El presidente de la Federación Rural dijo que la posición europea es de “avasallar el desarrollo de los otros países y condicionarlo a que sea en la forma como ellos tendrían que haber hecho y no lo hicieron”.
Al participar de la Primera Conferencia Mundial de la FAO sobre la Transformación Sostenible de la Ganadería, evento celebrado en Roma, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos, dijo que el Pacto Verde de la Unión Europea constituyen “políticas proteccionistas que perjudican a los países productores de alimentos”, y que estamos ante un “neoproteccionismo ambiental”.
Los problemas ambientales “no se pueden atribuir a la ganadería, sino al comportamiento humano en general. Esto se vio claramente durante la última pandemia, donde la salud del planeta rápidamente mejoró por la reducción de la actividad humana debido al confinamiento global, haciéndose visible incluso desde el espacio; durante este tiempo los animales siguieron rumiando. Hoy tenemos claro que la ganadería no es el problema, pero puede ser parte de la solución”, expresó.
A nivel del Mercosur, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), ha manifestado en varios comunicados su preocupación por el tema, no de ahora, desde hace tiempo. Hace un año, reunida en la Expo Prado, expresó en una declaración: “Como productores rurales, manifestamos nuestra preocupación sobre el uso potencial de la sostenibilidad como pretexto para justificar nuevos aranceles o medidas no arancelarias aplicadas al comercio”.
Posteriormente fue emitiendo comunicados y declaraciones del mismo tenor. La última, fechada el 29 de setiembre expresa que “los productores promovemos la producción sostenible y amigable con el medio ambiente” y reiteró la “preocupación por la postura de la Unión Europea, por la imposición unilateral de restricciones sin respetar las legislaciones propias de cada país”.
Sobre ese tema La Mañana consultó a Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Federación Rural y vicepresidente de la FARM, quien ratificó que el tema planteado por el ministro Mattos y que la FARM trata desde que se conoció la exigencia europea es de preocupación para el sector agropecuario de Uruguay y regional.
Explicó que esa “preocupación es por el agregado que se hizo a la normativa de la comercialización de la Unión Europea, votado por el Parlamento europeo y que está vigente, planteando que en diciembre de 2024 los países tendremos que demostrar que cumplimos con los requisitos que se plantean y que consiste en que nuestros productos no son originados en sistemas de deforestación, aunque esta se hiciera de forma legal”.
Observó que luego del primer paso dado por la Unión Europea, también han aparecido “otros países que están tratando de poner algunas normativas comerciales parecidas”, aunque “con la salvedad de respetar los compromisos de cada país de desarrollo en sus diferentes zonas”.
Se debe “reconocer la legislación propia de cada país”
En Uruguay “estamos en una posición privilegiada porque tenemos varias ventajas. Somos de los primeros países que estamos trabajando en ese tema y ya tenemos un reconocimiento por parte de Europa”, sin embargo “cada vez nos imponen más requisitos a la hora de comprarnos, pero cada vez nos compran menos. El porcentaje de negocios de la Comunidad Europea con el Mercosur es muy bajo. Eso no quiere decir que para nosotros no sea importante, lo es porque accedemos a nichos de mercado de alto precio”, agregó.
La posición que asumió la FARM, institución que por Uruguay integran la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural, es que se debe “reconocer la legislación propia de cada país”, porque “cada país tiene sus leyes”. Además “los productores somos conscientes que debemos ser sostenibles, entendiendo eso como una integralidad en lo ambiental, social y económico”.
Rodríguez también cuestionó que desde la Unión Europea se apliquen disposiciones por parte de países que “después de terminar con toda la riqueza ambiental que tenían impusieron normativas y condiciones para que otros no puedan desarrollar sus economías. Todos debemos que cuidar de nuestra sociedad, y como productores tenemos que tener claro que todos los países desarrollamos distintos grados de trabajo a nivel de sostenibilidad de medio ambiente y produciendo de forma inocua”.
