La usurpación de viviendas, bajo amenaza o violencia física, se volvió cada vez más común en los últimos años. Esta modalidad delictiva detectada desde 2017 en varios barrios de Montevideo y Canelones es utilizada principalmente por bandas dedicadas a la venta de estupefacientes.
Tras una investigación de dos meses basada en denuncias recibidas de amenazas, usurpación de viviendas, apropiación indebida y violencia privada en un complejo de viviendas de Paso Carrasco, la Seccional 26 de Canelones informó la semana pasada que dos mujeres fueron condenadas por la Justicia como autoras de un delito de violencia privada especialmente agravada, a la pena de seis meses de prisión, la que cumplirán en régimen de libertad a prueba.
Las víctimas denunciaron y grabaron con sus celulares reiteradas agresiones violentas a las que fueron sometidas. Las dos mujeres las amenazaban y torturaban para que abandonen sus casas, indicó el Ministerio del Interior (MI).
Esta práctica delictiva se hizo conocida luego de varios operativos realizados en un complejo de viviendas de Unidad Misiones y otras viviendas de los Palomares de Casavalle, en los que se detectó que el clan familiar Sosa, denominado “Los Chingas”, desalojó de sus hogares a más de un centenar de familias entre 2017 y 2019.
Mediante amenazas, los integrantes del grupo delictivo obligaron a vecinos a abandonar sus casas, para luego usarlas como bocas de venta de droga y base de operaciones. Entre la decena de procesados se encontraba una mujer que había quedado como cabeza de la organización al caer en prisión la mayoría de los líderes.
Vecinos de barrios del oeste de Montevideo también fueron víctimas de usurpaciones violentas por parte de bandas dedicadas a la venta de drogas. La banda liderada por “Ricardito” Cáceres y sus hermanos fue la responsable de usurpar varias viviendas en distintas zonas del Cerro entre 2019 y 2020. La pareja de Cáceres fue a prisión a fines del año pasado por delitos de violencia privada y amenazas con armas de fuego a los habitantes de una vivienda de Cerro Norte que usurpó junto a dos hombres, para instalar una boca de venta de droga.
Asimismo, en octubre de 2018, tras una intensa investigación, se constató el desalojo violento de viviendas del Complejo Quevedo en el barrio Jardines del Hipódromo, donde los “Figueroa” crearon un “fortín” desde el cual desarrollaban actividades relacionadas con la venta de drogas y el tráfico de armas de fuego. Hechos similares sucedieron en el complejo de viviendas del BPS “Talca 1”, en Las Piedras, destinado para los jubilados.
Entre 2018 y 2019, se recuperaron 22 viviendas que habían sido ocupadas por grupos de delincuentes. De acuerdo a la información policial, el proceso de ocupación fue protagonizado por personas de la zona que coparon el complejo, desplazando a los beneficiarios legítimos e incluso expulsando a la empresa de seguridad encargada de cuidar el complejo. Algunas viviendas se revendían y otras se usaban para la venta de drogas.
La estructura de vigilancia y poder creada por los delincuentes
En la mayoría de los casos mencionados, más allá de las descuidadas condiciones en las que se encontraron las viviendas usurpadas, los recintos intervenidos contaban con distintos sistemas de vigilancia destinados a la custodia del lugar.
En el caso del Complejo Quevedo, la investigación de la Fiscalía Especializada en Estupefacientes y Delitos Afines, representada por Mónica Ferrero, advirtió sobre las características principales del modus operandi de esta organización delictiva. En uno de los apartamentos usurpados instalaron una boca de venta de drogas y en otro un almacén que oficiaba de fachada. En tanto, los residentes del complejo recibían amenazas de forma sistemática para evitar que realizaran denuncias.
Además, el grupo financió y construyó un muro perimetral en torno al complejo, con un doble cerco de concertina con alambre de púas, sin la autorización de la propietaria del mismo (la Intendencia de Montevideo). Además, en los accesos al complejo instaló un sistema de guardias armados durante las 24 horas del día, que supervisaba la entrada y salida de las personas al complejo de viviendas.
