Para conocer los lineamientos y propuestas de la nueva administración de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN), La Mañana se entrevistó con Marcel Suárez, su nuevo titular.
¿Cómo se dio este nombramiento y cuál fue su primera impresión? ¿Ud. ya estaba interiorizado de lo que significaba este nuevo desafío?
Recibí la propuesta por parte del futuro ministro José Carlos Mahía el pasado 28 de enero. Tuve 48 horas para evaluar la propuesta en familia y aceptar el ofrecimiento, mientras que el anuncio se hizo público una semana después. La primera impresión fue contradictoria: por un lado, mucha emoción por la confianza depositada para asumir la dirección de la CPCN y, por otro, me abrumó pensar en la responsabilidad que implica este rol, porque demandará un tiempo y atención que semanas atrás pensaba dedicar a otras actividades, al retirarme luego de trabajar 37 años como docente. Pero también esta oportunidad permite un cierre de ciclo profesional más completo, porque mientras trabajé como profesor no dejé de estudiar y tuve oportunidades para desarrollar un recorrido académico que me aproximó a disciplinas relacionadas con el patrimonio cultural. También la posibilidad de asumir este cargo es importante como parte de una trayectoria vital individual y colectiva: provengo de una familia de pequeños productores rurales de El Colorado, Canelones, que tuvo en cuenta mi predilección por los libros más que por el trabajo en el campo, estuve conectado a la ciudad más cercana, Las Piedras, trasladándome diariamente en bicicleta desde que entré al liceo en 1979 hasta que, egresado como profesor, me mudé a esta misma ciudad en 1992 para vivir hasta hoy junto a mi pareja y donde nacieron nuestros hijos. Este honor no es solo un reconocimiento personal, sino que es el fruto del esfuerzo de varias generaciones –pretéritas y actuales– para formarme y trabajar en lo que me gusta con compromiso. En cuando al conocimiento del desafío del cargo a asumir tengo una aproximación previa desde hace años, especialmente desde que en 2020 fui convocado por el actual director de la CPCN, William Rey, y por la subsecretaria del MEC, Ana Ribeiro –quienes ya me conocían de distintos ámbitos académicos–, para trabajar como responsable del área de Historia del Arte de esta Comisión.
¿Qué lo motiva a aceptar esta nueva gran responsabilidad? ¿Qué es lo primero que hará?
Me motiva una muy temprana vocación por la historia, estimulada por una familia que valoró siempre la educación de las nuevas generaciones y que, al mismo tiempo, valora la memoria de los más viejos, los vestigios del pasado, las permanencias que sobreviven a los inevitables cambios de los tiempos y conviven con nosotros en el presente.
Lo primero que pienso hacer es profundizar en el conocimiento de la dinámica institucional de la CPCN, conversar con las personas que hacen posible su funcionamiento, registrar las necesidades que la apremian, especialmente respecto a los recursos humanos, porque el personal de esta unidad ejecutora ha disminuido con el paso de los años, a la inversa del número y la complejidad de los temas a atender. También hay necesidad de recursos materiales que siempre son acotados y necesitan una adecuada administración para optimizar su rendimiento, al mismo tiempo que es necesario hacer un relevamiento que permita atender urgencias y realizar una propuesta para el próximo presupuesto. Esta primera actividad quizá no sea muy visible desde afuera, pero es imprescindible para que la institución siga existiendo y pueda cumplir con las funciones que le asigna la ley.
¿Qué considera prioritario: inventariar, actualizar, preservar, relevar, comunicar, abrir a la comunidad?
Todas estas acciones son igualmente importantes. Si me piden ordenarlas y tuviera las potestades, empezaría por relevar e inventariar. ¿Qué cosas? En primer lugar, relevar los bienes patrimoniales que, de acuerdo con la denominación que establece la ley, han sido declarados formalmente como Monumentos Históricos Nacionales en todo el país. Existe un listado por cada departamento accesible al público a través de internet, pero hay que revisar que no le falten las nuevas declaratorias y tener presente en qué casos corresponde obligatoriamente intervenir a la Comisión. Por otra parte, el Estado uruguayo debe tener actualizado el inventario de sus bienes de interés patrimonial, y ese es un trabajo que nunca se completa porque cambia todo el tiempo. Pero no solo hay que tener conocimiento de los bienes culturales públicos, sino también los que existen en el ámbito privado y que han sido declarados de interés patrimonial departamental o nacional, teniendo en cuenta, además, la investigación y el relevamiento del patrimonio inmaterial. Si se desarrolla adecuadamente este proceso de investigación permanente, se puede lograr la actualización de la información respecto al conocimiento de los bienes, así como la actualización de los especialistas de diversas disciplinas vinculadas al patrimonio cultural. Una vez encaminado lo anterior se puede asumir la preservación.
