El pasado 11 de junio, en el marco de la 108ª Conferencia Internacional del Trabajo, se dio a conocer un fallo de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), en él incluía a Uruguay en una lista de países con presuntas violaciones a los derechos laborales. Por ese motivo el miércoles 26 de junio se reunieron por primera vez representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), las cámaras empresariales y el PIT-CNT.
Estos encuentros, que se realizarán cada quince días, tienen como objetivo la coordinación de un plan de trabajo para poder cumplir con lo encomendado por la Comisión de Normas de la OIT días atrás. Uruguay deberá presentar una memoria de trabajo antes del 1° de setiembre e iniciar medidas legislativas antes del 1° de noviembre.
Luego de la reunión tripartita, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, manifestó que “el gobierno va a cumplir con el inicio de las medidas modificativas del sistema de negociación colectiva vigente” en consulta con los jerarcas de las cámaras de Comercio e Industria del Uruguay y los principales dirigentes de la central de trabajadores.
En este sentido, el asesor de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, señaló luego de la reunión, la “necesidad de generar acuerdos y presentar un proyecto de ley para reformar la negociación colectiva” vigente. “Tenemos que cumplir el convenio 98” –uno de los 81 que tiene Uruguay con la OIT- dijo, y además explicó que “la negociación tripartita a nivel de rama deja de lado la negociación bipartita, que es la que promueve el convenio”.
Mailhos también opinó que se necesita un “reequilibrio” en la relación entre trabajadores y empleadores, “hoy el Estado tiene injerencia en cosas en las que debería dejar a las partes, los trabajadores tienen un poder excesivo y el gobierno no defiende a las empresas que son las que empleo y riqueza”. Para finalizar, el dirigente empresarial manifestó que “el país no progresa si se incumplen las pautas que la OIT nos planteó”.
Por su parte, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, indicó que si bien están abiertos a las propuestas, su postura será la de defender la Ley de Negociación Colectiva. En una línea más dura, el presidente de la central sindical, Fernando Pereira, hablo antes de la reunión en el MTSS, y esgrimió que “ninguna de nuestras propuestas va a aceptar que los ajustes salariales de los trabajadores se den fuera del Consejo de Salarios”.
Pereira añadió que “el trabajador tiene que entender que si los ajustes van a la lógica bipartita, libre y voluntaria, volvemos a que estén por debajo de la inflación en los sectores donde la sindicalización no tenga la potencia adecuada”. El principal dirigente sindical concluyó que “mantener los Consejos de Salarios es una herramienta absolutamente imprescindible si se quiere distribuir el ingreso en el Uruguay”.
El 10 de julio se llevará a cabo la próxima reunión tripartita para continuar con las negociaciones y poder llegar a un acuerdo entre todas las partes interesadas. Sin perjuicio de ello, antes de la misma se realizarán algunas reuniones bilaterales de trabajo.
Las cámaras empresariales y sus repetidas denuncias ante la OIT
Apenas fue de público conocimiento la observación del organismo internacional, el presidente de la Cámara de Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS), Julio Lestido, dio una conferencia de prensa para explicar los motivos por los cuales el país llegó a dicha instancia. Lestido mencionó en la misma que este “es un paso más de una denuncia que se había realizado hace diez años”. El titular de dicha cámara indicó que la denuncia se llevó a cabo ante “las ocupaciones y otras situaciones” irregulares que afectan a las inversiones. Además señaló que desde las cámaras empresariales han planteado “un legítimo derecho que tenemos los empresarios” y remarcó que ellos bregan “por la libertad de la empresa, la propiedad privada y el derecho al trabajo”. Según se entiende desde la cámara, el gobierno uruguayo hizo caso omiso a las recomendaciones de la OIT y por ese motivo diez años después se llega a esta instancia.
Lestido recordó que en 2017 y en febrero de este año la organización recomendó al gobierno “que legisle con respecto al derecho a las ocupaciones y a la negociación tripartita” y dijo que “si eso hubiera pasado la denuncia ya se habría levantado”. Respecto a la negociación colectiva, afirmó que desde las cámaras empresariales pretenden que el Estado no participe más de las negociaciones entre empleados y empresarios y se vuelva a instaurar el sistema de acuerdos bipartitos, y “en el caso de que no hubiera acuerdo entonces sí participara un tercero, que sería el Estado” finalizó.
Los desajustes entre la norma uruguaya y el Convenio 98 de la OIT
Particularmente, la observación realizada semanas atrás por la OIT se da en respuesta a una serie de denuncias presentadas por la CNCS junto con la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en agosto de 2016, y reiterada los años posteriores con más observaciones. Según menciona la denuncia de las cámaras, el modo en que está planteada la Ley de Negociación Colectiva en Uruguay (Ley. 18.566) permite que en la práctica se dé “una forma de arbitraje obligatorio, donde los delegados del MTSS marcan y definen las pautas de la negociación”. Según el informe elaborado por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios, la Ley de Negociación Colectiva vigente en Uruguay lleva hacia la negociación tripartita, desajustándose, según los especialistas, lo que recomienda el Convenio 98 de la OIT, texto aprobado en 1949 y ratificado por el Estado uruguayo en 1954. En la observación la Comisión entiende que la Ley 18.566 desestima lo que establece el artículo 4 de dicho Convenio, sobre la promoción de la negociación colectiva libre y voluntaria. Los expertos de la OIT concluyen en que “las propuestas normativas del Gobierno uruguayo siguen sin plantear modificaciones y esclarecimientos acerca de la competencia de los Consejos de Salarios, órganos de composición tripartita, en materia de ajustes a las remuneraciones que estén por encima de los mínimos por categoría y de condiciones de trabajo”. El país es miembro de esta organización internacional desde el año 1919. En estos cien años, el Estado uruguayo ha ratificado 109 convenios, de los cuales 81 siguen vigentes.
Lestido afirmó que desde las cámaras empresariales pretenden que el Estado no participe más de las negociaciones entre empleados y empresarios y se vuelva a instaurar el sistema de acuerdos bipartitos, y “en el caso de que no hubiera acuerdo entonces sí participara un tercero, que sería el Estado”
