En la madrugada del jueves cuatro adultos mayores fallecieron por causa de un incendio que se originó en un residencial de la Blanqueada. El local no estaba registrado en el MSP ni en el Mides, y tampoco contaba con habilitación de bomberos. Por otro lado, se investiga una millonaria red de estafas de ancianos de residenciales mediante solicitud de préstamos.
Cuando los bomberos llegaron al residencial “La vida es bella”, ubicado en Centenario y Av. Italia, las llamas se propagaban con fuerza desde una habitación en planta baja. De los veinte residentes, cuatro murieron y otro está muy grave. El local tenía vencido desde 2017 la habilitación de bomberos y no estaba registrado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) ni por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que trabaja en reubicar a los ancianos afectados.
En la semana dos octogenarias murieron a causas de incendios domésticos. El viernes una mujer de 84 años falleció al prenderse fuego su casa en La Floresta y el miércoles le ocurrió lo mismo a una mujer de 80 años en el barrio Belvedere. En lo que va del año 33 personas murieron a causa de incendios habitacionales.
Preocupación por situación de residenciales
La Dra. Aída Lessa explicó a La Mañana la diferencia entre residenciales y hogares de ancianos. “Los residenciales son todos con fines de lucro y los hogares no”, ya que “se manejan con una comisión directiva que es honoraria y se financian con el BPS, MSP, las intendencias y las fuerzas vivas de cada lugar”. Lessa dijo que cuando se aprobó la Ley 17.066 (1999), que estableció las condiciones mínimas para la habilitación, las competencias de contralor y las posibles sanciones a establecimientos de cuidados para personas mayores, “solo había tres inspectores del MSP para fiscalizar todos los residenciales” que funcionaban en el país. La geriatra indicó que aún no se han “apuntalado políticas hacia personas mayores”.
A fines de abril (a raíz de brotes de covid-19 ocurridos en tres centros geriátricos) el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, informó que según el informe del Mides de marzo 2020, solo estaban habilitados 41 de los 1.208 residenciales registrados donde viven más de 15 mil adultos mayores en todo el país. En ese momento se decidió fiscalizar y realizar un testeo masivo en 208 residenciales que estaban en situación “crítica”, de los cuales 110, advirtió, estaban “por debajo del respeto de los derechos humanos”. Por su parte, el titular del Mides, Pablo Bartol, señaló que detrás de esas cifras se esconden “historias espeluznantes”.
En julio se conoció una resolución judicial, por un pedido del fiscal Daniel Gutiérrez en setiembre de 2019, en la que se sentencia al MSP y al Mides a intimar a los residenciales de ancianos de Montevideo a que regularicen su habilitación. En esa línea, el abogado Juan Ceretta, director de la Clínica de Litigio Estratégico (CLE) de la Facultad de Derecho, anunció que iniciarán acciones legales para solicitar que el Estado “cumpla con los derechos humanos” de las personas mayores.
Si bien el Mides todavía no presentó las cifras oficiales sobre la última inspección en los residenciales, el CLE realizó un pedido de información pública a la División de Regulación de Inmayores, sobre la situación de 34 Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores de Montevideo en estado de “riesgo inminente” que fueron fiscalizados en conjunto por el Mides y el MSP desde finales de abril.
Según los datos brindados, el CLE advierte que en 14 establecimientos viven hacinados (un local ni siquiera tiene suficientes camas para sus residentes). Se constató que en 14 residenciales había medidas de sujeción (ataduras) de personas, en 4 había cámaras de video-vigilancia en dormitorios o baños, mientras que en uno de los locales fiscalizados había candados en las puertas. Por otra parte, en 23 de los 34 centros, la reserva de alimentos era “insuficiente”, en 12 había malas condiciones edilicias, y en 10 la higiene también era “mala”.
Directora de BPS denunció presunta organización que estafaba ancianos
Araceli Desiderio dijo a La Mañana que cuando entró a BPS empezó a tomar conocimiento de ciertas cosas y le llamó la atención “la cantidad de poderes (notariales) que tienen algunas personas, lo cual no me parecía para nada lógico, ya que no eran parientes ni tenían relación”. La directora de BPS desde junio de 2020, manifestó que hizo la denuncia de un caso específico de una persona que tenía 571 poderes.