¿Cuál de las áreas patrimoniales es hoy la más amenazada?
Todas las áreas están siempre sometidas a factores de riesgo y la gravedad puede variar según las circunstancias. Posiblemente el patrimonio cultural más vulnerable sea el inmaterial, especialmente el que desarrollan comunidades pequeñas o del medio rural y que no tienen difusión masiva, expuesto a los cambios generados por la irrupción de nuevas tecnologías y el desarrollo de estilos de vida influidos por la globalización. Dentro del patrimonio material, los archivos –públicos y privados– son particularmente sensibles al deterioro y desaparición, tanto los archivos tradicionales en papel como en soporte digital, porque si bien esta última modalidad favorece la conservación de los documentos originales y el acceso a su consulta, se vuelve obsoleta rápidamente desde el punto de vista tecnológico y requiere una permanente adaptación a los nuevos programas y dispositivos electrónicos que permitan su uso.
Para buena parte de la ciudadanía la amenaza más visible a diario es la que afecta a edificios patrimoniales; nos consta que son muchos, demasiados edificios, y las posibilidades de la CPCN para controlarla son limitadas, por lo que es clave el fomento de la conciencia y el compromiso que solo se puede desarrollar a través de la educación, tanto formal como hogareña. El tráfico ilegal de bienes culturales es otro capítulo particularmente importante dentro de este conjunto. La educación –nuevamente– y el flujo de información entre las instituciones involucradas son claves para mitigar los terribles daños que produce esta modalidad de delito organizado y que tiene en nuestro país uno de sus puntos de tránsito hacia mercados de mayor escala y demanda.
A nivel mundial, el activismo ha atentado contra bienes culturales, ¿qué piensa Ud. al respecto? ¿Cómo poner a salvo lo que hemos recibido como legado y queremos preservar de atentados, grafitis, incendios, robos y tráfico?
En lo personal, no acepto la destrucción de bienes culturales como forma de protesta. Podré comprenderla como parte de episodios ocurridos en situaciones excepcionales y difíciles de impedir como estallidos sociales o ataques inesperados en situaciones de conflictos internos e internacionales, pero no la justifico. Si el monumento de un personaje destacado en el pasado hoy resulta incómodo u ofensivo para algunas personas podrá ser reubicado, pero no destruido: ese bien, aunque desagrade, es un documento, testimonio de una sensibilidad y una forma de pensar del pasado, vestigio de una época en la que se consideró importante realizar el monumento. Y si tiene calidad desde el punto de vista artístico la pérdida se agrava. Por lo tanto, es necesario coordinar acciones preventivas y de restauración con las instituciones responsables de museos y espacios públicos –varios con monumentos vandalizados– atendiendo, a través del fomento de la conciencia patrimonial por todos los medios que estén a nuestro alcance, generando espacios de intercambio de ideas entre las partes involucradas para la toma de decisiones cuando entran en conflicto, la preservación patrimonial y la libertad de expresión en sobre muros y monumentos públicos, por ejemplo.
¿Qué debe hacer un ciudadano común cuando ve un acto de vandalismo? ¿O cuando se empieza a demoler una casa con valor patrimonial? ¿O cuando ve que se viene abajo un monumento o una estación o garita o escuela o club emblemático de toda su vida o comunidad?
No hay un protocolo único porque depende de cada caso que se presente, y aquí entra en discusión qué entiende cada uno por vandalismo y por patrimonio. En principio es importante que haya población sensible y atenta estos temas, pero es complejo atenderlos con la rapidez que suelen demandar, lo que no debe confundirse con indiferencia oficial. La CPCN tiene atribuciones limitadas para frenar acciones que afecten a los Monumentos Históricos Nacionales. Por el momento, sugiero comunicar cada caso que se detecta al gobierno municipal o departamental que corresponda con copia -vía correo electrónico- a la Comisión Nacional, que podrá responder si está en condiciones de intervenir, porque solo puede hacerlo si el bien está declarado formalmente como Monumento Histórico Nacional (las casillas de correo de la CPCN son [email protected] y [email protected]). Hay casos de bienes que no son Monumentos Nacionales pero que han sido declarados de interés patrimonial por los gobiernos locales con distintos grados de protección.
