradujo en más puestos de vigilancia migratoria en el istmo de Tehuantepec. Como alternativa, los migrantes -inclusive familias, mujeres con hijos y menores de edad solos- no tuvieron más remedio que caminar por zonas rurales montañosas o abordar un tren de carga al que nombraron “la bestia”, donde no solo eran sometidos por las propias pandillas centroamericanas, sino también por grupos delictivos mexicanos para fines de extorsión o por agentes policiales en busca de sobornos.
Crisis Group, una organización no gubernamental con sede en Bélgica, publicó el año pasado un informe en el que afirma que “pese a los trinos del presidente Trump que sugieren lo contrario, México está controlando activamente su frontera sur, conteniendo el flujo de centroamericanos que se dirigen hacia el norte”. Fueron deportados de México 78 mil indocumentados en 2017, según información gubernamental.
El río Suchiate es ya el muro que anhelaba Trump para sus votantes. Pero el gobierno de López Obrador quiere complementar la acción con un plan de cooperación internacional que eche a andar el desarrollo económico en localidades expulsoras de migrantes, principalmente en zonas rurales. Una sorprendente conclusión de la CEPAL es que las serranías del istmo centroamericano padecen una sequía recurrente que forzó el abandono de pueblos enteros.
En junio, López Obrador y el presidente salvadoreño Nayib Bukele -en el cargo desde junio de 2019- formalizaron un plan de transferencia de 30 millones de dólares para sembrar árboles maderables y frutales en 50 mil hectáreas de El Salvador, dándole empleo permanente a 20 mil campesinos y técnicos. Este mismo esquema se viene aplicando en México desde enero pasado en regiones montañosas de 19 estados con el nombre de Sembrando Vida, que implica la entrega de recursos materiales para reforestar 500 mil hectáreas y pagar sueldos de miles de campesinos.
A este plan se sumó en julio el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras. Este país, que padece los mayores efectos de la sequía, dispondrá también de 30 millones de dólares de cooperación oficial mexicana.
Recibirá además financiamiento para un programa de empleo de jóvenes menores de 29 años, que ya se aplica en México. López Obrador ofreció a Honduras exentar aranceles a su café para que compita en igualdad de condiciones en el mercado mexicano.
Aún no se extiende el plan a Guatemala, donde el 11 de agosto fue elegido el médico y ex funcionario público Alejandro Giammatei, del partido Vamos, de quien se espera un plan de gobierno que atienda a la población más vulnerable.
Desde que finalizaron los conflictos en Centroamérica (Nicaragua y Honduras, 1990; El Salvador, 1992 y Guatemala, 1996), unas 120 empresas privadas de México invirtieron en la rama comercial, bancaria,
manufacturera y de servicios. El presidente hondureño dijo el mes pasado que Honduras espera todavía más inversiones mexicanas. Guatemala, que tiene puertos en el Pacífico y el Caribe, se propone fortalecer su privilegiada conexión interoceánica. El Salvador, convertido la década pasada en un hub aeroportuario, espera reducir la criminalidad para fomentar el turismo y la manufactura.
Los pobladores del Suchiate no saben todavía qué pasará con las balsas y el comercio local. Por ahora, esta es su realidad: las restricciones legales, la vigilancia y la incertidumbre son cada vez mayores.
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