Raúl Viñas es militar, magíster en Meteorología Profesional y docente de la UDE. Integra el Movus desde su fundación en 2009. En entrevista con La Mañana, el especialista criticó la frecuencia y gravedad de los derrames en UPM 2, subrayando la falta de controles por parte de la empresa y el Ministerio de Ambiente. A su vez, cuestionó las multas insuficientes y destacó la necesidad de un control más estricto y cambios legislativos para garantizar la responsabilidad empresarial.
¿Qué evaluación hace sobre la frecuencia con la que ocurren los derrames en las instalaciones de UPM? ¿Esto refleja falta de control por parte de la empresa?
En poco más de un año de operación, la planta de UPM 2 ha tenido una serie de problemas que derivaron en desastres ambientales y reiteradas violaciones a la normativa ambiental.
El primer derrame, de agosto del año pasado, a menos de dos meses de iniciada la operación, implicó el vertido al ambiente de 1000 toneladas de soda cáustica (hidróxido de sodio), extinguiendo toda forma de vida en el arroyo Sauce, algo que no tiene precedentes en nuestro país. A este derrame siguieron otros en noviembre del año pasado y luego en junio y julio de este año.
Para nosotros, desde el Movus, esa sucesión de derrames, sumada a las reiteradas ocasiones de vertidos superiores a los autorizados registrados en los reportes de operación, indican claramente que la seguridad industrial y el cuidado ambiental en la operación de esta planta son altamente deficientes.
UPM 2 es la planta de celulosa más grande del mundo, por lo que es en cierta forma una planta experimental que usa masivamente multiplicidad de productos químicos altamente peligrosos en volúmenes sin precedentes en nuestro país y en la región. Así, el transporte, almacenamiento y utilización de ácido sulfúrico, soda cáustica, dióxido de cloro, peróxido de oxígeno y muchas más sustancias, presentan problemas logísticos y operativos importantes con un nivel de complejidad que la empresa no ha sido capaz de manejar.
¿Cuál es la opinión del Movus acerca de la respuesta del Ministerio de Ambiente ante estos incidentes?
Hemos sido específicamente críticos, primero con la labor del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y después con la del Ministerio de Ambiente. Entendemos que el proceso que llevó a la autorización de la planta de UPM 2 estuvo plagado de irregularidades y problemas, algunos de los cuales evidentemente afectan la seguridad de la planta y la capacidad nacional de controlarla en su operación. Por ejemplo, durante la construcción de UPM 2, una intervención directa del entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña, con el fin explícito de facilitar la construcción de la planta a UPM, ordenó a los técnicos de la Dinacea separar el estudio a la planta de tratamiento de efluentes del correspondiente al emisor de efluentes, cuando en realidad son dos partes del mismo sistema.
Ese sistema terminó siendo autorizado aun cuando en ninguna de las simulaciones que se hicieron se llegó a cumplir con las condiciones establecidas. Se autorizó con una nota de los técnicos responsables en la cual decía que se aprobaba porque se confiaba en que la empresa reduciría la producción en caso de que los contaminantes superaran los valores establecidos, algo que no tiene precedentes en nuestro país y seguramente en ninguna otra parte del mundo.
Somos también muy críticos de cómo el ministerio de alguna manera ha colaborado en el ocultamiento de los derrames: el primer derrame, del que hablamos antes, se conoció 40 días más tarde. El segundo derrame lo conocimos de inmediato porque los propios funcionarios grabaron videos que enviaron a las redes sociales. El tercer derrame involucró efluentes, o sea, líquidos sin tratar, con todos los desperdicios en crudo de la producción de celulosa, que escaparon de la planta y terminaron otra vez contaminando el arroyo Sauce. Este derrame se conoció un mes más tarde.
