Ni bien asumió, el nuevo gobierno nacional debió afrontar la crisis global del coronavirus. Debido a ello, el programa de gobierno quedó en un segundo plano y la prioridad política pasó a ser el combate de la pandemia y sus efectos. Este escenario imprevisto transcurre en una situación económica delicada, por lo que las autoridades adoptaron una serie de medidas para aliviar la situación. Asimismo, el Poder Ejecutivo presentó su proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) y ya trabaja con miras al “día después”.
En nuestra columna anterior, repasamos cuáles eran las políticas que se podían esperar del nuevo gobierno, considerando los números con los que recibió el traspaso de mando: un déficit fiscal cercano al 5%, un alto endeudamiento, y un crecimiento cercano a cero.
Con la crisis del Covid-19, la situación se agravó: de acuerdo a estimaciones del FMI y el Banco Mundial, la economía uruguaya caería alrededor de un 2,7% del PBI este año, ensancharía su déficit fiscal aún más y, por ende, requerirá de un mayor endeudamiento, a pesar de que el país crecería en 2021 (5,5%) y 2022 (3%). En este panorama, creemos conveniente replantearnos: ¿Cuál es entonces la propuesta del nuevo gobierno para enfrentar los retos de las finanzas públicas? ¿Qué podemos esperar en materia fiscal?
Antes bien, recordemos que, una vez constatados los primeros casos de la enfermedad en el país, el Poder Ejecutivo adoptó rápidamente una serie de medidas, que fue dosificando en el tiempo, para enfrentar los efectos económicos y sociales de la emergencia sanitaria. Podemos dividirlas en cuatro grandes ejes, según sus objetivos: (i) “alivio fiscal”, con el diferimiento del pago de tributos de pequeñas y medianas empresas y la exoneración/subsidio parcial de los aportes al Banco de Previsión Social (BPS); (ii) “redistribución del ingreso”, con la creación de un impuesto transitorio y especial que, a grosso modo, grava a los funcionarios públicos y personas físicas de mayores ingresos (desde los $ 120.000); (iii) “focalización del gasto público”, al aumentar las transferencias de dinero hacia quienes más lo necesitan: prestaciones del MIDES, flexibilización, régimen especial y extensión del seguro por desempleo y seguro de enfermedad para 55.000 empleados mayores a 65 años de edad, entre otros; (iv) “liquidez”, a través de instrumentos para evitar el “corte la cadena de pagos”, como por ejemplo la flexibilización del plazo de los créditos al consumo, de las cuotas del BHU y la ANDE y “préstamos blandos” para 67.000 unipersonales.
Estas decisiones demuestran una gran flexibilidad del Gobierno frente al anuncio inicial de “austeridad”, lo cual revela un perfil “original” de su política fiscal. Ello se ve reafirmado por los elogios internacionales que recibió nuestro país sobre la forma en que se ha venido manejando la crisis internamente.
De todas formas, estas políticas tienen un costo para las cuentas públicas, las que ya se están viendo afectadas por la crisis económica global. Una parte se financiará a través de la reasignación de recursos presupuestales. Pero el resto deberá fondearse de alguna manera. El Poder Ejecutivo tiene varias herramientas a su alcance. Sin embargo, ya pensando en “el día después”, entendemos que el camino no es un aumento de la presión tributaria. Dado que estamos ante un incremento transitorio del gasto público, lo correcto no sería aumentar los impuestos, sino que estas erogaciones se deben atender principalmente con un mayor endeudamiento, dado el carácter extraordinario y especial de esta situación. Esta es la posición que anunció la Ministra de Economía y Finanzas, quien informó que, en su mayoría, el aumento del déficit se pagará con préstamos de los organismos multilaterales de crédito. Y esta sería la forma de retornar al objetivo marcado inicialmente: recomponer las cuentas públicas sin más tributos. Es decir, a través de una disminución estructural del gasto público.
Quizás ante esta nueva realidad económica debamos ser más pacientes y pensar más a mediano plazo, ya que el Gobierno debe “atravesar la tormenta”.
Este parece ser el objetivo de las autoridades, quienes tanto en sus anuncios como en el proyecto de LUC enviado al Parlamento se desprende la misma finalidad: el equilibrio de las finanzas del Estado. Quizás ante esta nueva realidad económica debamos ser más pacientes y pensar más a mediano plazo, ya que el Gobierno debe “atravesar la tormenta”. Pero todo indicaría que la voluntad política de las autoridades es actuar en la línea trazada antes de asumir, una vez que comience la “nueva normalidad”. En este sentido, algunas medidas tomadas por el Gobierno para ordenar las cuentas públicas se mantuvieron, como el decreto N° 90/2020, por el que se topea el gasto público para gastos de funcionamiento e inversiones en un 85%, con lo cual se logra un ahorro del 15% de los fondos presupuestados.
Como comentamos con anterioridad, será importante ajustar los tiempos políticos a los instrumentos y herramientas que se vayan utilizando. Pero la LUC mantuvo firmes varios planteos programáticos, incluidos en el anteproyecto original, que oportunamente destacamos y van en esta línea: (i) la disminución del déficit fiscal, como condición para reducir el nivel de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio; (ii) la identificación de ineficiencias y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos, a través de auditorías de gestión que se llevarán a cabo durante 2020 (quizás, con la crisis sanitaria, se pospongan para 2021); (iii) el ahorro en el gasto público (sin afectar sustancialmente el Gasto Público Social); (iv) el establecimiento de una Regla Fiscal; (v) un Presupuesto basado en resultados (con mínimos “gastos discrecionales”); y (vi) la reducción de los gastos superfluos (flota vehicular del Estado, asesores, adscriptos contratados y cargos de particular confianza).
Asimismo, con esta “nueva normalidad” y su impacto en la economía debemos reafirmar e insistir en nuestra conclusión inicial: para que el “efecto rebote” sea lo más marcado posible, no deberíamos esperar más o nuevos tributos. Por el contrario, es factible que el Poder Ejecutivo (como lo anunció la Ministra de Economía y Finanzas este fin de semana) planifique una serie de políticas de estímulo para la inversión y la generación de empleo, dos elementos vitales para la recuperación económica. Por lo tanto, es altamente probable que el actual sistema tributario se mantenga sin grandes cambios, en lo que queda del año 2020 y el 2021, salvo en lo que respecta a herramientas de estímulo fiscal para lograr que la economía despegue una vez que pase lo peor. Entendemos que también sería viable y recomendable, estudiar la posibilidad de implementar otras formas alternativas de “alivio fiscal”, como por ejemplo mecanismos de ajustes por inflación en la imposición a la renta empresarial o deducciones incrementadas para la creación genuina de nuevos puestos de trabajo, dado el escenario económico previsto de alta inflación y desempleo.
Finalmente, es importante destacar que el Gobierno puede salir muy fortalecido políticamente de la crisis si mantiene los niveles actuales de aprobación, de acuerdo a los sondeos que se han conocido públicamente en este último tiempo. En este sentido, es indispensable que la coalición de gobierno deberá utilizar este capital político para llevar a cabo las reformas de fondo que las cuentas públicas requieren ya que, como hemos sostenido, sin enderezar el barco no se puede llegar a buen puerto.
