Nació y creció en Montevideo, pero siempre se sintió atraído por el campo. Con el tiempo encontró en la economía su mayor vocación. Es ingeniero agrónomo y economista agrícola, y desde hace varias décadas se desempeña como productor ganadero y forestal. También trabajó en políticas públicas en la OPP. En diálogo con La Mañana, el especialista repasó su larga trayectoria y conversó sobre la realidad actual del agro y los principales desafíos que tiene el país hacia el futuro, entre otros temas.
Usted estudió en la Universidad de California en Davis, reconocida como la primera facultad de ciencias agrarias del mundo, ¿cómo fue esa experiencia?
En ese momento fui un privilegiado, pude acceder a un programa de la Comisión Fulbright (Hubert Humphrey Fellowship). Debo agradecer a los Estados Unidos por haber costeado mi formación de posgrado, en un programa que alternó estudios y visitas profesionales.
Eso permitió en lo sucesivo ser útil, por ejemplo, para lograr la cooperación norteamericana en múltiples aspectos del desarrollo nacional. Uno de ellos se refirió al inicio de los estudios para el aprovechamiento de la quema de cáscara de arroz para generar electricidad, a través de una donación de la United States Trade and Development Agency.
Allí tuve excelentes profesores, pero, ante todo, una experiencia de vida. Quienes hemos vivido alguna vez en países que funcionan, conocemos la importancia que tiene la transformación del nuestro y volvemos con un compromiso con nosotros mismos por el resto de la vida, es una deuda que adquirimos con nuestros propios hijos.
Además, conocer in situ la expansión agrícola californiana significó una inspiración trascendente. Eso fue de fundamental importancia en mis tareas como director del Penta (Programa de Exportaciones No Tradicionales Agropecuarias) y como miembro de la Junta Nacional de la Granja.
También presidió la Comisión Sectorial del Arroz. ¿Cómo recuerda su experiencia en ese ámbito?
En esos momentos constituía la base del sistema arrocero integrado. Yo ya conocía el sector, pero no la dinámica de su funcionamiento institucional. Hacerlo despertó en mí no solo admiración por lo logrado por gente excepcional como Ricardo Ferrés Terra, sino también el deseo de colaborar en su crecimiento.
Fue una parte muy importante de mi vida profesional y allí conocí gente maravillosa. Descubrí que un peón agrícola podía volverse primero productor de arroz y luego empresario importante. Eso me reafirmó que es un sector que premia el trabajo y el emprendedurismo.
¿Qué importancia tiene ese sistema?
La búsqueda de la cooperación no ha sido suficientemente exitosa en carnes, lanas, quizás parcialmente en leche, pero debe continuarse. En la leche podrían aplicarse sistemas tendientes a esa cooperación, pero choca contra una crisis de gerenciamiento importante, derivada de gremios que en los hechos pretenden incidir en la misma.
¿Cómo se negocia el precio del arroz?
Se acuerda en una negociación entre la Gremial de Molinos Arroceros y la Asociación Cultivadores de Arroz. La transparencia de la información de mercados a través de la Comisión Sectorial del Arroz hace el resto. Cada uno conoce sus costos y tiene un contrato que los vincula; la mercadería se entrega con precio aún no conocido, el cual se fija a posteriori en función de parámetros como el valor de las exportaciones y los costos industriales.
Es productor ganadero y también forestal. ¿Qué análisis hace del avance de la forestación en nuestro país?
Entré en el sector antes de la aprobación de la ley forestal y sus subsidios. Veía un gran potencial de crecimiento en los árboles y explotaba tierras de muy baja productividad ganadera y nula productividad agrícola. La forestación permitió redescubrir esas tierras, darles valor, demandar mano de obra y transformar áreas enteras del territorio nacional.
Lamentablemente, algunas circunstancias del país, como el alto costo energético, la baja productividad, la alta conflictividad de la mano de obra, la inflexibilidad laboral y las regulaciones de la construcción, han impedido un adecuado desarrollo de la industria manufacturera, asistiendo a la exportación de pino en rolos sin posibilidad económica de aprovechamiento nacional. De esta forma, se va reafirmando un modelo basado casi exclusivamente en la pulpa de celulosa, que no es lo más conveniente.
Últimamente hemos visto un enorme esfuerzo en el Ministerio de Vivienda por autorizar métodos alternativos de construcción, lo que promoverá la industrialización local de madera de aserrío. No obstante, hasta solucionar los otros dos temas –energía y mano de obra- no espero cambios sustantivos.
¿Cómo evalúa la situación actual del agro?
Si lo miramos integrado con las agroindustrias, diría que los costos industriales –por inflexibilidad laboral, falta de incentivos, costos de energía, entre otros- son muy altos. Esto deriva en la caída de rentabilidad de sectores primarios enteros como carne y leche, que deben procesar sus productos para llegar a los mercados. En consecuencia, se frena su desarrollo y se compromete, sobre todo, a las pequeñas industrias lácteas del interior, varias de las cuales ya han caído. En lo ganadero seguimos con indicadores de producción que no avanzan lo suficiente a diferencia de la agricultura y la lechería.