¿Qué debe hacer un ciudadano común que quiere legar algo valioso, o una familia que hereda un bien o legado artístico?
En primer lugar, el ciudadano debe comunicarse con la institución a la que aspira destinar su donación. De acuerdo con experiencias previas, se sugiere realizar una nota a la institución receptora, que puede ser la CPCN. La institución debe conocer y evaluar lo que se va a donar para responder formalmente que si acepta o no. De aceptarse la donación, se formaliza la entrega con el registro por parte de un escribano del MEC. Si la institución que recibe la donación es la CPCN, procede posteriormente a entregar la donación a la institución con la que lo recibido se relacione: Museos estatales, Archivo General de la Nación, Biblioteca Nacional, etc.
Como director de la CPCN tiene arquitectos, arqueólogos, restauradores que colaboran en pro de los objetivos institucionales. ¿Cómo se eligen? ¿Son honorarios? ¿son suficientes?
La CPCN está constituida por 9 miembros honorarios: 4 designados por Poder Ejecutivo, 3 por el MEC, a los que se suman un delegado del MTOP y otro de la Udelar. No cobran por integrar esta comisión. A esta comisión se agregó, hace relativamente pocos años. un director general rentado, que oficia de puente con la parte administrativa y técnica integrada por un conjunto de funcionarios distribuidos en departamentos: Arquitectura, Arqueología, Taller de restauración y Patrimonio inmaterial. También cuenta con un asesor en Historia y, en mi caso Historia del Arte (cedido hasta fin de año por la ANEP en régimen de pase en comisión). También cuenta con personal administrativo y un área contable. Los funcionarios de los departamentos son mayormente convocados por llamados a concurso y de acuerdo con su idoneidad específica dentro de cada área. Lamentablemente, esta estructura está debilitada por falta de personal: los funcionarios que se jubilan no son sustituidos y se apela a pases en comisión de otras dependencias y a algunos becarios que solo son contratados por un año. Hay poco personal y muchos cambios en el plantel, lo que dificulta atender y realizar seguimientos de casos de todo el país en forma adecuada. Los técnicos deben recorrer distintos sitios del territorio nacional, necesitan equipos adecuados a la labor de cada departamento, y todo eso implica un costo.
Hay un Día del Patrimonio, ¿cómo hacer para que el patrimonio sea respetado, cuidado y venerado por toda la ciudadanía todos los días?
Se hace a través de la difusión y la educación permanentes: todos los días son del patrimonio (como en casa nos decían que todos los días son Día de la Madre y no solo cuando le hacíamos el regalo). La educación en Patrimonio no necesariamente debería ser una asignatura en la educación formal. En el territorio uruguayo hay más de 200 museos públicos y privados, hay parques urbanos, reservas naturales, cementerios con monumentos notables, hay ciudades y pueblos del interior en los que ya es maravillosa la experiencia de recorrer sus calles por su arquitectura y por el cuidado que sus habitantes tienen con ella. Y la mayoría de esos sitios son de acceso gratuito todo el año. Solo es cuestión de buscar información que está en el celular, planear un paseo de acuerdo a las posibilidades de traslado de cada persona o grupo para descubrir, apreciar, disfrutar, valorar y cuidar “el rico patrimonio de los orientales”. Pero después lloramos «sobre la leche derramada», cuando se ve la demolición de edificios relevantes carentes de protección, la vandalización de sitios patrimoniales, el descarte de documentos tirados a la basura o la salida al extranjero de archivos y obras de arte valiosas para la cultura nacional. Si tuviéramos una mayor conciencia patrimonial en todos los sectores de la sociedad se evitarían muchas pérdidas lamentables.
¿Cómo se llega a calificar un bien material o no como patrimonial? ¿Cómo se comprueba su autenticidad? ¿Hay grados de protección diferentes?
