El arquitecto Fernando Rodríguez Sanguinetti es director en representación de los afiliados activos en la Caja de Profesionales e integrante de la asociación civil El Orden Profesional. En diálogo con La Mañana sobre la situación de la referida caja de jubilaciones y pensiones, señaló que hace más de 10 años se había advertido sobre su colapso en 2025.
La Asociación Civil El Orden Profesional se creó hace siete años en medio de lo que ya era una crisis en la Caja de Profesionales. ¿Qué cambió de ese tiempo a esta parte?
Hace más de siete años que se vislumbran problemas. Hay un estudio de una consultora que contrató la Caja en 2013 y entregó su informe en 2014, donde se decía que, si la caja no hacía reformas estructurales, en 2025 o 2026 iba a quedar sin fondos e iba a pasar lo que está pasando. O sea que desde hace 12 años que los distintos directorios sabían que esto iba a pasar. Ni el Poder Ejecutivo de cada época ni los directorios de la caja hicieron nada frente a esta realidad.
Usted es integrante del directorio de la caja, ¿cuál es su situación al mes de abril?
La caja tiene ingresos fluctuantes, no son fijos. Hay gente que se da de baja, que renuncia, que no aporta más y que se jubila. Además, tiene un componente que son los timbres profesionales, que es el aporte patronal de quienes utilizan los servicios de los profesionales, los cuales fluctúan también con la actividad económica. Según estudios de la caja, habría fondos propios para funcionar y pagar las jubilaciones, pensiones y los salarios de los funcionarios hasta el mes de agosto. En una primera instancia fue hasta junio, pero los números mejoraron un poco. La caja no ha recibido nunca fondos del Estado. Se ha abastecido de sus propias inversiones. Lo que sucede es que ahora se terminaron esas inversiones. Estamos vendiendo los últimos papeles de inversiones financieras que tenía la caja. Con ese efectivo estamos pagando las obligaciones.
¿Cómo estaban distribuidas esas inversiones?
El grueso son desde hace 20 años bonos del Estado. Una norma indicaba que básicamente se debía invertir en eso. En materia de propiedades está el edificio de la caja y dos campos, uno en Cerro Largo y otro en Soriano, que se alquilan a UPM y están forestados.
Las inversiones se dieron seguramente en un momento en que se podía ahorrar por parte de la caja, entonces ¿cómo se llega a la actual situación en que no solo no se puede ahorrar, sino que se deteriora el patrimonio?
Hubo una serie de reformas impositivas a partir de 2007, cuando se creó el Fonasa, el adicional del fondo de solidaridad, el IRPF y el IASS para los jubilados. Para los profesionales universitarios que no tienen ingresos fijos eso fue un enorme mazazo. La vida profesional de un universitario es como un electrocardiograma. Sube, baja, tiene trabajo, no tiene, tiene unos meses sí y otros no. Es a los profesionales universitarios que trabajan en forma independiente a quienes ampara la Caja de Profesionales, no a los que trabajan en su profesión, pero dependiendo de un salario en el Estado o en una institución privada y aportan al BPS. Entonces los profesionales que son independientes no tienen una media de ingresos. Sin embargo, tienen que pagar la caja, el Fonasa y otras cargas tributarias. Entonces, con la reforma del 2007 hubo un quiebre importante para los profesionales universitarios que ya venían golpeados de la crisis de 2002. A eso se sumaron cambios del mercado de trabajo, ya que cada vez son menos los profesionales que trabajan en forma independiente, y hay muy pocos que aspiren a trabajar como independientes porque es muy difícil sostenerse.
¿Quedan muchos profesionales que sean independientes?
A la Caja de Profesionales aportamos 63 mil afiliados, de 180 mil profesionales. O sea, hay más de 110 mil afiliados que no aportan nada. De los 63 mil que sí lo hacen, la mitad trabaja exclusivamente de forma independiente y la otra mitad lo hace trabajando de manera dependiente e independiente. Estos aportan a la Caja de Profesionales para tener una segunda jubilación.
Está vigente una ley para que aquellos que lo desean se puedan reenganchar con sus aportes. ¿Qué éxito tuvo esa medida?
