El Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) fue creado mediante la Ley 18.617 y entró en funcionamiento el 2 de enero de 2012 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Tiene como principal cometido la promoción integral de las personas mayores y sus funciones son el diseño, la coordinación y evaluación de las políticas sociales dirigidas a esta población. En entrevista con La Mañana, la directora de Inmayores, Marina Baras, se refirió a la situación general de las personas de tercera edad en nuestro país.
¿Cómo se evalúa desde Inmayores el cierre de la gestión?
Por el Instituto Nacional de Estadísticas de acuerdo con el último censo nacional, tenemos que en Uruguay las personas mayores de 60 son el 22% de la población, y la proyección que hay para el 2050 es que llegará al 30%. Por lo tanto, la longevidad se va a tener más en cuenta, en virtud de que las personas van a vivir, cada vez más, evidentemente están teniendo también, en el transcurso del tiempo, una mejor calidad de vida. El Instituto es el organismo rector en materia de la vejez, por eso es de considerable importancia en Uruguay y en el exterior. Tiene el cometido de diseñar, articular, ejecutar políticas públicas sobre el envejecimiento y vejez a través de acciones con otros organismos del Estado, Instituciones privadas y la sociedad civil, desde allí está la riqueza del intercambio, de la retroalimentación y a su vez del intercambio internacional que tiene el país. Esa es una de las líneas de mejora continua que se busca fortalecer.
¿Qué medidas toman desde el Instituto?
Uno de los cometidos es la fiscalización de los establecimientos de larga estadía (Elepem) en todo el país, posee un área específica para tal cometido, con competencia desde el punto de vista Social. Lo que se pretende es, que no se bajen los estándares de contralor, ni de calidad de vida en esos lugares, es decir que esa población tenga los derechos cuidados en todos sus aspectos, físicos, psicológicos y edilicios con relación a los Elepem, de acuerdo con el marco legal en vigencia, para tal cometido contamos con el equipo de la División de Regulación. En su momento nosotros teníamos pocos fiscalizadores, ahora hubo un incremento de funcionarios, actualmente contamos con 14 fiscalizadores en Montevideo y tenemos referentes en 13 departamentos del país. Por un lado, se hacen las fiscalizaciones y por el otro lado se hace el relevamiento para controlar esos lugares.
Hemos tenido hechos muy desagradables. ¿Cuál es la responsabilidad de aquellos que quieren colocar un hogar para mayores?
A raíz de los acontecimientos lamentables que sucedieron en el departamento de Treinta y Tres, el ministro de Desarrollo Social convocó a todos los actores involucrados, Ministerios de Salud Pública y del Interior, Dirección Nacional de Bomberos, ASSE, BPS, y asociaciones de residenciales de larga estadía y el Movimiento de Familiares y residentes der Elepem, fue una reunión sin precedentes, a efectos de valorar qué caminos se tienen que seguir, para optimizar la situación en los establecimientos que aún no cuentan con habilitaciòn del Ministerio de Salud Pública. En ese sentido se hicieron fiscalizaciones y relevamientos en todo el país para establecer si había lugares críticos para avanzar rápidamente e inspeccionarlos.
¿Puede haber un problema de que, al cerrar hogares irregulares, no hay donde llevar a los residentes?
Sí, ese es el problema. De todos modos, hay un dispositivo que se articuló con la Secretaría de Cuidados y Discapacidad y el Ministerio de Salud Pública y BPS en el año 2022, y que es un programa de apoyo al cuidado permanente. A partir de ese momento, cuando se cierra un residencial, a las personas que no se pueden ubicar con sus familias nuevamente se las ubica en un cupo que está preestablecido y que lo paga el Estado. Los cupos son finitos, obviamente. En este periodo se han clausurado 18 establecimientos, con un total de 138 personas residentes, de las cuales 71 fueron realojadas en ese programa.
El tema, con respecto a la Habilitación de los residenciales, es que tienen que hacer un trámite para iniciar la solicitud de habilitación ante el Ministerio de Salud Pública, y eso tiene determinados requisitos, el trámite muchas veces se dilata en el tiempo y provoca que se demore el proceso, porque hasta que no se presenta todo el Ministerio de Salud Pública, no puede informar al Mides, por medio de Inmayores a efectos de proceder con la fiscalización correspondiente y proseguir con el trámite para el otorgamiento del Certificado Social. Posteriormente se informa a Ministerio de Salud Pública para el control sanitario y la Inspección de Bomberos para otorgar la habilitación final de acuerdo con las disposiciones legales
¿Con qué números cierran este año?
Con respecto a los certificados sociales, hoy tenemos 321 entregados y 85 establecimientos están en proceso de habilitación. Paralelamente al proceso, también se fiscaliza cuando hay denuncias o cuando se captan nuevos establecimientos. Se han realizado más de 2550 fiscalizaciones y más de 2100 intervenciones por denuncias de abuso, maltrato y vulnerabilidad, en este período.
¿Ha ido evolucionando su gestión con el paso de los años?