El valor patrimonial de un bien cultural puede ser atribuido por instituciones del Estado, pero también, y yo diría fundamentalmente, por las comunidades que conviven y sostienen esa valoración y cuidan a esos bienes. La calificación formal de ese valor se puede asignar desde los gobiernos departamentales, según la normativa que tengan sobre el tema que, en algunos casos, aplica distintos niveles de protección, y a nivel Nacional la CPCN tiene la potestad de denominar a los bienes que considera valiosos para todo el país y de acuerdo con la ley vigente (14.040) como Monumento Histórico Nacional sin distinguir grados de protección. La iniciativa para que la CPCN declare a un bien patrimonial como Monumento puede partir de cualquier ciudadano o colectivo, además de instituciones estatales. Se somete el caso a análisis para fundamentar su aprobación y la Comisión resuelve para que confirme el ministro, se notifique a los promotores de la iniciativa y se informa por los medios de comunicación oficiales. Según la ley, la condición que debe cumplir un bien para ser declarado Monumento Histórico Nacional es estar vinculado «a acontecimientos relevantes, a la evolución histórica nacional, a personajes notables de la vida del país o a lo que sea representativo de la cultura de una época nacional.» (art. 5). Esta condición debe ser fundamentada con documentación histórica y referencias bibliográficas que confirmen la autenticidad y relevancia del bien cultural. Un buen respaldo institucional puede ser la declaratoria previa de interés patrimonial asignado por las autoridades departamentales.
La propuesta para la declaratoria de Monumento Histórico se puede iniciar haciendo llegar la documentación a la sede de la CPCN en Montevideo o mediante un trámite en línea en la siguiente dirección: https://www.gub.uy/tramites/declaracion-monumento-historico-nacional
Esta Comisión tiene alcance nacional ¿Cómo se sabe que hay un viejo molino, en tal lugar, que es muy representativo para los lugareños? ¿Alcanza con eso? ¿Cómo se procede? ¿Y si los ahora dueños del ex molino se oponen y quieren construir un barrio privado?
La forma de que la CPCN sepa formalmente los casos que merecen ser consideraros es haciéndole llegar la información. Para que las iniciativas abarquen el territorio nacional es clave que las propuestas provengan de ciudadanos, colectivos y autoridades locales. Pero teniendo en cuenta que la declaratoria depende de la consideración de si la relevancia del bien es de alcance nacional como plantea la ley, puede ocurrir que no se apruebe si solo es valiosa para la comunidad local. En ese caso se puede gestionar para que se le otorgue una declaración como patrimonio cultural a nivel departamental.
Tanto si el bien tiene una declaratoria departamental o nacional, el propietario, que puede ser el propio Estado, estará sujeto a obligaciones que no permiten su destrucción o alteración sin consulta técnica previa. Pero si el bien que corre peligro no cuenta con protección oficial, no hay otra forma de salvarlo que sensibilizar y convencer al propietario de que no lo haga. Hay casos tristemente célebres de destrucciones que no se pudieron evitar a pesar de las campañas que no pudieron contra intereses especulativos, pero otros que dieron lugar a negociaciones que mantuvieron parcialmente algunas estructuras edilicias.
Por otra parte, es importante advertir que no todo lo antiguo es “patrimonializable”, no se puede conservar todo de manera inalterable y no se puede prohibir la aparición de cosas nuevas. A veces son necesarios los cambios para la mejora de la calidad de vida de los usuarios de determinados espacios, por lo que lo deseable es estudiar el impacto de las nuevas intervenciones y buscar un equilibrio entre lo nuevo que se incorpora y lo antiguo que se conserva.
¿Dónde se archivan o exponen las colecciones particulares?
Si te refieres a colecciones particulares adquiridas por el Estado, se las destina a la institución pública que esté más relacionada con su contenido y que esté en condiciones de conservarlas: puede ser el Archivo General de la Nación o la Biblioteca Nacional si son documentos, o museos nacionales y departamentales.
¿Cómo es el trámite para que algo que es patrimonio nacional pase a ser patrimonio a nivel internacional, ej., Patrimonio de la Humanidad?
El reconocimiento de un bien como Patrimonio Cultural de la Humanidad lo otorga la UNESCO. Es un galardón que prestigia al país, y un compromiso que se asume a nivel mundial bajo permanente observación del organismo internacional que realiza el nombramiento. El procedimiento para obtener esta distinción es riguroso, largo y complejo porque se deben cumplir muchos requisitos. En primer lugar, el bien debe tener un carácter excepcional debidamente fundamentado. Debe ser presentado por instituciones de los Estados miembros de la ONU firmantes de la Convención del Patrimonio Mundial de 1972 y pasar por un estricto proceso de evaluación previa a cargo de varias instituciones internacionales ante las que se debe presentar la propuesta y argumentar con la mayor elocuencia e información técnica posible –en competencia con las de distintos países– así con el compromiso de cumplir con un plan de gestión patrimonial que estará supervisado por la Unesco y que, de no ser cumplido puede ser sancionado con el retiro de la Lista del Patrimonio Mundial, lo que afecta severamente al sitio involucrado y al prestigio del país. A pesar de las exigencias del procedimiento y de la gestión, Uruguay ha logrado el reconocimiento de tres sitios que actualmente integran la lista del Patrimonio Mundial: el barrio histórico de Colonia del Sacramento, el Paisaje industrial del Frigorífico Anglo en Fray Bentos y la Iglesia de Cristo Obrero diseñada y erigida por Eladio Dieste en Estación Atlántida.