También instalaron un sistema de videovigilancia en circuito cerrado con 36 cámaras que controlaba los accesos, espacios comunes y las áreas periféricas del complejo; sistema que era monitoreado desde un celular que utilizaba la familia líder del grupo. El cerco se completaba con un portón a control remoto que franqueaba el acceso a los habitantes del complejo con la obligación de comprar los controles del mismo cuyas claves se cambiaban periódicamente. A su vez, se apoderaron de las llaves de los espacios comunes y los ductos del edificio.
Casos complejos que derivaron en pedidos de información y renuncias
Tras la ola de usurpaciones violentas entre 2018 y 2019, en octubre del año pasado se registró una nueva seguidilla de desalojos de viviendas a punta de pistola. Se denunciaron nuevos casos de presuntas usurpaciones en barrios capitalinos como 40 semanas, Flor de Maroñas y en un complejo de viviendas del Plan Juntos ubicado en Av. Luis Batlle Berres y Cno. De Las Tropas, que derivaron en un intercambio de información entre quien se desempeñaba como jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruíz, y el exdirector de Convivencia del MI, Gustavo Leal.
En el barrio Lavalleja Sur, en la zona popularmente conocida como 40 Semanas, un expolicía denunció que fue desplazado de la casa donde vivía junto con su esposa e hija, debido a que, tras discutir con una vecina, esta llamó a dos referentes de un grupo criminal que operaba en el barrio, que acribillaron la fachada de la casa que posteriormente saquearon y usurparon. Pero tanto este caso como otros similares acontecidos en el barrio Flor de Maroñas fueron desestimados por los investigadores policiales y por el propio Ruíz, ya que entendían que eran “problemas entre vecinos” y no había delitos.
Esta situación desalentó a vecinos de Flor de Maroñas que sufrieron la usurpación de sus viviendas entre abril y octubre del año pasado por parte delincuentes conocidos en la zona. Personas del barrio que prefirieron mantener el anonimato dijeron a La Mañana que se sienten “desprotegidas” ante estas situaciones, ya que conocen casos de vecinos que denunciaron haber sido desalojados a punta de pistola, pero no recibieron respuesta de la Policía ni la protección de la Justicia.
Explicaron que muchos desisten de denunciar los hechos por miedo a que se filtre información a estas bandas, que no dudan en efectuar represalias a los denunciantes, amenazándolos de muerte o baleando el frente de sus viviendas. La Mañana consultó a las fiscalías encargadas de investigar estos delitos (y también a la Unidad de Víctimas y Testigos, prevista en el nuevo CPP) para poder entender cabalmente cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan en este tipo de investigaciones, pero todavía no hemos obtenido respuestas.
En un caso paradigmático en el año 2020, dos delincuentes llegaron a la casa de una familia en un complejo de viviendas de Flor de Maroñas y a punta de pistola les dijeron que debían irse al otro día y se fueron disparando al suelo, amenazando con que el próximo disparo sería contra ellos si no se iban. La familia se fue de inmediato hacia lo de unos familiares, sin denunciar. En este hecho intercedió Leal que, tras ser contactado por el padre de familia, lo convenció para que efectúe la denuncia.
El encuentro con Leal en Jefatura, que fue determinante para la destitución de Ruíz, tenía que ver con información relevante que tenía Leal sobre usurpaciones violentas que habían sucedido en viviendas del Plan Juntos ubicadas en el cruce de la Av. Luis Batlle Berres y Cno. De Las Tropas, que terminó con la detención y formalización de un incipiente pero peligroso grupo de jóvenes delincuentes que operaba en 19 de abril, un barrio que está frente a las viviendas usurpadas.
Días antes de que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, le pidiera la renuncia a Ruíz, había solicitado al fiscal de Corte, Jorge Díaz, que investigue un conjunto de desalojos a vecinos por parte de organizaciones criminales ocurridos en varios barrios de Montevideo. “La Policía tiene la más plena y absoluta disposición a colaborar en todo lo que sea pertinente para la defensa de la gente y fundamentalmente para la defensa de la gente más humilde de la sociedad uruguaya”, expresó en ese momento Larrañaga, fallecido el pasado 22 de mayo.
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