En este periodo sí, por el ingreso de funcionarios. En total ingresaron 26, que es por concurso. Nos quedaron algunos departamentos sin ingresos porque las personas no aprobaron las pruebas, y debido a que no cumplían con el puntaje exigido para aprobarlas. Por eso tenemos 13 referentes de Inmayores en el interior. De todos modos, para hacer los relevamientos de los residenciales contamos con las oficinas territoriales del Mides, donde también hay técnicos profesionales que nos apoyan cuando es necesario hacer un relevamiento o una fiscalización.
¿Hay un vínculo directo con ASSE para que supervisen el tema sanitario y de capacitación de quienes atienden?
Quien se encarga de la fiscalización, del área sanitaria es el Ministerio de Salud Pública. Ellos tienen inspectores específicos para controlar el tema de salud en Elepem. Por otro lado, a nivel individual, si en determinado momento hay que internar a alguna persona en ASSE, la misma apoya. Al respecto, el Instituto también cuenta, con la Dirección de Acciones Estratégicas, donde recibimos denuncias de personas mayores o familiares por casos de abuso, maltrato o vulnerabilidad. En esos casos, muchas veces tenemos contacto con ASSE para que las personas sean internadas y valoradas, con el fin de seguir su evolución y monitoreo por nuestro equipo de profesionales.
¿Preocupa la salud mental de estas personas?
Sí, totalmente. Eso es algo que tenemos muy presente, y por eso contamos en el Instituto con la División Descentralización, que es la que se ocupa de trabajar con las personas mayores, a nivel de todo el país. En octubre conmemoramos el Día Internacional de las Personas Mayores durante todo el mes. Tenemos participación en el interior con los referentes, con trabajos en talleres, con los adultos mayores, en actividades de seminario, foros, presentación de libros. El plan Ibirapitá trabaja toda la parte del acceso digital para las personas mayores. A su vez el Instituto, promoverá un curso para personas mayores, diseñado por el Departamento de Capacitación, que tendrá difusión Internacional por medio de la OISS.
¿Qué rol juegan las intendencias en el interior del país?
En las oficinas siempre hay una articulación con los referentes o las oficinas territoriales del Mides, hay comunicación en cuanto a las personas mayores por ambas vías. Si hay una situación especial de vulnerabilidad o abuso, nos comunicamos con ellos, o viceversa. Siempre hay una comunicación fluida con las intendencias, y además cuando se hacen talleres o eventos, también se trabaja con ellas.
¿Cuál es la importancia de las actividades para adultos mayores?
Son fundamentales, porque esa actividad retrasa el deterioro cognitivo que pueda tener la persona mayor. Por eso hay que trabajar en el tema. A partir del 1º de octubre en la página web del Mides, vamos a establecer el cronograma de todas las actividades que van a realizar en los Departamentos del país para que todas las personas mayores puedan acercarse. Eso va a ser muy importante. Se dan muchos seminarios en cuanto a lo que los lineamientos de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (OEA), establecida en Uruguay por Ley en el 2016. Muchas personas mayores, no saben los derechos que tienen y a quién tienen que acudir cuando lo necesitan.
¿Hay una línea abierta para realizar denuncias de maltrato hacia el adulto mayor?
Sí, en la página del Ministerio pueden ingresar, o lo pueden hacer por teléfono. Se reservan los datos de cualquier persona que denuncie, por ley. Queremos que las personas se animen a denunciar cuando hay casos de abuso y maltrato o vulnerabilidad, o en el caso de los residenciales, si ven que hay una situación crítica. Tuvimos en este periodo más de 2000 denuncias. Realmente es otra parte del Instituto que es muy importante. Una vez que se detecta un abuso y un maltrato, los técnicos hacen el seguimiento de la persona para que la persona vuelva a tener la calidad de vida que tenía antes y eso a veces incluye de la parte de sanidad, la parte judicial y la parte económica, porque quizás a veces la persona no es vulnerada solo en un aspecto, sino en varios.
Si tuviera que proponer a futuro algún cambio para poder mejorar la gestión de Inmayores, ¿tendría algo en mente?
Sí, los derechos de las personas siempre están cambiando, se van modificando o ampliando o generando nuevos. Por ejemplo, a nivel mundial ahora se está hablando mucho de lo que es la neurociencia, y eso en Uruguay para nosotros es nuevo. Tenemos conocimiento de un establecimiento que está innovando en neurociencia en Uruguay. El tema de neurociencia obviamente debe tener un marco legal, es un desafío que el país tendrá que abordar en su oportunidad. Así como otros derechos también que son importantes, como el acceso digital. Cada vez lo van a usar más y también tienen derecho a que sea respetado el uso. Y después, hay que reforzar el trabajo en salud mental con las personas mayores a nivel de todo el país. Este año hicimos un convenio con la Universidad Católica, vamos a tener en octubre estudiantes de psicología que van a hacer el estudio de 5 o 6 adultos mayores para evaluar en cuanto al deterioro cognitivo y en cuanto a los planes que se puedan diseñar al respecto. Para nosotros es muy importante que las universidades estén presentes en el Instituto, y también lo queremos potenciar a futuro, como parte de un programa de salud mental.
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