El sector, que emplea en Uruguay cerca de 3700 personas en más de doscientas empresas, se ha visto afectado por los cambios en la legislación de los últimos años, obligando a una costosa reconversión. No obstante, empresarios del plástico advierten algunas situaciones no alcanzadas por la regulación y problemas de posible competencia desleal desde el exterior.
Ella es una de esas empresarias que ha ocupado todos los puestos de la fábrica que dirige, sin perder detalle del negocio familiar. Su nombre es Esperanza Romáriz y detrás de su escritorio lleno de objetos y papeles de trabajo, describe un panorama un tanto sombrío para la industria del plástico: cercada por las importaciones asiáticas, vulnerada por la ausencia de controles estatales a la importación indiscriminada, sujeta a nuevas normas e impuestos y lo que considera una injustificada mala imagen ante la opinión pública.
Ferroco, la empresa fundada por su padre en 1965, se ha tenido que reconvertir para responder a desafíos. Comenzaron haciendo juguetes hasta que la mercancía china copó el mercado. Ahora producen artículos de bazar, macetones y piezas por encargo.
Otras empresas no han podido superar los nuevos retos. La prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso en los supermercados y el comercio en general, provocó el cierre de cuatro empresas el año pasado. “No aguantaron dos meses”, lamenta Romáriz.
Desde su posición de presidenta de la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP), observa que esto fue solo uno de los efectos que trajo a la industria la Ley N° 19.655 de 2018, llamada Ley de Bolsas. Ella, como otros actores involucrados en el debate ambiental, notan que la norma acabó con ese desecho y generó conciencia colectiva al imponer un precio de cuatro pesos a las bolsas, que deben ser biodegradables.
Lo experimentado por Uruguay ha ocurrido en tiempos recientes en diferentes regiones: California, Chile, Puerto Rico. Tras la experiencia de los primeros meses, el ex diputado por Maldonado, Andrés Carrasco, quien estuvo inmerso en las discusiones parlamentarias, evalúa que “ha sido una experiencia positiva”.
Los artículos de plástico están en todos los aspectos de la vida, pero irónicamente tienen la batalla perdida en el escenario de los medios de comunicación, donde están asociados a la devastación del planeta.
Los analistas económicos de la firma Deloitte reportan que el consumo interno de plásticos tuvo en 2018 un valor en dólares de 548 millones. La importación da una idea de las piezas que circulan en la vida económica del Uruguay: 75 millones en tapas, tapones y placas; 41 millones en artículos para la construcción; 30 millones para el calzado de plástico y caucho; y 55 millones más en unidades de diversas formas. Los 201 millones del total en importaciones fueron la constante en toda la década.
Las implicaciones de la Ley General de Residuos
La industria de los plásticos, que empleaba antes de la crisis del coronavirus a unas 3.700 personas, está sujeta a una legislación ambiental cada vez más exigente. La Ley 19.829 o Ley General de Residuos es una norma que se propone proteger el ambiente y promover un modelo de desarrollo sostenible, previniendo y reduciendo “el impacto negativo” de la generación y manejo de los desechos. Pero además impone un nuevo tributo a las empresas que pongan en el mercado nacional piezas de plástico, algo que fue resistido por el sector empresarial durante el debate en el proceso legislativo, porque supone un factor de encarecimiento de las mercancías que producen o importan.
La discusión en el Parlamento de la Ley General de Residuos duró tres años. El día de la aprobación, el 11 de septiembre de 2019, quedó delineada la intención del gobierno del Frente Amplio, cuyo criterio prevaleció en el documento final. “En cuanto a los residuos especiales, el enfoque se centró en los materiales de un solo uso. Se estableció un mecanismo de tributo ambiental a las empresas que opten por este tipo de insumos, con el objetivo de desestimular su uso y favorecer los materiales más amigables con el ambiente. En el caso de los envases lo que queremos es promover la retornabilidad”, dijo el entonces titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario.
Carrasco, que participó en los debates de la Ley General de Residuos, se opuso a la creación del nuevo impuesto, argumentando que “con esta ley, al medio ambiente se le está poniendo precio, es decir, pago por lo que contamino y me desligo del problema”. Y esto, considera, es “un mal concepto”.
Un ejemplo de lo que vendría para los consumidores es pagar por los artículos de empaque en el supermercado. “En definitiva va a significar un aumento en los precios, porque no hay sustituto para, por ejemplo, una bandeja para colocar un trozo de carne; cualquiera sería más caro”, dice el abogado ambientalista, Jorge Pereyra, asesor de los industriales del sector.
“Nosotros creemos que más impuestos el Uruguay no resiste”, afirma Pereyra. En su lugar podría implementarse una política de Estado que eduque y propicie la separación de los plásticos desde casa, porque “la bandeja, no por ser de un solo uso está impedida de volver a la vida útil” y ser parte de una economía circular de reciclaje o reutilización.
Interrogantes y problemas de competencia
La recién aprobada Ley de Urgente Consideración prevé la creación de un Ministerio de Ambiente. Esto ocurrirá en momentos en que la Ley General de Residuos debe ser reglamentada, reabriendo la interrogante sobre el futuro del impuesto estipulado.
En el sector hay unas 230 empresas y de ellas, solo seis están en el rango de las “grandes”, con más de 100 trabajadores; 40 son medianas, con 20 a 99 trabajadores; y el resto pequeñas y micro. En 2010 había 284 empresas que empleaban a 5.612 personas. La AUIP dice la base estructural de sus problemas reside en “el costo país”, mermando la capacidad de competencia de la industria nacional frente al exterior. En la última década, reporta Uruguay XXI, las importaciones han sido mayores a las exportaciones.
Con la industria en esas condiciones, Romáriz ve como una ironía que mientras las bolsas “camiseta” fueron condenadas a la desaparición, en las biodegradables los consumidores guardan empaques plásticos de toda clase, grandes y pequeños, a los que no se les impone un tributo ni se les prevé reutilización o reciclaje. Ni siquiera, afirma, se tiene la certeza de que los envoltorios plásticos con alimentos cumplan las reglas sanitarias exigidas desde hace 14 años a los empresarios uruguayos que exportan a países del Mercado Común del Sur. “Eso es competencia desleal”, advirtió.
