Nicolás Cichevski es economista por la Universidad de la República, candidato a máster en Economía por la Universidad de Montevideo y posgrado en Business Analytics por la Universidad ORT. A su vez, ha realizado cursos de especialización en métodos cuantitativos (Cinve) y defensa de la competencia (Barcelona School of Economics). Además, fue gerente del Área de Consultoría Económica en Grant Thornton Uruguay y Paraguay entre 2018 y 2021. Anteriormente, se desempeñó durante más de siete años como analista senior en Willis Towers Watson, enfocándose en las áreas de consultoría e investigación.
En plena transición de gobierno, ¿qué análisis general hace de la situación actual de la economía?
En términos generales, al margen de estas disputas en medio de la transición, en 2024 la situación fiscal se deterioró. Inicialmente, si vamos un año atrás, era bastante claro que el 2024 iba a ser desafiante en materia fiscal, en parte por el impacto de la recuperación salarial en las cuentas públicas, vía pasividades, porque también había gastos comprometidos en la reducción de cuentas anteriores, porque se iba a materializar el efecto de la reducción, o se iba a terminar de materializar el efecto de la reducción de algunos impuestos, y al mismo tiempo la reducción de la inflación siempre tiene efectos fiscales. Entonces, esos factores ya pautaron hace un año que 2024 iba a ser desafiante en materia fiscal. Recordemos que, si ajustamos por factores transitorios o extraordinarios los números fiscales, la administración saliente asumió con un déficit fiscal de 4,5%, logró reducirlo en torno del 2,5% en 2022 y, sin mantener esos umbrales, tuvimos en 2023 un leve deterioro. En 2024, como te comentaba, el desafío era justamente contener o que el deterioro no fuese de una magnitud que complejizara la situación fiscal.
El 1º de febrero, el gobierno anunció que se iban a cumplir los tres pilares de la regla fiscal, luego de eso, en junio, en una instancia de la remisión de cuentas, el gobierno transmitió que dos de los tres pilares se iban a cumplir, y que el resultado fiscal estructural que había cerrado en 2023 con un 2,8% –un deterioro respecto a 2022–, terminaría ese año en 3,4%. Eso es, más o menos, un punto porcentual más del nivel necesario para que la deuda, en el largo plazo, se mantenga estable. A mediados de diciembre, lo que conocimos fue que el tercer pilar, que es el endeudamiento neto, también se iba a incumplir. No tenemos claro en qué magnitud, aunque, presumiblemente, por los datos de cierre de noviembre, vamos a terminar el 2024 con un resultado fiscal estructural, es decir, ajustado con factores transitorios y cíclicos, más cercano al 4%. Es un déficit fiscal que va a ser probablemente menor al de 2019, pero que claramente presenta o plantea un desafío adicional de cara a la próxima medida de presupuesto.
¿La pandemia y la sequía posterior obligó al gobierno a una renuncia desde el punto de vista fiscal?
Sí, cuando uno observa los datos fiscales de 2019, 2021, en cierta forma en 2023 también, es bueno separar la sequía, que tuvo efectos muy severos, pero más limitados a algunos sectores de actividad, típicamente el agro, de la pandemia, que fue algo mucho más, no solo transversal en la economía de Uruguay, sino que afectó a todo el mundo. Los datos fiscales de 2020, 2021 están influidos por ella, claramente, no solo porque la economía se vio perjudicada y se recogió menos, sino también porque hubo que desplegar el gasto público para atender a sectores y personas afectadas. Es natural que el resultado fiscal en esos años, por factores extraordinarios, haya sido el dato observado peor, y eso obviamente en parte explicó el incremento de la deuda. Cuando miramos la deuda pública con relación al PIB, vemos que es más palpable en 2019, y eso refleja esencialmente el gasto realizado por la resignación de ingresos que tuvo lugar, sobre todo en 2020 y en 2021.
Hablando del déficit fiscal, los últimos números dicen que estamos en el nivel de 2019 y que la deuda aumentó significativamente. ¿Esto se entiende por lo que explicó recién, por esa resignación y el tener que asumir compromisos para poder cumplir y asistir a los sectores perjudicados?
La deuda pública, cuando uno observa cuál es su tope actual, no es otra cosa que la acumulación de déficits fiscales del pasado. ¿Por qué crece la deuda? Porque tuvimos en años anteriores –no solo en la pandemia, me refiero a los últimos 20 años– déficits fiscales que tuvieron que ser financiados con deuda y eso es lo que generó su nivel actual. En particular, nadie discute que la deuda pública con relación al PIB hoy es superior a la de 2019, así como esta era superior a la de 2014, porque estamos en un contexto en el que en los últimos 10 años la economía creció poco, por tanto, hace 10 años que tenemos niveles de déficits fiscales que no son consistentes con una trayectoria estable de la deuda. Después, al ir al detalle de qué se hizo, en qué escenario, para que la deuda se haya incrementado, buena parte del déficit fiscal en Uruguay se explica por la situación de las pasividades, tiene un fuerte componente de ellas. Obviamente, en el caso puntual del 2020-2021 la pandemia generó un déficit fiscal y una situación económica que consolidó un nivel bastante alto de deuda. Eso es el stock de deuda. Cuando uno observa el déficit fiscal en 2024 o cuando lo vaya a mirar en 2025, ahí en realidad son factores asociados o es un déficit enteramente del año 2024. O sea, la pandemia no afecta los datos fiscales del año 2024.
¿Qué proyección futura podemos hacer, atentos a algunos anuncios que hizo el economista Gabriel Oddone, futuro ministro de Economía y Finanzas? Se habla de que es muy descabellado desconocer la posibilidad de aumentar de impuestos, por ejemplo. ¿Hay alguna manera de establecer un equilibrio para que la gente no sea la que termine pagando este déficit generado y este aumento de deuda?
Es un poco esto de si la gente lo termina pagando o no lo termina pagando. Es un poco circular el argumento y le pongo un ejemplo. Si mañana alguien plantea que bajemos el déficit fiscal para no subir impuestos y lo que hacemos es bajar las jubilaciones, parece que también es la gente, entre comillas, la que termina pagando eso. El desafío, justamente, es de dónde obtener los recursos con el punto de partida que marca que el déficit fiscal tiene que reducirse. Ni siquiera es que podamos convivir con estos niveles de déficit fiscal. En la Ley de Presupuesto, el gobierno va a tener que mostrar una reducción en el entorno de un punto porcentual de déficit fiscal hasta el año 2029. Y al mismo tiempo, va a comprometerse a realizar gastos para financiar las prioridades de su agenda política. ¿Cómo lo hará? Va a ser una combinación de un incremento en los ingresos, que podrá venir por más impuestos o por un aumento en algunos impuestos, podrá venir por más crecimiento económico que genere más recursos o redistribuyendo gastos en el entorno del Estado. Obviamente, cada una de estas alternativas tiene sus dilemas. Obtener más ingresos sin incrementar impuestos probablemente requiera crecer más. El gran desafío de Uruguay es que para financiar cualquier agenda de prioridades en materia programática tiene que crecer a una tasa superior a la que ha crecido en los últimos 10 años. Hace 10 años crecimos entre el 1% y 1,2%. Por otro lado, reaccionar en gastos también creo que es algo importante y también ha sido parte de la discusión. Es un desafío porque requiere hacer reformas en el Estado, que tiene costos políticos elevados, que tocan intereses creados y que siempre ha sido un desafío y nunca ha sido sencillo. Basta ver lo que le costó al gobierno saliente realizar más transformaciones en este sentido.
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