Asimismo, la institucionalidad agropecuaria fue diseñada para otro mundo que se movía a otra velocidad. A mi juicio es urgente su completa revisión, así como también la de los fondos que aportamos, muchos de los cuales son vertidos a rentas generales en lugar de cumplir el objetivo para el cual fueron creados.
¿La producción agropecuaria hoy es rentable? ¿Qué puede decir al respecto?
Algunos rubros tienen situaciones claramente positivas, como el arroz –pero después de años de debacle, por lo que debe recomponer equipos y capital de giro-, y otros, claramente negativas, como la lana, con ausencia total de operaciones, salvo lanas inferiores a 22 micras, lo que determina dos zafras sin vender.
La ganadería constituye una actividad de largo plazo y no se determinan sus resultados año a año como pasa con los cultivos; si bien hoy tiene buenos precios, no los tenía un mes atrás. Y no ha tenido la suficiente rentabilidad y estabilidad para incorporar más tecnología. La lechería muestra cómo aumenta la producción, pero disminuyen los productores lecheros y la industria en muchos casos enfrenta dificultades.
Hay quienes afirman que el PBI agropecuario y la mano de obra que este ocupa son muy limitados. ¿Qué opinión le merece esta apreciación?
Si al PBI agropecuario se le agregan los rubros que dependen íntegramente del agro, este aumenta y la población ocupada también. Debería añadirse, por ejemplo, la porción de transporte y comunicaciones que corresponda, la de producción de energía, los comercios, la industria fabricante de insumos, los servicios portuarios y financieros, y otras tantas para llegar finalmente a cifras muy superiores.
Lo mismo con la mano de obra; se habla de la rural exclusivamente, pero está claro que los servicios del interior también la demandan, pues atienden las necesidades de esos trabajadores y empresas rurales y por tanto dependen íntegramente de un agro pujante.
Otro mito urbano es que el agro paga pocos impuestos. ¿Es así?
Diría que es cierto en términos técnicos, pero no lo es en cuanto al aporte a la comunidad. La Oficina de Programación y Política Agropecuaria publica anualmente el monto pago, el que entre los años 2016 y 2020 osciló de 260 a 320 millones de dólares. De ellos, unos 150 son impuestos ciegos a la tierra, unos 100 constituyen impuestos a la renta y unos 30 son impuestos indirectos –la mayoría de estos últimos se devuelve al exportador-.
Esto surge como muy bajo comparado a lo aportado por otros sectores y especialmente por el consumo, pero debe considerarse que cuando hablamos de recaudación de IVA o IRPF, también estamos hablando de impuestos que paga la población involucrada en producción, industrialización, transporte y exportación de productos agropecuarios, por lo cual, cierta parte de los mismos proviene del agro.
Más claro aún es si tomamos en cuenta transferencias, que, si bien técnicamente no son impuestos, operan como tales, es decir, alguien los paga y alguien se beneficia. Un caso claro es el fideicomiso del boleto.
Por más de 30 años trabajó en políticas públicas desde la OPP. ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes que se llevó?
La falta de evaluación de las políticas y el poco compromiso entre el deseo político y la realidad de las normas. Vi cómo argumentando la defensa de ciertos sectores, en definitiva, se perjudicaba más la situación del país. Ejemplos hay miles, pero claramente dos que se votaron casi por unanimidad: la ley de biocombustibles y la reforma de la seguridad social de 2008.
¿Cómo ha visto las políticas llevadas a cabo por los últimos gobiernos?
Sobre los últimos 15 años no tengo muchos halagos. Se reformaron la mayoría de las políticas, no solo las agrarias, también las de recursos humanos, las previsionales, las educativas, las impositivas, las de seguridad, las de salud pública.
Se agotó un esquema de crecimiento basado en el gasto y en el consumo y desde el 2014 el país está estancado. Claramente asistimos a un fracaso de ese modelo de políticas: lo vemos en la falta de crecimiento, el tamaño del déficit fiscal, la inflación, el desempleo, el número de pobres, la informalidad, la población con carencias y la cantidad de compatriotas viviendo en asentamientos.
¿Y qué opinión tiene sobre las políticas del actual gobierno?
Veo que se encuentra postergando las reformas estructurales que el país debe afrontar para poder crecer y tener justicia social. El covid-19 dificulta, pero no debería imposibilitar. Muchos países del mundo afrontan la pandemia, pero no aflojan su impulso hacia el desarrollo. Se necesita un equipo de gobierno más ejecutivo.
En primer lugar, los plazos deberían ser inmediatos, se tendrían que lograr cambios estructurales en los mercados más trascendentes, de modo de dar condiciones de competencia. Para ello, veo con buenos ojos que el país contrate endeudamiento para el período de transición, por ejemplo, algunos costos sociales vinculados con la desmonopolización del combustible.
