La Comisión Especial de Senado analiza desde el pasado lunes el articulado de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Mientras tanto, en la cámara de Diputados, los partidos menores con representación parlamentaria toman postura sobre los distintos aspectos vinculados a la LUC.
Luego de que el Senado votara negativamente la moción que propusieron los legisladores del Frente Amplio (FA) -para quitarle el carácter de urgente a la Ley de Urgente Consideración (LUC)-, el pasado lunes 4 comenzó el tratamiento del articulado de la LUC por parte de la Comisión Especial de la cámara alta. La misma está compuesta por quince miembros: ocho senadores de la coalición de gobierno (cinco blancos, dos colorados y un cabildante) y siete del FA por la oposición.
Además, desde el 27 de abril los jerarcas ministeriales mantienen reuniones con un grupo de legisladores (senadores y diputados) de la coalición para exponer y defender aquellos artículos del texto que son de su competencia institucional. En una larga jornada, los miembros del gabinete ministerial acordaron con los parlamentarios la creación de grupos de trabajo para los grandes temas de la ley.
Por ejemplo, se creó un grupo de trabajo para analizar los primeros 114 artículos de la ley que son los relativos a seguridad pública; según afirmó el ministro del Interior Jorge Larrañaga tras reunirse con los legisladores, “para ir avanzando en algunas definiciones o puntos que siempre presentan diferencias de concepto, de redacción o de incorporación”. Como el tiempo corre y es escaso, Larrañaga justificó dicha metodología de trabajo “para agilizar todo ese proceso antes de la comparecencia del Ministerio del Interior ante la Comisión del Senado”.
Por otra parte, el Partido de la Gente (PG), el Partido Independiente (PI) y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), que cuentan solamente con representación en la Cámara de Diputados, participan de las negociaciones con la bancada nacionalista y el Poder Ejecutivo, intentando depurar los contrapuntos.
En diálogo con La Mañana, el diputado del PI, Iván Posada -participante de estas instancias de diálogo- comentó que su partido tiene diferencias en varios de los 501 artículos que contiene el proyecto de ley. Algunos de ellos que ya estaban incluidos en el borrador y otros artículos que fueron agregados con posterioridad. En total, su partido tiene diferencias en artículos de nueve secciones del proyecto: sección I (Seguridad Pública), II (Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado), IV (Economía y Empresas Públicas), V (Eficiencia del Estado), VI (Sector Agropecuario) VII (Relaciones Laborales y Seguridad Social, VIII (Desarrollo Social y Salud), X (Modificaciones al Código Civil) y XI (Otras Disposiciones).
Artículos en los que discrepa el PI sobre seguridad y libertad financiera
Según dijo el parlamentario, mientras la Comisión Especial del Senado empieza a tratar la ley, en la coalición “vamos a seguir funcionando en paralelo, tratando de aunar criterios y acuerdos frente a aquellos aspectos en los que hay diferencias. En algunos casos se van encontrar acuerdos y en otros no, y ahí cada cual quedará liberado a votar lo que a su juicio entienda”. Por ejemplo en la materia penal.
Posada aseguró que el PI no acompañará los artículos 4, 11 y 17 de la sección I del texto, relativos a seguridad. “Nosotros tenemos diferencias en las normas penales y con un inciso sobre legítima defensa que no estaba en el anteproyecto”, ya que el mismo surgió de “negociaciones entre el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN) durante la previa a la formulación del proyecto final”, sostuvo.
El diputado manifestó que se incorporó un inciso en el artículo n° 1 que “a nuestro juicio desvirtúa totalmente la legítima defensa”. “Lo que agregaron en el literal B, como un segundo inciso del artículo primero, en realidad lo que hace es establecer una nueva redacción del artículo 26 de legítima defensa”.
Sobre lo referido en literal B: cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende, Posada entiende que “es una conceptualización grave, porque da lugar a la justicia por mano propia”. Según el legislador independiente “para que exista legítima defensa tiene que haber agresión ilegítima. Y acá lo que te dice es que, aunque no haya agresión o ya hubiera concluido se debe valorar la necesidad racional del medio empleado en función del patrimonio” medida que a Posada le parece que “es un exceso” de la norma.
También discrepa sobre el artículo n° 11, relativo al agravio a la autoridad policial, artículo que dice que el que obstaculice, menosprecie, agravie, atente, arroje objetos, amenace, menoscabe, insulte o afrente, por palabras, escritos o hechos, a un funcionario policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de 3 a 12 meses de prisión. Para Posada esta medida “es un disparate” ya que “de alguna manera es un delito de opinión”. “Utiliza una serie de verbos que al final hasta la opinión sobre la policía podría estar dando lugar a cometer un delito” advirtió el legislador independiente.