Eso está funcionando muy bien. Es de alguna manera un plan de refinanciación y el personal de la caja está abarrotado de trabajo por este tema. Esto es caso por caso, ya que cada situación personal es diferente. Hay que hacer los cálculos y de ahí las propuestas de aportar en distintas formas, al contado o financiado en cuotas. Muchos afiliados están retornando y se están poniendo al día. Hay unos cuantos cientos de millones de pesos acordados.
Uno de los cuestionamientos son los montos de aportes que se deben efectuar, especialmente por aquellos que se reciben. ¿Qué solución se puede plantear para bajar esos aportes?
Los aportes a la caja son por sueldos fictos. En la medida en que uno va, supuestamente, avanzando en su carrera profesional va aumentando de categoría, porque se supone o se suponía, que iban aumentando los ingresos. Eso es de hace 70 años. Cuando se fundó la caja en 1954, el sistema funcionaba, ya que los profesionales no tenían dónde aportar, trabajaban mucho y la gran mayoría lo hacía en forma independiente. Pero ahora hay otra realidad. Entonces seguimos con un esquema anquilosado, que además se actualiza en los valores. Un profesional en categoría 10 se asume que tiene un sueldo de 190 mil pesos al mes, y en realidad no siempre es así. Entonces hay una solución que planteamos y es la de aportar por el ingreso real. Si un mes factura mucho aportará un porcentaje relativo de sus ingresos y si otro mes no factura aportará un mínimo, o un ficto mínimo como pasa en el BPS. Pero aportando así, como estamos ahora, la gente declara un no ejercicio o se baja de categoría. El bajar de categoría e ir a la dos (de las 10 que existen) lo permitió una ley de 2004. La consecuencia es que el 75% de nuestros aportantes hoy está en la categoría dos y eso produce menos ingresos.
¿A cuánto asciende el déficit anual?
En 2024 fue de 51 millones de dólares. Si miramos hacia el futuro esa cifra puede ser incluso mayor, ya que la gente deja de aportar o se baja de categoría y, por otro lado, se sigue jubilando.
Con respecto a las jubilaciones de la Caja de Profesionales se ha mencionado que son elevadas. ¿Qué comentario le merece esta afirmación?
No son las más altas del sistema y de las más altas son las más bajas. El promedio de una jubilación de la Caja de Profesionales está en el entorno de los 90 mil pesos, que tampoco es la cifra líquida, considerando que a eso hay que descontarle el IASS y el Fonasa. Eso lleva a que sean un 12% menos. Hay que tener en cuenta que hay jubilaciones mucho más grandes, que pagan el BPS, la Caja Militar, la Policial o la Bancaria. Es cierto que en la Caja de Profesionales el promedio de las jubilaciones es alto. Y el porqué de esto es que todos aportamos 30 años y todos tratamos de llegar a la categoría más alta para jubilarnos por esta. Estamos en una caja que nos obliga a aumentar de categoría y vamos pagando cada vez más.
En materia de aportes, ¿cuánto es la suma de la categoría más baja y la de la más alta?
Las tres categorías más altas están entre 33 mil pesos y 35 mil pesos de aporte mensual. Por eso las jubilaciones son relativamente confortables, por decirlo de alguna manera, pero estamos aportando eso. En la categoría dos (que es adonde pueden bajar todos) el aporte mensual es de 11 mil pesos. Esa es una cifra alta para quien está empezando. Estamos hablando de gente joven que tiene tres o cuatro años de profesión. Y en el cuarto año deben de cambiar de categoría, lo que implica más dinero. Los aportes son altísimos. Por eso proponemos que a la escala de 10 categorías que existe en la actualidad llevarla a 15, atenuando los grandes saltos que se producen de una categoría a otra y bajar un 30% el valor de los sueldos fictos sobre los que se calcula el aporte de los nuevos profesionales.
¿Cuál es su opinión sobre el intento fallido de una ley propuesta por el anterior gobierno para solucionar el tema de la Caja?
En el gobierno pasado hubo una ley exprés que se basaba en aumentar los aportes a los activos, cuando está demostrado que, al aumentar el aporte de los activos, menos activos hay porque se dan de baja, ya que no pueden pagar la caja. Lo segundo era agregar un nuevo impuesto a los jubilados denominado “contribución pecuniaria”, que era volver a meter la mano de los bolsillos en los jubilados. Otra medida era una transición rapidísima para quienes se están por jubilar, agregándole años y bajándole las tasas de reemplazo, o sea, los valores de jubilación. Con todo eso, es decir, dañando mucho al sistema y a la propia caja y a los afiliados, no conseguían mucho. El Estado tenía que poner igual dinero, pero ganaban unos meses hasta que se terminara el gobierno y trasladaran el problema al próximo gobierno, como había sucedido antes.