Desgraciadamente, y dada la enorme cantidad de contratos eólicos y su descomunal precio, poco puede hacerse para volver a UTE más eficiente, pero quizás esos costos no deberían pagarlos algunos usuarios si pretendemos regar, aumentar la producción y a su turno vender más energía eléctrica.
¿Qué piensa acerca de la ley de promoción de inversiones?
Creo que se ha aplicado en forma demasiado generosa por mucho tiempo, encontrándose recién ahora en un proceso de revisión a través de algunas normas que la Comap está cambiando. El sistema debería ser revisado, pues la renuncia fiscal que el país realiza es muy importante y como consecuencia debe tolerarse un excesivo nivel tributario sobre otras áreas de la economía.
Una de las cosas que me asombró fue la ausencia total de criterios de análisis de la inversión pública durante los gobiernos anteriores. Cuando yo me retiré de la OPP en 2012 se hablaba de instaurar un sistema nacional de inversión pública, pero nunca se llegó a implementar. Lo malo es que el país ya había tenido un sistema en los 90 –yo había sido su coordinador- y era muy riguroso, lo que llevó en su momento a una mejora de la inversión y sus resultados. Me informaron que ahora se está buscando transitar por ese camino.
¿Cree que el precio de la energía ha frenado alguna incorporación tecnológica?
Sin duda, y el riego es la más notoria. Paralelamente, ha frenado la agricultura en las áreas lejanas a los puertos, dado el altísimo costo de los fletes. La energía cara la está pagando el país en términos de desarrollo, la pagan los desempleados a través de la falta de oportunidades de empleo, la paga el fisco a través de menor base tributaria –empresas y producción-.
Cuando se examina el tema de los combustibles, por ejemplo, se menciona como posibles perdedores a unos pocos habitantes asociados a Ancap y sus privilegios –portland, distribución y expendio de combustibles, biocombustibles y demás- mientras que, por otra parte, no se consideran los sectores postergados, la producción que no se obtiene, la exportación que no se realiza. No creo que la LUC solucione el problema; a mi juicio, debería reestudiarse.
Ha habido una mala política energética que ha logrado en los hechos que el Uruguay se “primarice”; el procesamiento se vuelve imposible y la incorporación de mano de obra se dificulta por la rigidez. Fíjese que, si hoy hay condiciones para contratar más gente en un sector y mañana cambia el viento, usted no puede disminuir el número de trabajadores, pues entra en conflictos. Eso significa malas políticas laborales. Ni una cosa ni la otra han sido corregidas aún por el actual gobierno.
Si bien se ha congelado por la vía de los hechos el precio del gasoil, no ha habido cambios importantes en Ancap, no cerró ni vendió subsidiarias, sigue contratando la siembra de canola para biodiesel, no resolvió el tema del portland ni eliminó costos de su propia distribución ni de la que contrata.
¿Qué lugar ocupa el gremialismo en su vida? ¿Qué implica para usted participar en la Sociedad Rural de Río Negro y la Federación Rural?
Cuando me retiré de una vida profesional que había sido bastante activa, decidí seguir trabajando activamente en aquellos ámbitos en que tenía vocación, y ellos eran las políticas públicas y la producción agropecuaria. Definí que también podía colaborar en políticas públicas a través del gremialismo y que ese era el camino, mientras que, a la vez, seguía con la producción agropecuaria. Ambas instituciones me recibieron con los brazos abiertos y me dieron la oportunidad de trabajar en ello.
Un trayecto de vida
Carlos Rey es hijo de padre médico y madre ama de casa y es nieto de inmigrantes. Se crio con educación cristiana e integrado a un barrio de trabajo. “Siempre había escuchado el mensaje de que el estudio era el único capital que recibiríamos, los cuatro hermanos optamos por carreras universitarias; yo, por la agronomía”.
Se graduó de ingeniero agrónomo de la Universidad de la República y economista agrícola de la Universidad de California, es productor ganadero desde hace más de 40 años y forestal desde antes de la ley forestal y sus subsidios.
Ha trabajado más de 30 años en políticas públicas desde la Oficina de Planeamiento y es consultor en diferentes actividades del sector agropecuario. Entre otras cosas presidió la Comisión Sectorial del Arroz, formó parte del directorio de la Junta Nacional de la Granja, participó en negociaciones internacionales y dirigió la política de inversiones del país.
Desde su retiro del sector público participa en el gremialismo en la Sociedad Rural de Río Negro y la Federación Rural.
“El campo siempre me despertó atracción dentro de mi extracción 100% urbana, quizás por eso, por la falta de contacto con un medio que sentía lejano y atractivo a la vez. Con el tiempo encontré en la economía mi mayor vocación. Descubrí que la economía no es sobre dinero, sino sobre cómo administrar recursos escasos. La vida, el tiempo y la salud también lo son”, aseguró Rey.
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