En el entendido de que el fenómeno de la situación de calle y el de la privación de libertad van de la mano, desde la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) se trabaja fuertemente en la reinserción social de aquellos que egresan del sistema penitenciario. Su titular, Juan José Malvárez, conversó con La Mañana acerca de los planes que ofrecen en ese sentido, resaltando la importancia de atender la problemática de salud mental y adicciones como un eje transversal a todas las respuestas que brindan.
¿Cuáles son las principales acciones que lleva adelante la Dinali para los egresados del sistema penitenciario?
Tenemos varios niveles de atención. En el año 2022 la Dinali pasó del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y se encuentra dentro de la misma dirección que atiende la problemática de las personas en situación de calle, salud mental y adicciones y población migrante. Lo que se busca es que las coordinaciones sean ágiles y trabajar con una estrategia común. Nuestro trabajo comienza cuando las personas están por egresar, ahí les contamos cuáles son nuestras propuestas y dónde nos pueden encontrar. La persona viene voluntariamente, se le asigna un técnico de referencia que lo empieza a acompañar y en función de esos encuentros se determina qué se le va a ofrecer, ya sea una propuesta educativa, laboral, de vivienda, de salud mental o adicciones, entre otras.
Tenemos pasantías laborales con organismos públicos y en el marco de la Red Oportunidades, y bajo el amparo de la Ley de Promoción del Empleo, estamos contactando empresas para ofrecer el servicio de nuestra bolsa laboral. Las empresas que contratan personas de nuestra bolsa laboral obtienen un beneficio, un subsidio en el sueldo del nuevo empleado, el Estado paga hasta el 80% del sueldo en el caso de las mujeres y hasta el 60% en el caso de los hombres.
En materia educativa, en el Prado tenemos talleres de carpintería, herrería, panadería. Tenemos convenio con Inefop y hay varios cursos que se dictan acá. También pueden acreditar ciclo básico. Tenemos el programa Uruguay Estudia, cursos de UTU y taller de radio e informática.
En atención en salud, mediante un convenio con la Asociación Española contamos con un psiquiatra, médico general y psicólogos en la posada que brinda atención a nuestros usuarios. Con un convenio con la Universidad Católica brindamos atención odontológica en nuestras instalaciones. A su vez, al estar dentro del Mides y al tener coordinación con el área de salud mental y adicciones, podemos derivar para alguno de los centros del Ministerio en caso de que se entienda pertinente.
En cuanto a vivienda tenemos el hogar de medio camino, también conocido como “posada del liberado”, donde hay alojamiento temporal para 45 personas. La idea es que no dure más de seis meses para que la persona se pueda estabilizar y egresar. Y al estar dentro de la misma dirección que coordina los refugios, se favorece la coordinación interna. El Mides el año pasado hizo un llamado a proyectos de innovación social y dentro de los proyectos seleccionados, tres tienen perfil para personas egresadas del sistema penitenciario, y aquellos que han ido han sido derivados por nosotros.
¿Hay planes específicos para evitar que los egresados terminen en situación de calle?
La decisión de pasar al Mides fue porque hay un fenómeno de puerta giratoria entre la cárcel y la calle. El último censo que hizo el Mides a población en situación de calle arrojó que más de la mitad estuvo en privación de libertad, entonces obviamente hay puntos de contacto. Una de las fuentes de ingreso de personas a la problemática de la situación de calle es el sistema penitenciario. Estar en el Mides nos permite mejorar la coordinación para poder asignar cupos, pero a veces eso no basta porque la persona no quiere y no la podemos obligar. Con el trabajo previo que se hace se trata de concientizar para que no vayan a la calle, sino a centros, y la diversificación de las respuestas del Mides ayuda mucho.