Lo que se considera Patrimonio Inmaterial y últimamente el Patrimonio Natural, parecen más abarcadores y complejos. ¿Qué desafíos representan para Ud?
A pesar de que expresamente la ley vigente no explicita un reconocimiento del patrimonio inmaterial, la redacción de las condiciones para la declaratoria como monumento admite una interpretación más amplia y si dice que un monumento se declara por ser «representativo de la cultura de una época nacional», hace posible que esa cualidad se atribuya a patrimonios inmateriales declarados como el oficio de la guasquería, el pericón y el ciclo productivo de la lana. El camino del reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial en el Uruguay ya fue abierto hace años. Ojalá se pueda fortalecer con una mención explícita en una futura nueva ley, que desde hace años se está tratado de actualizar por cambios en el marco teórico y en las situaciones que la actual norma no contempla.
Con respecto al patrimonio natural, a pesar de que la ley no lo explicita, décadas atrás fueron declarados como Monumentos Históricos a algunos sitios que tienen valor predominantemente paisajístico, como las zonas de los cerros del Miriñaque y la Bajada de Pena en el departamento de Rivera. Desde que se creó, a comienzos de este siglo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se ha podido avanzar en el cuidado de importantes reservorios biodiversidad y de valor geográfico de inestimable valor patrimonial, pero en estos casos quien lo ha desarrollado ha sido el Ministerio de Ambiente. No obstante, también las áreas protegidas incluyen paisajes culturales que no habían llegado a ser protegidos por la CPCN, como es el caso del sitio rupestre de Chamangá (Flores). En lugares como este, ha sido posible una coordinación interinstitucional que ha sido beneficiosa para extender la protección patrimonial en lugares donde no había sido posible antes.
El Estado adquiere bienes considerados valiosos a nivel patrimonial (obras, colecciones, archivos, etc.). ¿Cuál es el proceso de selección? ¿Hay un límite presupuestal a tales efectos?
El Estado adquiere bienes por dos vías: la donación y la compra. La conveniencia de la adquisición es evaluada por las instituciones que correspondan como es el caso de la CPCN si son bienes culturales, así como por museos y otras instituciones culturales públicas que pueden recibir o comprar directamente. Obviamente, hay límites presupuestales y se deben fundamentar los gastos y rendir cuentas ante los organismos de control correspondientes. En cuanto a la selección de lo que se adquiera, no hay un criterio explicitado, sino que depende de la opinión, en nuestro caso, de los miembros de la Comisión. Cuando se ofrecen donaciones, no se aceptan todas sino que se evalúan y la Comisión puede declinar el ofrecimiento.
Por último, ¿qué quisiera dejar Ud. como resultado de su gestión? ¿Cuál sería su impronta?
Si de expresión de deseos personales se trata, me encantaría lograr la recuperación para el uso público de la Estación Central de Ferrocarril, así como otros edificios que son propiedad del Estado y que contienen acervos artísticos notables que actualmente no pueden recibir visitantes por distintas causas. El acceso a estos espacios sería de enorme interés cultural y turístico para uruguayos y extranjeros (porque el patrimonio cultural bien conservado y expuesto tiene un impacto económico a través del desarrollo del turismo que no se debe olvidar). Pero soy consciente de que esto que planteo no se resuelve de un plumazo, demanda un proceso que tiene sus complejidades y no depende exclusivamente de la CPCN ni del MEC.
Sin dejar de soñar, pero siendo más modesto, podré considerar cumplida mi función si logro marcar una impronta por el compromiso diario manifestado a través de la presencia de la CPCN en todo el territorio nacional, la capacidad de escucha, de negociación, de debate constructivo y como agente generador de conocimiento accesible para todos los uruguayos en coordinación con las demás instituciones culturales públicas del país. Si sostenemos esa actitud, sin duda habrá -aunque siempre quedarán temas pendientes- logros en la conservación y gestión del patrimonio cultural del Uruguay.
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