Según Posada, mientras la Comisión Especial del Senado empieza a tratar la ley, en la coalición “vamos a seguir funcionando en paralelo, tratando de aunar criterios y acuerdos frente a aquellos aspectos en los que hay diferencias.
Sobre el artículo n° 4 (Resistencia al arresto) el diputado entiende que debe ser considerado como un “agravante” del delito de desacato. “Así lo presentamos nosotros pero lo rechazaron, y lo quieren poner como delito autónomo”, dijo.
Asimismo, afirmó que mantienen muchas diferencias en el capítulo de libertad financiera. Posada entiende que en el proyecto “hay una contradicción” porque “en toda la parte de seguridad se juzgan mucho más severamente con mayores penas mínimas, o se aumentan las mínimas, sobre todo en los delitos de tráfico de estupefaciente, pero en la en la parte de libertad financiera habilitas transacciones con dinero en efectivo de hasta 100 mil dólares”. “Estás abriendo un campo al lavado de dinero generado en actividades ilícitas que es insólito, no tiene sentido”, alertó Posada.
El diputado agregó que esta medida “además nos pone en problemas con la GAFI -coordinación intergubernamental de la OCDE- porque claramente por el artículo 220 vamos a quedar en infracción”. “Hay una serie de cosas que me parece que el Poder Ejecutivo no se ha hecho una composición de lugar de que Uruguay es un tomador de reglas internacionales. Nosotros no establecemos las reglas, nos la fijan, y en el relacionamiento para un país que tiene una estrategia de relacionamiento comercial de inserción internacional, esas reglas las tenés que cumplir, y si no las cumplís estás afuera del mercado, estás sancionado”, sostuvo.
500 y 501: los últimos artículos del proyecto que causaron polémica
La normativa que modifica cómo se ingresan los terrenos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) no estaban en el anteproyecto de la LUC presentado en enero y fueron incluidos por iniciativa del Poder Ejecutivo a último momento. Los cambios que establecen estos artículos es que para que un área privada se incorpore al SNAP el Poder Ejecutivo deberá tener el consentimiento del propietario de la tierra. En caso de que el dueño no quiera anexarlo como área protegida, el artículo del proyecto de ley habilita a la expropiación del mismo.
Posada dijo que no apoyará los artículos y pedirá que se saquen de la LUC ya que “van en sentido contrario a lo que debe realizarse en materia de áreas protegidas”. Por su parte, el diputado César Vega del PERI, indicó a La Mañana que tampoco acompañarán estas nuevas medidas sobre áreas protegidas. A Vega, si bien le parece positivo que, al expropiar, el Estado se queda con esa área, en la práctica “seguramente no se expropie nada” por falta de recursos económicos.
Ramiro Pereira de la Asociación Uruguaya de Guardaparques (AUG), dijo a La Diaria que en los años que lleva funcionando el SNAP “nunca se expropió nada, ni una hectárea de campo para las áreas protegidas”; y en las ocasiones en que se intentó “las experiencias fueron negativas y no se logró culminar el proceso” aseguró. La AUG ya juntó siete mil firmas para que no se modifique la legislación. Por su parte, la ONG Vida Silvestre expresó el miércoles pasado en un comunicado que con esta modificación del Poder Ejecutivo se “paraliza completamente la viabilidad de la protección ambiental en predios privados”.
Vega manifestó que en estos días conversará sobre el tema con los socios de la coalición. A su vez se reunirá con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, por diferentes asuntos que prefirió no precisar.
PERI en desacuerdo con desmonopolización de Ancap
El diputado ecologista señaló no estar de acuerdo con la desmonopolización, pero sí con “revisar la estructura de costos de Ancap, lo cual implica revisar el costo del combustible”.
Desde hace una semana el PN mantiene negociaciones con sus socios de la coalición para encontrar una solución alternativa a la redacción del artículo 230 sobre la desmonopolización de los combustibles. Uno de los ítems que más contraposición generó en los cuatro partidos políticos que acompañan al PN.
Los senadores nacionalistas plantearon a los coordinadores de las otras bancadas de la coalición de gobierno dar un nuevo sentido al artículo 230, que establezca los mecanismos necesarios para tener “un precio adecuado de los combustibles”.
En comparecencia ante el grupo de legisladores de las comisiones, el ministro de Industria, Omar Paganini, manifestó que se requiere de la creación de incentivos para mejorar la eficiencia de Ancap. “El objetivo es pasar a un esquema donde haya incentivos para bajar los costos de los combustibles”, sostuvo Paganini.
