En el programa radial La Voz de La Mañana, el economista Gabriel Oddone señaló que las medidas tomadas por el gobierno en materia de protección a la población y a la pequeña y media empresa, fueron correctas pero que comenzaron tardíamente, habló además sobre los resultados del estudio de precios realizados por CPA Ferrere
Como historiador económico, ¿cómo se puede explicar el momento actual que vive Uruguay y el mundo donde lo que más sobresale es la incertidumbre?
Estamos asistiendo a nivel global a un momento que yo calificaría como “inobservado” en la historia, desde que tenemos registro. Estamos viviendo un momento histórico en el cual la humanidad va a aprender mucho, por el tema de la gestión sanitaria y económica, y como se tienen que manejar esas “perillas” con cierto equilibrio.
Para Uruguay constituye un gran desafío porque la explosión del evento sanitario tuvo lugar al inicio de un periodo de gobierno que había llegado con un mandato y un compromiso con el electorado de introducir un conjunto de modificaciones en aspectos sustantivos del funcionamiento de la economía que por diversas razones están ralentizados en su avance como consecuencia de que hubo otras situaciones de emergencia.
Si bien el gobierno pasó la Ley de Urgente Consideración (LUC) por el Parlamento con éxito y aprobó un presupuesto restrictivo como el del año pasado, en el marco de lo que eran algunos de sus anuncios de campaña, también es cierto que la implementación de algunos aspectos que están contenidos en la LUC vienen lento avanzado, entre otras cosas, porque, imagino, las prioridades hoy de la gestión gubernamental están en otro lado.
Estamos en un momento bien interesante porque hay que hacer un conjunto de cosas pero que la pandemia está evitando que se avance rápidamente en ellas, y habrá que ver cuando este episodio sanitario pueda superarse. Esperamos que para el año que viene tengamos más capacidad de avanzar en la agenda de reforma que son necesarias.
¿Usted entiende que se deberían hacer cambios en las políticas públicas referidas a la economía por este marco histórico que se está dando?
Tiendo a pensar que en el marco del shock que la economía uruguaya recibió a partir de marzo, y si bien es cierto que no se puede desconocer la restricción fiscal que el país tiene y que heredó del periodo anterior, era muy importante contener el nivel de actividad y del empleo y eso requería medidas ambiciosas y, en todo caso, un poco arriesgadas en materia de obra pública e inversión pública.
Creo que debería ya estar arbitrando o impulsando el adelantamiento vigoroso que están previstas realizar u otras que son necesarias para poder ayudar al empleo. Eso lo han anunciado como parte de su menú que desplegaría a partir de 2022, yo creo que ya se debería de haber empezado este año, para lo cual se debería de haber trabajado en el presupuesto del año pasado.
Por otro lado, también creía el año pasado que era necesario fortalecer más rápidamente los programas u herramientas de protección social. Me refiero a personas con riesgos de ingresar bajo la línea de pobreza. Me refiero, por ejemplo, a Asignaciones Familiares, al uso más intenso de la tarjeta Uruguay Social, a la extención del Seguro de Paro. Todas cosas que fueron impulsadas por el gobierno, pero recién a partir de marzo de este año. Yo creo que en el segundo semestre del año pasado, cuando los datos de la pandemia eran más positivos, era un momento para haber actuado con más velocidad en términos de obra pública y de protección a la población en condiciones de vulnerabilidad. También en condiciones de generar un relajamiento tributario para pequeñas y medianas empresas. Hay algo que terminó haciéndose pero recién este año.
Tengo la impresión de que se terminaron haciendo en materia de protección a la población y a la pequeña y media empresa, cosas que deberían hacerse pero se hicieron tardíamente, seis y ocho meses después. Además tengo la impresión de que en materia de obra pública sigue sin recorrer el camino que debería dar, básicamente porque el gobierno apostó a la no reducción de la movilidad de la población y a que el sector privado liderara la recuperación, esa es la apuesta, y por eso la vacunación juega un papel tan importante en la estrategia gubernamental y se ha mantenido tan firme contrario a reducir la movilidad. No estoy seguro de que sea el menú más adecuado para atravesar la situación que estamos atravesando. Yo hubiera tomado más riesgos por el lado fiscal que se tomó, pero el Gobierno está tomando las decisiones que cree más adecuadas, entre otras cosas, porque entiende que es el mandato que recibió.
CPA publicó recientemente un estudio sobre la formación de precios al consumo, el cual fue encabezado por usted. ¿De qué trató este estudio?
Es un estudio encargado por el supermercado Ta-Ta que tenía como hipótesis por parte de sus autoridades era que en el proceso de formación de precios en Uruguay, habría oportunidades de mejoras regulatorias y de desestímulo a ciertas prácticas comerciales que podrían dar lugar a modificaciones de precios o a que algunos precios se formaran de manera más transparente o competitiva y que por lo tanto eso quitara presión sobre la carestía de los productos.
Lo que el trabajo hizo fue indagar en la canasta de consumo básica de los uruguayos, algunos productos que son relevantes en el peso de la canasta, y los comparó con el nivel de precios de la región. Encontramos que para algunos productos importados de higiene personal y tocador, diferencias importantes de precios en la góndola de productos en las góndolas de Uruguay respecto a Argentina, Brasil y Chile.
Algo parecido, no idéntico, encontramos para alimentos y bebidas importadas y también encontramos diferencias, no en todos los casos pero sí respecto a Argentina y Brasil.