El mes que viene vamos a lanzar el Proyecto de Inclusión Asistida para tratar de prevenir que la persona termine en la calle y para dar certeza los primeros días luego de que sale de privación de libertad. Nosotros pretendemos establecer un plan piloto con una muestra de 500 personas a las que se les va a entregar en el momento de la salida una tarjeta para alimentación con $ 1.600 y una tarjeta para transporte con $ 400. Lo que queremos es darle la certidumbre de que va a tener para moverse y para comer algo. Esta prestación va a estar activa por seis meses, pero para poder renovarla va a tener contraprestaciones: venir a la Dinali y establecer el mecanismo de seguimiento con el técnico, que entendemos que es fundamental para trabajar otras cosas y que pueda postularse a nuestra bolsa laboral, solucionar temas de vivienda o seguir capacitándose si así lo desea. Estamos convencidos de que ese es el camino para bajar la reincidencia. La última medición arrojó que el 30% de los que egresan reinciden en los primeros seis meses. Más que dando plata, estamos fomentando el acompañamiento y que el Estado pueda atender esta situación.
¿Cómo impacta el tema de las adicciones y la salud mental en el futuro de los liberados del sistema?
Situación de calle, liberados del sistema penitenciario y salud mental y adicciones son tres patas que son la base de la Dirección Nacional de Protección Social. El tema de salud mental y adicciones atraviesa todas nuestras problemáticas. La adicción es uno de los principales motivos por los cuales se cometen delitos, ya sea por cuestiones de narcotráfico o rapiñas para buscar recursos para comprar drogas. Vemos familias enteras que se destruyen, vemos vidas que se destruyen y se pierden, y es imposible pensar una solución o una alternativa a la situación que tenemos sin considerar la salud mental en la respuesta que vayamos a brindar. En Dinali tenemos un dispositivo de atención para personas con uso problemático de sustancias y trabajamos de manera coordinada con el equipo de salud mental y adicciones de la dirección.
¿Cuáles son las expectativas con el refuerzo presupuestal para salud mental y adicciones?
Tenemos la esperanza puesta en eso. Sabemos que no es suficiente, que siempre va a faltar, pero es un avance muy grande que el Mides tenga centros con un perfil específico para esto. También es un avance muy grande que el Ministerio de Salud Pública haya reglamentado un decreto del gobierno de José Mujica que regula la habilitación de los centros de tratamiento, lo que le ha permitido al Mides contratar cupos en estos centros, que hoy están siendo utilizados por personas que estaban en situación de calle, por liberados, que no podían costearse un tratamiento y ahora acceden a uno. Este es el camino, falta, pero haber pasado de no tener nada a lo que tenemos hoy, es un montón, sobre todo cuando uno empieza a ver las vidas que están cambiando gracias a este tipo de respuestas.
¿El crecimiento de la población carcelaria agrava el problema de las personas en situación de calle?
En el último censo hemos notado un incremento de las personas que se encuentran en situación de calle y hay también un aumento de privados de libertad. Más de la mitad de las personas que están en la calle estuvieron antes en privación de libertad, entonces, son fenómenos que van de la mano. Para bajar la cantidad de personas que están en situación de calle, hay que trabajar en el egreso de las personas que están en privación de libertad. Por eso estamos haciendo todo esto que contaba, para tratar de darle certidumbre al que sale y evitar que termine en la calle, por eso estamos dentro de la misma dirección y tratamos de trabajar de la manera más coordinada posible.
Reforma del sistema penitenciario
Dentro de las estrategias para mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana, Cabildo Abierto envió al Ejecutivo -en abril de este año- una propuesta, en la que consideraba necesario implementar un plan de “Trabajo Obligatorio” para las Personas Privadas de Libertad (PPL). De esta forma, el trabajo puede constituirse en la columna vertebral de un proceso de rehabilitación y reeducación efectivo que sea capaz evitar posibles reincidencias o como se expresa en parte del Art. 26 de la Constitución, asegurar la profilaxis del delito. En esa línea, los individuos penados con prisión efectiva podrían trabajar para redimir el tiempo de pena -tal como lo establece la ley 17.897- a la vez que promovería su rehabilitación y obtendrían -al mismo tiempo- recursos económicos para sí mismos y su núcleo familiar.
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