Ahora supimos que se ha autorizado a UPM el vertido de 25% más de los efluentes autorizados en el estudio de impacto ambiental, alcanzando así el límite técnico de la planta de tratamiento y superándolo en numerosos casos por el volumen de vertidos. Sobre eso no hemos tenido ningún informe ni ninguna reacción por parte del Ministerio de Ambiente.
¿Qué medidas de seguridad debería implementar UPM para evitar futuros derrames?
Respecto a medidas de seguridad, no podemos esperar que la empresa las tome. Es una planta dedicada a producir dinero para sus accionistas y así es difícil que tenga en cuenta los problemas ambientales que genera, si el tenerlos en cuenta puede generar pérdidas o reducciones en las ganancias a esos accionistas.
Tengamos en cuenta que las ganancias en esta planta son las más altas del mundo para la empresa UPM, dado que el sector de celulosa, que equivale al 25% de su facturación, genera el 50% de sus ganancias. Parte de ello es el hecho de que en Uruguay toda su operación esté exonerada de impuestos. Lo que se impone es tener sobre esta instalación tan peligrosa, ubicada sobre nuestro mayor río, un férreo control ambiental exigiendo más sensores e inspecciones.
¿Las multas actuales son un incentivo suficiente para que la empresa mejore sus prácticas o resultan ineficaces en ese sentido?
Las multas por valores que no superan los US$ 200.000 no son nada para una empresa como UPM. En otros países se ha implementado un sistema de multas de acuerdo con la facturación de la empresa. La medida que debiera tomar Uruguay cuando se producen situaciones como el derrame de agosto de 2023 es clausurar la planta hasta tanto la empresa no pueda asegurar su correcta operación.
¿Cuáles son los riesgos más graves para el medioambiente a partir de estos derrames de soda cáustica? ¿Qué consecuencias podrían tener a largo plazo si no se toman medidas?
La operación de las plantas de celulosa en Uruguay siempre ha sido un problema, representando por su tamaño y tipo de operación un riesgo ambiental muy serio. El control de esas plantas es sumamente complicado y en un estudio que hicimos en el año 2017 pudimos verificar que Uruguay estaba gastando más dinero en el control ambiental de UPM 1 que los pagos de UPM al Estado por su operación. Ese costo debiera de trasladarse totalmente a las empresas como condición para permitirles operar en nuestro país.
¿Debería haber cambios en la legislación para asegurar una mayor responsabilidad de este tipo de empresas?
En este tema tenemos mucho para hacer, lo primero es evitar que nuestros gobiernos sigan firmando contratos de inversión con empresas, como los firmados con Montes del Plata y UPM. Hoy tenemos en ciernes un contrato con la empresa HIF, que pretende producir combustibles sintéticos en el departamento de Paysandú.
Es necesario, además, reglamentar la comunicación sobre accidentes y derrames atendiendo al derecho ciudadano de conocer esos hechos, así como las acciones de los organismos involucrados para limitarlos o castigarlos.
No dejamos de lado también la posibilidad de generar para la próxima legislatura una ley de delitos ambientales, mejorando los proyectos que se presentaron en esta legislatura, incluso el que terminó siendo aprobado en el Senado y que hoy está en la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de Diputados, ante la cual hemos solicitado ser recibidos para hablar de ese tema.
¿Qué acciones ha tomado el Movus para hacer frente a estos incidentes? ¿Han tenido alguna respuesta del gobierno?
Procuramos obtener siempre la información oficial sobre los hechos que estudiamos, lo que seguiremos haciendo más allá de las prácticas dilatorias del Estado en la entrega de la información, que nos ha llevado en numerosas ocasiones a tener que recurrir al Poder Judicial para obtenerla. Para nosotros es básico analizar esa información y difundirla, procurando levantar los velos del secretismo, llevándola incluso a nuestros empleados, los que hemos contratado para que nos representen en el Palacio Legislativo como diputados y senadores, y haciéndola llegar a los ciudadanos afectados, así como a las organizaciones civiles y los movimientos ciudadanos que tratan los temas ambientales.
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