“Renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar”. Con este mensaje, Evo Morales dio por terminado un ciclo de 13 años y nueve meses de gobierno ininterrumpido en Bolivia en el que asegura haber dejado una “Patria libre” con “miles de obras construidas” y con “inclusión, dignidad, soberanía y fortaleza económica”.
Es innegable que la economía boliviana ha tenido un sostenido crecimiento. Analistas señalan que el PBI real per cápita de Bolivia ha crecido a más del doble de la tasa de América Latina y el Caribe desde 2006. Uno de los primeros debates que se abre es hasta dónde esto fue permitido por el extraordinario incremento de los precios de los commodities a partir del 2003 o apuntalado por la nacionalización de los hidrocarburos del 2006, sumado a las altas tasa de inversión pública, fundamentalmente en infraestructura, y un elevado gasto social que permitió un aumento significativo del poder adquisitivo.
En el trabajo “La transformación económica de Bolivia: Políticas macroeconómicas, cambios institucionales y resultados” realizado por especialistas del CEPR y publicado semanas atrás, se consideraba que “el desafío más apremiante de Bolivia es la industrialización a gran escala. Su Agenda 2025 implica la construcción de industrias básicas, tales como plantas siderúrgicas y petroquímicas para la industrialización de sus vastos recursos naturales”. Un esfuerzo que Morales emprendió con decisión, sobre todo basado en las riquezas del gas y el litio, sumado a un ambicioso plan de conexión física que contempla la realización de un corredor bioceánico. Una de las grandes incógnitas será saber si en el futuro se mantendrá esta línea, que implica además la continuación de una política exterior pragmática y seguramente menos afín a la ortodoxia anti-estadounidense.
En tanto, otros expertos apuntan a que un elevadísimo déficit fiscal del 8%, el más alto de Sudamérica, implicará necesariamente un ajuste para evitar el permanente endeudamiento y la caída de las reservas, que se ha acentuado desde 2014. Las altas tasas de crecimiento y la baja inflación atenuarían el impacto social, pero no evitarían la necesaria reorientación macroeconómica.
Para el especialista en relaciones internacionales, Francisco de Santibañes, “terminó el ciclo de las commodities en América Latina y ni los gobiernos de derecha ni de izquierda le encuentran la solución”. En una línea similar se pronunciaron economistas uruguayos consultados por el diario El País destacando que la baja diversificación y la dependencia de recursos naturales sumado al descontento social por la desigualdad y los problemas de corrupción devinieron en inestabilidad institucional en varios países del continente y Bolivia no es la excepción.
Esta debilidad institucional que ha caracterizado al país del altiplano a lo largo de su dolorosa historia, tuvo al menos dos episodios sumamente graves durante el ciclo de Morales. El primero en 2008 con el levantamiento secesionista de varios departamentos gobernados por la oposición en la región conocida como “la Medialuna”, con violentos enfrentamientos –incluida la conocida como masacre de Porvenir- y una oportuna intervención de la Unasur. El segundo a partir de 2016, en el que un referéndum arrojó que el 51% de los bolivianos estaba en contra de la posibilidad de re-reelección de Morales que, sin embargo, desconoció dicho pronunciamiento y se presentó como candidato este año 2019. La historia de los últimos días fue un corolario de lo anterior, irregularidades verificadas por la OEA que llamó a repetir los comicios, mientras el gobierno se adjudicaba la victoria en primera vuelta. La marcha atrás de Morales solicitando nuevas elecciones aparentemente llegó tarde, cuando ya se había generado un clima de enfrentamiento en las calles y la Central Obrera Boliviana (COB) y distintos sectores del campo y la ciudad le solicitaron renovar la totalidad del Tribunal Supremo Electoral.
Por otra parte, la persecución, el linchamiento, el secuestro y el asesinato de dirigentes políticos y empresarios siguió siendo parte de la cruda realidad boliviana. El caso más sonado de los últimos tiempos posiblemente fue el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, que fue torturado y masacrado por un grupo de manifestantes. En los últimos días también se hicieron oír las denuncias de múltiples actores tanto del oficialismo como de la oposición sobre la acción de turbas violentas que ponen en peligro la integridad de estas personas y sus familias y ya son muchos los que han solicitado exilio en otros países, incluso los propios Evo Morales y su ex vicepresidente Álvaro García Linera que se encuentran en México.
Una cuestión importante de analizar es por qué Evo Morales perdió el apoyo de la principal central de los trabajadores, de las fuerzas armadas y de la policía, así como de algunas importantes organizaciones indigenistas que apoyaron al opositor Carlos Mesa y parte de su electorado que se pasó con el pastor presbiteriano Chi Hyun Chung, que obtuvo el tercer lugar en las últimas elecciones.
En un interesante artículo, Fernando Molina de El País de Madrid marcó los puntos de divergencia de Morales con unas fuerzas armadas que se mantuvieron durante todos estos años leales al mandatario, aunque frente a los acontecimientos de los últimos días decidieron “no enfrentarse al pueblo” e incluso solicitaron la renuncia de Evo. Molina considera esto “paradójico” dado que “los militares han sido sistemáticamente cortejados por Morales y su Gobierno, que les ayudó financieramente, les cedió espacios de la Administración del Estado, como la aeronáutica, aumentó su presupuesto y mantuvo excelentes relaciones con sus comandantes”. El periodista subraya que al momento de renunciar Morales y su vicepresidente “evitaron recriminar a los militares por su inacción, mientras que sí criticaron a sectores de la Policía”, que dicho sea de paso, arrastraba un gran malestar desde un tiempo a esta parte.
En las últimas horas, el portavoz adjunto del secretario general de la ONU declaró que es necesario crear lo antes posible las condiciones para la celebración de elecciones pacíficas, creíbles, transparentes e inclusivas en Bolivia. Ante la gravedad de los hechos y el riesgo siempre presente de que se desate una guerra civil de imprevisibles consecuencias, los organismos regionales antes que procurar calificar o juzgar lo sucedido tienen la responsabilidad de llamar a la calma, proponder a que los bolivianos resuelvan de forma soberana y constitucional sus propias contradicciones y condenar cualquier hecho de violencia, de un bando o del otro.