Eso lo hicimos con el cuidado de corregir por diferencias cambiarias que se puedan producir cuando las economías están inestables. No encontramos diferencias sustanciales con productos que tienen competencia de producción nacional, por ejemplo harina, arroz, salsa de tomate, aceite de girasol y fideos, estos productos no son de los más caros de la región.
¿Qué indica esto?
Sugiere que en la cadena importadora podría haber algún tipo de prácticas o regulaciones que hicieran que la formación de precios termina siendo más cara. Lo que hicimos fue a partir de esto, identificar los factores que lo explicarían. Ensayamos varias hipótesis y encontramos dos como las primeras responsables. En primer lugar, que hay algunas prácticas comerciales que no estan prohibidas en el mundo, pero que a veces la regulación de la competencia procura desestimularlas, que podrían estar en la formación de estos precios.
¿Por ejemplo?
La existencia de distribuidores exclusivos, y alguna regulación de naturaleza sanitaria o bromatológica que sugiere algún tipo de información para ser presentada en el Ministerio de Salud Pública o en el Ministerio correspondiente que termina siendo que hay un único importador prácticamente para algunos productos. Por lo tanto, para muchos de los productos que anteriormente identifiqué que había un sólo importador y eso podría estar siendo favorecido por la regulación.
¿Qué se recomienda?
Habría que evaluar, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, no tiene alguna oportunidad de estudiar casos comparados para desestimular algunas de estas prácticas comerciales o encontrar alguna solución de naturaleza regulatoria para que estas prácticas no sean tan generalizadas, de que haya un distribuidor único. Y por otro lado, promover algún mecanismo de modificación en los requisitos de inscripción en el Ministerio de Salud Pública que hagan que no haya condiciones para restringir la competencia intra-marca. O sea, que pueda haber más de un importador de un mismo producto en Uruguay.
Nuestro trabajo no procura encontrar una explicación de por qué Uruguay es caro, sino que algunas prácticas comerciales o regulaciones, podrían tener efectos alcistas sobre los precios de algunos productos que integran la canasta básica. Nosotros no buscamos encontrar por qué Uruguay es caro, hay otros efectos como los tributarios, el costo de transporte, o incluso marginación de las cadenas de retail que podrían explicar por qué motivos estos productos son caros pero que nosotros no buscamos en nuestro trabajo.
¿Qué sucede con el caso de la inflación en este caso?
Estrictamente no es la inflación lo que miramos, sino que hicimos un ejercicio contrafactual. Este fue que si tomamos este grupo de productos en la canasta de consumo uruguayo, que forma parte del IPC, y le aplico los precios que se verifican en Chile, Argentina y Brasil, en lugar de los de Uruguay, y nos preguntamos, ¿a qué nivel de IPC llegaría? La conclusión a la que llegamos fue que, si esto fuera posible – es decir, vender los productos en Uruguay a los precios en los que se venden en estos tres países- encontraría que el IPC tendría una rebaja por una sola vez, de aproximadamente un punto porcentual. Esto no quiere decir que la inflación baje un punto para siempre, sino que habría un escalón en el nivel de precios, por una sola vez, de un punto, que después en función de cómo evolucionan los precios, podrían recomponerse. Pero es un ejercicio que simplemente lo que pretende decir es, estas disfuncionalidades de la regulación o las prácticas comerciales terminan teniendo un efecto relacionado a que el nivel de precios de Uruguay podría corregirse hasta un punto porcentual, por una sola vez, si aplicáramos los precios de la región.
El trabajo concluye con que son necesarios algunos cambios en la política pública para lograr una mayor competencia. ¿Cuáles serían esos cambios que sería adecuado realizar?
Que la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia estudie a partir de la evidencia comparada qué prácticas se usan en el marco para desestimular estas prácticas de distribuidor exclusivo. Ahí tenemos algunas lecciones. En el caso de Argentina, lo que tenemos es que por ejemplo basta con que un alimento esté registrado en un país del Mercosur para que quede validado para Argentina. Pero es un caso dificultoso porque Uruguay tendría que ver si se adhiere a una práctica de este tipo de que los controles y procesos de supervisión que ya se dan en Argentina son lo suficientemente rigurosos para que el MSP de Uruguay confíe en ellos. Son temas discutibles pero es una posible solución.
Otra posible solución es la que siguen los brasileños. El registro sanitario para este tipo de productos se exige solamente para productos que son nuevos o tienen nuevos ingredientes. Otros países, como Estados Unidos o algunos de la Unión Europea, no solicitan registros obligatorios sino que supervisan de que las condiciones establecidas en el producto establecidamente son las que se indican en la práctica. Esta es una solución que democratiza y reduce costos, pero al mismo tiempo pueden terminar siendo costosas. Otra opción sería tener un registro sanitario único del Mercosur, o que el primer importador efectivamente registre ese producto, tenga que presentar el dossier técnico pero que todos los importadores no tengan que hacerlo.
Hay un conjunto de recomendaciones o sugerencias para que el regulador y el hacedor de políticas estudie, a partir de la evidencia internacional, para ver si se pueden introducir modificaciones para que, cumpliendo con el objetivo de velar por la salud y por los derechos de propiedad del productor en origen, al mismo tiempo contemplen el hecho de que eso no se convierta en un costo excesivo para los precios afectando el bienestar de los consumidores.
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