Por otra parte, nuestra producción se realiza “con unas certezas que no todos los países poseen” a las cuales “los europeos recién están llegando”, y “nosotros que producimos alimentos para mucho más que nuestra población, brindamos seguridad alimentaria a una población muchísimo mayor a la que tenemos” en nuestro territorio, y “mientras el objetivo de muchos países es llegar a ser autosuficientes, nosotros somos la agropecuaria del mundo, y de ahí que nos preocupe la trazabilidad, la inocuidad y certificar en la forma en que lo hacemos, pero reconociendo nuestras legislaciones”.
“Abuso europeo”
El presidente de la FR enfatizó en el alcance legal de las nuevas exigencias europeas y en el respeto por las disposiciones legales de cada país. No debería suceder, pero es posible que suceda, que si “en Uruguay alguien tala un árbol ilegalmente y los europeos se enteran y se les ocurre que eso es motivo suficiente para rechazar una producción te dicen ‘no compramos este producto porque hubo una tala ilegal que está afectando la zona donde se produce’. Diferente es lo que hacen otros países que han encarado una legislación parecida respetando las normas legales de cada país”.
Estamos ante “un abuso europeo” que consiste en “avasallar el desarrollo de los otros países y condicionarlo a que sea en la forma como ellos tendrían que haber hecho y no lo hicieron”, enfatizó.
Lo que sucede, y los dirigentes, parlamentarios o referentes europeos dicen, es que la población los está presionando para que se tomen ese tipo de medidas. O sea que “la sociedad les reclama por lo que ellos mismos no hicieron y nos exigen a nosotros”, precisó.
Consultado sobre la responsabilidad ambiental en América, Rodríguez dijo que “en Uruguay y en la región, el productor y las gremiales han asumido la conciencia agropecuaria”, lo que pasa es que hay países con áreas productivas que cada Gobierno tiene derecho a desarrollar, hacer un plan y una normativa que luego se debe hacer cumplir, “pero no puede ser que esas tierras productivas no se aprovechen, porque si esas tierras quedan como reservas alguien tendrá que pagar porque cada país debe dar a sus ciudadanos desarrollo y condiciones de vida”.
El problema es que si “no se reconoce la legislación vigente de cada país”, cada vez que se haga algo para desarrollar determinada zona “le van a poner peros a cada importación”, añadió, y “esa no es la manera”.
Sobre cómo enfrentar este tipo de acciones, Rodríguez puso especial énfasis “en la relación público privada, porque también en este tipo de cosas debemos tener una buena articulación a nivel nacional para que podamos hacer bien las cosas y lograr buenos resultados”.
Premios y no castigos
La agenda ambiental de Europa ya está vigente, los países tenemos plazo hasta diciembre de 2024 para legitimar ante ellos la forma en que vamos a medir cómo cumplir la normativa. Uruguay está en condiciones de cumplir, “lo que se cuestiona es la forma en que se imponen esas normas”, indicó Rodríguez.
Por ejemplo, Uruguay exporta colza a Europa en determinadas condiciones y normativas, pero eso lo podemos hacer nosotros, no otros países porque no le reconocen el sistema de trazabilidad que permita saber que el grano es inocuo. Y Uruguay tiene características que lo favorecen mucho.
“Lo que Uruguay debe buscar es que Europa, en vez de penalizar, apliquen premios por cumplimientos de la normativa. Aquel que cumple con la normativa que tenga un premio, que se estimule a actuar y no se castigue por no hacerlo”, finalizó.
Contaminación de baterías
El Ing. Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la Federación Rural, dijo que en varios países se observa con atención lo que está pasando en la contaminación que generan las baterías.
“No es un tema rural ni tiene que ver con la agropecuaria, tampoco es un problema que tenemos en Uruguay”, aclaró, pero se vincula con lo ambiental y hay varios países de la región que lo sufren. “Entonces los europeos vienen y dicen que en 2030 van a tener todos autos eléctricos, pero los metales para las baterías los obtienen en minería a cielo abierto”.
Por lo que la conciencia ambiental parece ir en algunas direcciones y no en otras.
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