Entre marchas y contramarchas, avanza la discusión sobre el proyecto de Ley de Presupuesto. Las modificaciones al levantamiento del secreto bancario, la rebaja en los incentivos para las empresas que realicen donaciones y los límites impuestos a empresas de servicios personales para deducción del IVA en la compra de automotores y bienes inmuebles, fueron algunos de los temas abordados por el expresidente del Banco Central, economista Julio de Brun, en nota concedida a La Mañana.
A medida que se avanza en la discusión parlamentaria, el proyecto de Ley de Presupuesto sufre algunas modificaciones. Una de ellas es devolver a la Justicia la posibilidad de decidir sobre el levantamiento del secreto bancario. ¿Cuál es su visión al respecto?
Es mejor que lo anterior en el sentido de que, por lo menos, se le da intervención al Poder Judicial. No me parece bien que se le ponga una denegatoria, una aprobación ficta al Poder Judicial con los 30 días. En definitiva, es el levantamiento de un derecho individual y, por lo tanto, no debería existir ese plazo y la Justicia analizar los fundamentos como corresponde o, en todo caso, será al revés: es una denegatoria ficta cuando simplemente no encuentra elementos de que esté bien probado o justificado por parte de la administración tributaria la medida que se le está solicitando a la Justicia. El artículo me parece que no es votable en ese sentido, pero obviamente no es mi opinión la que importa. O sea, sigue siendo una limitación de derechos individuales que en materia tributaria realmente no se justifica.
Otro cambio propuesto por el proyecto hace menos beneficioso el incentivo para empresas que realicen donaciones. Se baja del 70% al 50% de lo donado para la imputación como pago de cuentas de IRAE o el IPE. Se permite reducir el 50% restante, lo que reduce el beneficio total que recibe la empresa donante. ¿Sobre qué se basa esta medida?
Básicamente tiene un efecto fiscal de reducción de una exoneración que tenía como distribuida la carga de una donación entre el Estado y la empresa, haciéndola ahora más gravosa para la empresa. Yo creo que ahí lo que está faltando es una política de colaboración entre el sector público y la sociedad civil, que puede ser a través de incentivos fiscales a las donaciones u otros instrumentos que están vigentes en otros países, como se intentó hacer también anteriormente. En definitiva, son contribuciones de fondos privados a proyectos o actividades de interés social. Uno mira resultados comparados a nivel internacional y ese tipo de acciones directas del sector privado en esas políticas sociales suele tener más impacto que cuando pasa por la burocracia estatal.
¿Se puede aplicar un ajuste fiscal sin cambios significativos en la política tributaria?
Obviamente los hay desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista operativo, como es el tema del secreto bancario. Hay todo un impuesto nuevo, que es la visión –filosóficamente es una postura muy significativa por parte del gobierno– de ceder a la presión de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] de incorporarse al impuesto mínimo global, incluso borrando con el codo lo que han sido disposiciones o compromisos que Uruguay ha tenido, en particular con el tema de zonas francas. Ahora se modificó, pero todavía creo que quedan ciertas dudas sobre el alcance de la exoneración del alcance de este impuesto. Cuando se trata de zonas francas va a depender de qué es lo que ocurre con la casa matriz y de la empresa que está en zonas francas en Uruguay. Pero, en fin, más allá de los detalles, hay cambios de orientación significativos que no son para bien en la medida en que, justamente, siempre fueron instrumentos, y en particular en estos casos, que han resultado valiosos para la generación de valor en Uruguay.
Otro artículo habla de que a los prestadores de servicios personales se les va a limitar la deducción de IVA en las compras de vehículos o mobiliarios de naturaleza personal. ¿Esto se aplica a parte de una nueva forma de recaudación?
Eso es entendible. Había una zona gris entre lo que era la deducción de las compras de activos fijos para quienes aportan impuestos más arriesgados sin relación de dependencia, como por ejemplo los profesionales independientes, y los que lo hacían por opcionalidades, digamos. Acá estaba claro que no se podía en un caso y era dudoso en otro. Básicamente, lo que se hace es corregir, emparejar una situación para todos los que están en ella. No necesariamente es la mejor solución, hay gente que utiliza ciertos activos fijos para su trabajo, pero lo cierto es que da lugar a muchos abusos. En fin, ahora quedó. Esto es básicamente una aclaración de un tema que era discutido hacía tiempo. Pero en todo caso es un tema menor.
Las medidas del equipo económico, ¿comprometen el anunciado régimen de inversiones?
Lo del impuesto mínimo global es un efecto muy fuerte y es algo en lo cual Uruguay debió haber seguido otro camino, si se quiere más defensivo, más que plegarse a la presión de la OCDE. Máxime cuando en el mundo el avance de este impuesto, más allá del entusiasmo que tuvo a comienzos del año pasado cuando se empezó a dar, hoy se ha enfriado bastante. Creo que la actitud de Uruguay hubiese sido mejor de esperar y ver, y adoptar alguna medida defensiva como para que rentas generadas en Uruguay no terminen siendo gravadas en otro lado, pero más que nada limitado a eso, y no como lo que finalmente se planteó, que era un instrumento para aumentar la recaudación. De hecho, gran parte del aumento de ingresos esperado en esta Ley de Presupuestos venía de la aplicación de este impuesto.
La intención de hacer algunos cambios presupuestales, ¿apunta a mejorar la recaudación y así cumplir con políticas sociales que están siendo reclamadas permanentemente?
Aquí el gran error es creer que gastando más dinero se cumple mejor con políticas sociales. Y lo que vemos en esta Ley de Presupuestos es una mayor presión sobre el contribuyente, incluso afectando sus derechos individuales, su derecho a la privacidad y demás en aras de una transparencia fiscal, cuando no se tiene la misma transparencia fiscal a la hora de rendir cuentas sobre lo que se gasta. Hoy por hoy, el Estado uruguayo recauda, entre DGI y BPS, recauda en términos reales el doble que en 2024. Cuando uno lo mira en términos de efectividad de las políticas públicas y del efecto que eso ha tenido en el gasto, tenemos más deuda, más déficit que lo que había en ese momento y realmente no hay ninguna mejora sustancial ni en educación ni en seguridad. Algunas medidas, algunas mejoras estadísticas, digamos, que en términos de pobreza se mostró con el covid que en la realidad no eran tales. Uno ve que se sigue insistiendo por un camino de creer que gastando más, en vez de gastar mejor los recursos que se tienen, es la forma de cumplir mejor con la función del Estado. Realmente es un error. Lamentablemente, se sigue por este camino, y además agregando algunas cuestiones como la modificación en la regla fiscal y la posibilidad de aumentar el endeudamiento con respecto a los niveles actuales, que ciertamente ponen a Uruguay en una situación de vulnerabilidad fiscal de cara hacia el futuro. O sea, todos estos resultados, todo lo que está planteado en este Presupuesto es sumamente dependiente de que Uruguay tenga un entorno externo favorable, no solamente en estos próximos cinco años, sino de manera permanente. O sea, una cosa es tener suerte cinco años, algo que puede ocurrir, pero otra cosa muy distinta es pretender tener buena suerte toda la vida. Y creo que de alguna manera este Presupuesto lo que hace es justamente gastar todo lo que pueda ser la capacidad de endeudamiento de Uruguay hacia el futuro, dejando un muro restringido de lo que es la situación fiscal de Uruguay, comprometida hacia el futuro.
