Ante la posibilidad de que el país suscriba el Tratado de Cooperación en materia de patentes, desde la Asociación de Laboratorios Nacionales alertan sobre los potenciales daños que afectarían la industria en caso de que se tome una decisión apresurada en ese sentido.
La Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) publicó –en la sección de Cartas al director del semanario Búsqueda– su preocupación por el contenido de un evento realizado por la Academia Nacional de Economía el pasado mes de abril bajo el título “Crecimiento y Protección de conocimiento: evidencia empírica del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)”.
En esa instancia, según explica la publicación, se promovió la adhesión de Uruguay al PCT –aprobado en Washington en 1970– y al que Uruguay no forma parte. Antony Taubam, director de Propiedad Intelectual de la OMC, fue el encargado, vía Zoom, de presentar el tema. El argumento central fue que el PCT brinda la oportunidad a los inventores uruguayos de obtener una protección internacional de sus patentes, tomando en cuenta el desarrollo tecnológico de Uruguay a través de la exportación del rubro.
En la carta de la ALN se explica que en Uruguay la protección de patentes tiene poco que ver con el estímulo de la creatividad, pero tiene incidencia en la patentabilidad de los medicamentos y especialidades farmacéuticas, producción de medicamentos y acceso a la salud de manera económica. “La industria farmacéutica nacional ha venido librando, desde hace décadas, una contienda contra intereses foráneos, que pretenden limitar la capacidad de actuación de la industria local en base a la pretensión de patentar especialidades farmacéuticas de muy dudosa admisibilidad”, agregaron.
En relación a este hecho, La Mañana consultó a Carlos Scherschener, vicepresidente de la ALN, quien sostuvo que en nuestro país el software y otras creaciones de conocimiento no son protegidas por el régimen de patentes sino por los derechos de autor, haciendo referencia a un extracto de la carta: “Lo preocupante del planteo es que brinda una visión peligrosamente parcial, sesgada e incompleta de la realidad”.
Scherschener enfatizó que la ALN no está sola en la carta, sino que hay otras asociaciones que se encuentran en la misma posición, como el rubro de veterinaria y agro, ya que son empresas regionales y nacionales que, de alguna manera “entienden que el PCT no es lo más adecuado porque puede llegar a agrandar la cantidad de patentes en el país, así como los monopolios y el encarecimiento de los productos”, sentenció.
Un ejemplo de lo que promueve el tratado es que si una empresa presenta una patente en París automáticamente sea refrendada en nuestro país. “Aunque reconocemos que en Uruguay existe cierto atraso en materia de patentes y limitaciones, por lo que algunos criterios sí se comparten con los países que aplican el PCT”, dijo el entrevistado.
Según indicó, de cada 10 solicitudes de patente que se hacen a lo largo de los años, en promedio termina una sola concedida, “con lo que se demuestra que muchas o no están a la altura de las perspectivas, o no tienen la aplicación industrial con características que tienen que tener. También pasa que a veces no son innovadoras, o la propia empresa que la presenta, a la que se hacen consultas o aclaraciones, no continúan con el proceso”.
Precios que marcan la diferencia
Scherschener sostuvo que, básicamente, el PCT en Uruguay implicaría dejar en manos de agencias que trabajan para que los inventores patenten sus productos (en su país y también afuera), venir a nuestro país a tomar decisiones. “Las consecuencias de eso sabemos que son complejas en la medida que los productos que tienen más alto precio y que, de alguna manera, generan amparos y un encarecimiento son los que tienen patente”, señaló.
En esa línea indicó que, a veces, las diferencias en América Latina entre los países tienen un producto patentado y uno que no lo tiene, es importante. “Por ejemplo, había un producto que estaba patentado en Chile y acá no, y allá se vendía a 10 y acá a uno. También se dio el caso del viagra, que en Brasil tenía patente y en los países fronterizos no, entonces se generó un gran tráfico del producto”, mencionó.
Los criterios para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la Oficina Internacional creada por la PCT son más flexibles que los adoptados en Uruguay por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) y la jurisprudencia. Los países que se rigen por el tratado suelen ser amigables a los intereses de las solicitudes de patentes presentadas por sus connacionales.
“Si bien se ha argumentado que el examen de fondo que haga la Oficina Internacional puede no ser vinculante para la DNPI, la experiencia en otros países revela que organismos similares aceptan sin cuestionamientos lo dictaminado por la Oficina”, sostienen desde ALN.
Reconocimiento al mercado local
Acerca de las razones por las que se defendió la incorporación del tratado al país, según el entrevistado, esto protegería o ayudaría a los inventores nacionales a patentar más rápidamente sus productos y mezclar con producciones de tecnología, software, ya que es una potencia en crecimiento e inversiones en el país “pero esa parte informática no se rige con patentes”.
Respecto a esto, explicó que existen otro tipo de invenciones en las que Uruguay tampoco tiene un volumen tan grande, pero posee otros mecanismos para potenciarse, como es el trabajo mancomunado con otros países, u organismos como la Agencia Nacional de Innovación e Investigación (ANII).
“Lo que se plantea es darle elementos a nuestros inventores y desarrolladores, pero el software va por derecho de autor y no por patente; lo que sí puede haber son formas actuales y futuras creadas para ayudar y dar ese puntapié inicial del que estamos completamente a favor de que exista y se promueva, porque gran parte del desarrollo de Uruguay pasa por la inteligencia”, expresó Scherschener.
Por otra parte, apuntó que Uruguay es un gran exportador de medicamentos y, a su vez, como hay que proteger al inventor nacional, se debe proteger a la industria “que dio la talla durante la pandemia, cuando se cerraron puertos, aeropuertos y no llegaban medicamentos”. “Tuvimos un pico de covid-19 muy alto, se trabajó mancomunadamente con el Ministerio de Salud Pública, con reuniones cada dos o tres días, haciendo un seguimiento producto a producto”, detalló.
En ese sentido, dijo que a pesar de que las plantas estaban diezmadas por la falta de personal, no faltaron medicamentos para los tratamientos cuando en un momento hubo 500 o 600 personas en CTI. “Creo que es algo que hay que valorarlo y tenerlo presente porque fue clave. La industria exportadora de medicamento tampoco se vio cortada”, señaló.
Una industria de mano calificada
El entrevistado afirmó que los puestos de trabajo de la ALN son calificados, emplea más de 5.000 personas, con buenos salarios y un índice de profesionales muy grande: posee un 30% de personal universitario trabajando. “Tiene un bajo nivel de patentes y un alto nivel de competencia. Esto hace que las empresas internacionales de investigación marquen el precio de medicamentos en Uruguay como el más bajo de América Latina desde hace muchos años. Uruguay se mantiene gracias a este mercado ampliamente competitivo”, dijo Scherschener.
Reafirmó que la ALN no está sola con la carta enviada, sino que acompañan las cámaras de sectores claves como el agro. “Este rubro viene mejorando en ganadería, en granos, y más áreas, y se da, en gran medida, por productos fabricados en Uruguay, tanto para lo que es veterinaria como para agro. Se fabrica a precios que permiten a los productores ser competitivos”.
Scherschener puntualizó que la industria farmacéutica está funcionando tanto en el área de medicamentos, donde la plaza está abastecida, con productos de calidad y a precios competitivos, como en el agro, “que es la locomotora de la economía y que se abastece, en parte, de productos locales para el desarrollo. Y como se dice: cuando el equipo viene ganando mejor no tocarlo”, puntualizó.
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