Ahora se terminó el problema de trasladar de gobierno a gobierno lo que pasa con la Caja de Profesionales, porque ya no hay dinero para solventar su presupuesto. Nos hicieron quemar todos los ahorros y ahora estamos a que el Estado se haga responsable. Porque nosotros sostenemos que el Estado es el gran responsable de la crisis de la Caja de Profesionales. Todos los gobiernos en los últimos 30 años conocen los números de la caja, ya que estamos obligados a mandarle al gobierno los números, el presupuesto, las previsiones. Es el gobierno de turno que recibe en el Ministerio de Economía, en la OPP, en el Ministerio de Trabajo, en el Tribunal de Cuentas, información periódica sobre la situación de la Caja de Profesionales. Y además el propio gobierno de turno tiene dos delegados en el directorio con voz y voto, y con el sueldo pago por la propia caja. Y esos dos directores normalmente han hecho mayoría con el presidente y el secretario o el presidente y el vicepresidente. Ello lleva a los cuatro votos que son la mayoría en el directorio de siete miembros, para tomar o no tomar las decisiones que tuvo que tomar en su momento. Entonces, como el Poder Ejecutivo de turno siempre ha sido el responsable de esas votaciones, obviamente es el gran responsable de la situación de la caja.
¿Qué propuestas plantean ahora?
Nosotros no solo protestamos, sino que hicimos una propuesta. Hay un proyecto de ley que elaboramos en el período pasado y trata la incorporación de todos los profesionales a la caja. O sea, independientemente de cómo desempeñen su profesión, si lo hacen en forma independiente o dependiente. Si es de forma independiente, es mantener un sistema de fictos mucho más bajos, por categoría o por ingreso real. Y los dependientes, en vez de aportar al BPS, aportan a la Caja de Profesionales, tanto el aporte personal como el patronal. ¿Qué hacemos con eso? Le damos claridad y equidad al sistema y con la ayuda de esos nuevos aportantes, solucionamos de alguna manera la situación actual y en no muchos años podemos estar nuevamente ahorrando. No hay con esta fórmula ningún perjuicio para los profesionales dependientes. Tendrían las mismas prestaciones que tienen hoy con en el BPS, seguro de paro incluido, y se jubilarían por la Caja de Profesionales con los promedios de esta. Creo que es un sistema con el que ganamos todos.
¿Con este planteo el BPS perdería aportantes?
Esto es para los nuevos profesionales que se reciben y que entran al mercado de trabajo dependiente. No es a todos los que ya están trabajando como dependientes, es a partir de la promulgación de la ley. Esa es nuestra propuesta que es un cambio de paradigma. El BPS pierde esos aportantes, pero también no se hará cargo de las prestaciones que por ellos debe de pagar, como ser las licencias médicas.
¿Considera que el proyecto que presentará el gobierno puede ser una solución definitiva o es dar oxígeno?
No conocemos todavía el proyecto. Tuvimos comunicación con el Poder Ejecutivo y el proyecto lo van a presentar primero a la Caja de Profesionales y después de Semana de Turismo en el Parlamento. O sea, no es una negociación con la caja. No sabemos el contenido, pero sí sabemos por las declaraciones tanto del ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Domenico, que hablaron de una solución endógena, o sea, que los activos y los jubilados son los que van a tener que pagar los mayores costos. Van a tomar de modelo la famosa ley exprés del anterior período de gobierno, que el Frente Amplio no la votó. Ahora estaría proponiendo la misma ley y además bastante más restrictiva para los afiliados. Con este proyecto no tenemos ninguna esperanza, pero veremos si el Parlamento lo aprueba. El gobierno pasado tenía mayoría parlamentaria y no lo aprobaron.
Si se aprueba o no este proyecto, a partir de agosto, ¿los pagos de jubilaciones están asegurados?
Los pagos de jubilaciones y pensiones están asegurados por la Constitución de la República. El artículo 67 señala para el pago de jubilaciones y pensiones “la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuere necesario”. Pero no solo por el artículo 67 se debe hacer responsable, sino porque a la caja la llevó a esta situación los gobiernos o sea el propio Estado.
