Mientras el gobierno anuncia 5500 nuevos cupos para Uruguay Impulsa, las empresas tecnológicas no logran cubrir 12.000 puestos. Dos realidades paralelas que exponen la gran deuda del país: formar para el empleo del siglo XXI, no solo subsidiar el del pasado.
El gobierno uruguayo lanzó una nueva edición del programa Uruguay Impulsa, que busca insertar laboralmente a 5500 personas en situación de vulnerabilidad. Si bien la iniciativa es bien recibida, su existencia reiterada plantea una pregunta incómoda: ¿por qué Uruguay, un país con estabilidad macroeconómica, sigue dependiendo de este tipo de medidas para combatir el desempleo?
Según datos del INE, la tasa de desocupación ronda el 8,5% (segundo trimestre de 2025), pero el problema es más profundo: 1 de cada 3 trabajadores uruguayos tiene empleos informales, y los jóvenes menores de 25 años enfrentan una desocupación del 18%.
Es por ese motivo que la oficina del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el barrio Peñarol de Montevideo amaneció el lunes pasado colmada desde las 6:30 horas. Decenas de jóvenes, algunos con niños en brazos, otros con carpetas de documentos bajo el brazo, esperaban turno para inscribirse en la última edición de Uruguay Impulsa. Entre ellos estaba Diego, de 24 años, que tras terminar su contrato de un año en un almacén mediante el mismo programa volvía a empezar desde cero. “Es como una rueda –susurra mientras revisa por tercera vez su CV–, entras, sales, y al año siguiente estás otra vez aquí” (Evaluación de Impacto de Programas de Empleo, Mides, 2024).
Esta escena, repetida en decenas de centros comunales del país, encapsula la paradoja laboral uruguaya: un país que gasta el 0,8% de su PIB en programas de empleo (según OPP), pero que no logra romper el ciclo en el que 1 de cada 3 trabajadores sigue atrapado en la informalidad y en el que sectores clave como la tecnología reportan 12.000 puestos sin cubrir (Encuesta de Demanda Laboral en TI, CUTI, julio 2025).
El espejismo de los empleos que se esfuman
El lanzamiento de Uruguay Impulsa en agosto 2025 –que promete inserción laboral para 5500 personas– sigue un guion conocido. Como sus predecesores (Jóvenes en Red, Yo Estudio y Trabajo), ofrece:
- Contratos de 12 meses en empresas asociadas
- Subsidios estatales que cubren hasta el 50% del salario
- Capacitaciones genéricas en “habilidades blandas”
Pero tras décadas de estos programas, los números revelan su talón de Aquiles:
- El 72% de beneficiarios no consigue empleo formal al terminar (Mides, 2024)
- Solo 1 de cada 5 empresas contrata permanentemente a los participantes
“Son curitas sobre una herida estructural”, explica la socióloga Valentina Ríos, mientras revisa datos en su oficina de la Universidad de la República. Sobre su escritorio, un gráfico muestra cómo la tasa de desempleo juvenil ha resistido a 15 versiones de estos programas desde 2010.
En definitiva, estos proyectos, aunque útiles, tienen debilidades estructurales como, por ejemplo, no tienen garantía de continuidad, no resuelven problemas de fondo como la falta de capacitación técnica o la desconexión entre educación y mercado laboral. Y su alcance es muy limitado, por ejemplo, en 2024, estos programas cubrieron a 15.000 personas, frente a 150.000 desocupados.
Las cadenas invisibles del mercado laboral
En el corazón del problema yacen tres rigideces que los subsidios no tocan. En primer lugar, el laberinto de los costos laborales. En una reunión de la Cámara de Industrias, el gerente de una metalúrgica muestra el cálculo que frena sus contrataciones: “Por cada $100.000 que pago en salarios, debo sumar $43.000 en cargas sociales. Y si despido después de 3 años, la indemnización llega a 11 salarios”. Esto explica por qué el 68% de las pymes prefiere contratar informalmente (Encuesta Pit-Cnt, 2025).
En segundo lugar, hay un problema de formación, en el que es evidente cómo la educación en su formato actual está disociada del mundo del trabajo. Así, en la UTU del Cerro hay listas de espera para un curso de refrigeración, mientras que el aula de operarios logísticos está vacía. “Los jóvenes siguen eligiendo carreras saturadas –señala el director Gonzalo Pérez–, mientras empresas como Logisfarma buscan 200 operarios especializados y no los encuentran”.
Entre tanto diagnóstico sombrío, surgen iniciativas que podrían señalar el camino:
La fábrica-escuela de Durazno
En este proyecto piloto de la UTU y la empresa TaTa, los estudiantes pasan 4 días semanales en planta y 1 en aulas. El resultado: 94% de inserción laboral, versus el 31% de cursos tradicionales.
-La revolución silenciosa de las cooperativas tecnológicas
Como GeneXus Labs, donde 120 exbeneficiarios de programas sociales desarrollan software para el gobierno. “Convertimos subsidios en empresas reales”, explica su fundador, Nicolás Jodal.
– El “milagro” de Nueva Helvecia
Esta localidad redujo el desempleo del 12% al 5% en 3 años mediante:
– Cursos diseñados con empresas locales
-Bonificaciones fiscales por contrataciones permanentes
– Mentoreo de emprendedores senior
Epílogo: ¿hacia un nuevo pacto laboral?
Mientras el sol se pone sobre la Rambla de Montevideo, el economista Gabriel Oddone saca cuentas en su cuaderno: “Si sumamos todos los gastos en programas de empleo de la última década, darían para financiar 3 veces la reforma educativa que necesitamos”.
Su observación apunta al dilema central: Uruguay gasta $350 millones anuales en paliativos laborales (equivalentes al 40% del presupuesto de ANEP), pero sigue postergando las reformas estructurales que podrían hacerlos innecesarios.
Al final de cuentas, programas como Uruguay Impulsa son un paliativo necesario, pero Uruguay requiere un debate sincero sobre su modelo económico. Mientras el país no enfrente la rigidez laboral, la educación obsoleta y la falta de diversificación productiva, seguirá lidiando con el mismo problema: generar empleos que duren más que un subsidio.
Diego, nuestro protagonista inicial, resume el sentir de muchos mientras guarda su nuevo certificado de Uruguay Impulsa: “Ojalá algún día estos programas sean solo un recuerdo de cómo no teníamos que hacer las cosas”.
Cifras clave
8,5% desempleo general | 18% juvenil (INE 2025)
$860 millones gastados en programas de empleo (2015-2025)
12.000 puestos de tecnología sin cubrir