“Esto no es algo nuevo”, según Desiderio. “Mucha gente lo sabe, pero nadie lo dijo”, incluso “hay gente que tiene más poderes” registrados en BPS a su nombre. De la persona –denunciada en Delitos Complejos- “hay poderes desde 1985” y se relacionaba con ancianos de siete residenciales de Montevideo y Canelones.
Desiderio explicó que el modus operandi es mediante la “captación”, en las inmediaciones de los centros de salud, “de ancianos que no tienen familia”, que son llevados a un residencial, donde al ingreso les hacen firmar un poder ante una escribana “que siempre es la misma”, en el que comprometen su dinero.
A la directora de BPS le llamó la atención que estas personas “tenían préstamos cada dos meses, y seis o siete préstamos en el año, lo cual no me cerraba porque por ley tenés que quedarte con un 30% de la jubilación, entonces me resultaba rarísimo”. Pero detectó que esta gente “hace una calesita con todos los poderes”, debido a que “cuando van a sacar un préstamo total cancelan el anterior”. Se estima que la gestora denunciada solicitó 201 préstamos entre 2017 y 2019, a nombre de un total de 66 víctimas que hasta el momento fueron identificadas.
Desiderio mencionó que está trabajando con Fiscalía, Mides, MSP, IMM y psicólogos de la Facultad de Psicología, sobre cómo proteger al adulto mayor. Desde 2017 Fiscalía recibió unas 2.700 denuncias de estafas a personas mayores. “Fiscalía lo que puede hacer es trabajar luego de cometido el delito, pero no así en la posibilidad de prevenirlo, y eso se nos solicitó”, señaló la directora del ente. Desde BPS lo que se tiene que hacer es “buscar el mecanismo legal para que estas personas no puedan presentar esa cantidad de poderes”, sostuvo Desiderio. Lessa, durante años en BPS, indicó que en su momento se intentó legislar, pero no prosperó porque decían que “se atentaba contra el derecho de la persona mayor”.
Convenio de salud para atención de residenciales a raíz del covid-19
Desde mayo está en marcha un convenio entre el MSP, instituciones médicas y seguros privados, la Cámara de Emergencia Prehospitalaria, ASSE, Fepremi y las emergencias móviles con el objetivo de combatir la propagación del covid-19. Según explicó el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, dicho convenio implica que la atención de los pacientes de los residenciales de ancianos sea dividida entre prestadores públicos y privados, según el porcentaje de adultos mayores.
Si bien, el referido acuerdo prevé que todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud asuman un rol activo en la atención de los adultos mayores, el ministro de Salud, Daniel Salinas, manifestó que el MSP “tomó oportunamente el control de los establecimientos de larga estadía de personas mayores”.
Salinas se reunió con sindicato de enfermeros
Según informó a La Mañana Alejandro Pradie, vicepresidente del Sindicato Único de Enfermeros del Uruguay (SUEU) -que no está afiliado al Pit-Cnt-, el pasado jueves 20 mantuvieron una reunión de una hora con el jerarca de Salud Pública. El SUEU, solicitó tener representación debido a que son el “único sindicato solo de enfermeros”. Además, los otros gremios “no nos representan”, sostuvo Pradie.
Sobre la marcha del “4 y 2”, del pasado 10 de agosto, donde un grupo de enfermeros reclamó la modificación en el régimen de días de descanso, Pradie dijo estar de acuerdo pero que “el problema no es solo descansar más”. La principal demanda que le plantearon al ministro tiene que ver con la legalidad del trabajo de los auxiliares de enfermería. “Nosotros queremos el reconocimiento como enfermeros, para estar dentro de un marco legal”, ya que la Ley 18.815 “habla sobre los licenciados de enfermería, pero no del auxiliar de enfermería”. “Nosotros no auxiliamos a nadie”, el ejemplo claro es “cuando trabajamos en una ambulancia, va el auxiliar de enfermería y el médico”, dijo. De acuerdo a Pradie, “el ministro lo entendió, y nos dio la oportunidad de abrir una mesa y empezar a trabajar en lo referente a eso”.
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