El tema de las ollas populares se ha reactivado y todo indica que desde el gobierno se planea reimpulsarlas. El pasado 11 de abril, representantes de coordinadoras de ollas populares se manifestaron en la Plaza Independencia exigiendo más apoyo del gobierno. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, bajó hasta la plaza y dialogó con ellos. Ante los reclamos, Sánchez dijo: “Acá, somos todos iguales, porque yo me crie en la Gruta de Lourdes, mi madre vive en la Gruta de Lourdes y mis hermanos viven en la Gruta de Lourdes. Yo me crie en un carro y un caballo, yendo a trabajar”. Y agregó: “Ahora, tengo una responsabilidad política de un gobierno que asumió el 1º de marzo, lleva 30 días y está empezando a tomar decisiones y a hacer cosas. En 30 días no se pueden resolver todos los problemas. Ningún problema se puede resolver en 30 días”. También les indicó que el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) estaba realizando licitaciones para comprar alimentos “y los pueda repartir en las ollas populares”. Ese mismo día, el presidente Yamandú Orsi dispuso que se aumentaran las partidas monetarias para el INDA.
Mientras tanto, la flamante presidenta del INDA, Micaela Melgar (exdiputada del Partido Comunista), señalaba que estaban coordinando con las ollas populares para ampliar el apoyo que reciben desde el Estado. Este se canaliza mayormente desde la Intendencia de Montevideo, pero la idea es que sea el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) quien se haga cargo. “La voluntad es trabajar para que los apoyos que está brindando la Intendencia de Montevideo los brinde el gobierno nacional”, decía Melgar en marzo al programa Justos y pecadores de la estatal Radio Uruguay. Sobre este punto, sostuvo: “Fue una decisión de la comuna capitalina brindar apoyos en ausencia del gobierno nacional. El Mides se quiere hacer cargo y es un trabajo que va a requerir mucha logística. Estamos hablando de más de doscientas ollas populares. Estamos trabajando con la Intendencia desde el primer día que asumimos, todo el tiempo en coordinación, en comunicación, para hacer esa logística”.
“La Intendencia nunca concurrió”
En diálogo con La Mañana, Ignacio Elgue, exdirector del INDA, se refirió a las políticas de la nueva administración del organismo. Manifestó que, durante su gestión, el Mides buscó coordinar con la Intendencia de Montevideo para abordar el tema de la alimentación, pero “nunca concurrieron”. Explicó que la Intendencia optó por trabajar de manera independiente, siguiendo “un camino paralelo” en lugar de colaborar con los diferentes niveles de gobierno. Tras varios intentos fallidos de coordinación, el Ministerio continuó con sus propias iniciativas, implementando el Plan de Alimentación Territorial (PAT) y abriendo comedores que distribuían “10.000 platos por día” a nivel nacional. El PAT es un sistema mediante el cual, a través de una serie de camionetas, se distribuyen comidas ya preparadas.
En relación con las ollas populares, Elgue expresó que la experiencia del Ministerio fue negativa debido a la falta de transparencia en la gestión de los recursos. Indicó que los alimentos se entregaban a través de una organización vinculada a la Coordinadora de Ollas, pero “no sabíamos ni a quién le estábamos dando, ni dónde, ni los días que habría alimentos”. Afirmó que la Coordinadora se negó a proporcionar información sobre los beneficiarios o el funcionamiento de las ollas, argumentando que era “un tema político” y dijo que, durante la pandemia, “algunas ollas operaban en comités de base del Frente Amplio y realizaban manifestaciones políticas”, lo que generó cuestionamientos sobre su manejo. Una investigación realizada por la Gestión Territorial de Montevideo del Mides identificó “un montón de irregularidades” en las ollas, las cuales fueron presentadas a la Justicia, aunque “la Justicia nunca actuó”.
A su vez, sostuvo que la Intendencia de Montevideo apoyó las ollas populares a través del Plan ABC, gestionado por organismos como las alcaldías. Sin embargo, expresó que el alcance de este apoyo era limitado, ya que “no eran las 250 ollas que había al inicio de la pandemia” y que el presupuesto de la Intendencia para las ollas no reflejaba un gasto suficiente para cubrir las necesidades de alimentación, estimando que cada persona requería al menos 100 a 200 pesos diarios en víveres, incluyendo fruta, verdura, fideos y carne. Señaló que, en algunos casos, como en el Cerro, se generaron quejas por supuestos favoritismos, ya que “el alcalde le daba a los que eran de su barra”.
“Una relación más política”
Sobre la nueva administración del INDA, Elgue manifestó que muestra un “compromiso con la Coordinadora de Ollas”, que durante la anterior administración fue una “herramienta política” opuesta al gobierno. Indicó que esta organización tiene vínculos con el Partido Comunista, el mismo partido de la actual directora del INDA, lo que “no es casualidad”. Para Elgue, la nueva administración planea reconocer y apoyar las ollas populares, pero señaló contradicciones en su discurso. Explicó que la directora Melgar ha declarado que “la gente está cansada de las ollas” tras cinco años de funcionamiento, pero al mismo tiempo propone “institucionalizar las ollas” como una solución de largo plazo. Esto, en su criterio, podría indicar que el gobierno no espera resolver los problemas de pobreza y alimentación. “Los analistas políticos ven que no va a haber un crecimiento como para poder eliminar o cambiar las grandes diferencias sociales y económicas”, dijo Elgue. Indicó que el apoyo a la Coordinadora de Ollas podría responder a su rol como “un gran aliado” con un “trabajo de bases” y que esta relación parece más política que una solución integral al problema de la inseguridad alimentaria.
Por otra parte, dice que el discurso de la nueva administración presenta contradicciones, ya que Melgar afirma que “el Estado se tiene que hacer cargo” de la alimentación, pero simultáneamente promueve el crecimiento de las ollas populares gestionadas por terceros. Esta estrategia difiere a la del PAT, que incluía tres etapas: una inicial de alimentación, seguida de proyectos de desarrollo en comedores y actividades sociales, como la formación en conocimientos culinarios o actividades comunitarias. Para Elgue se debería continuar ingresando en la etapa dos y tres ya que este programa logró reducir la inseguridad alimentaria, según encuestas del Instituto Nacional de Estadística. No obstante, este sistema enfrentó desafíos de coordinación, especialmente con el Banco de Previsión Social (BPS), para agilizar la aceptación de beneficiarios según su perfil socioeconómico. El PAT continúa bajo la nueva administración, “aunque requiere mejoras en la coordinación y un incremento de personal capacitado para desarrollar sus etapas de proyectos sociales”.
También Elgue recordó en qué situación encontró el INDA cuando asumió con la anterior administración. Tenía solo cuatro nutricionistas en el interior y, durante su gestión, se llevó a un nutricionista por departamento, fortaleciendo la capacidad técnica del organismo. Afirmó que la actual administración necesitará un “refuerzo presupuestario importante” en la próxima Rendición de Cuentas para sostener programas como el PAT y los comedores, y acotó que cerrar estos programas sería complicado debido al “reclamo social” que generaría, dado que “la situación socioeconómica no ha cambiado”.
Por otra parte, indicó que el INDA mantiene contratos con 500 organizaciones civiles a través del programa Alimentando Derechos, lo que desmiente las afirmaciones de que su gestión cortó vínculos con la sociedad civil. Finalmente, Elgue destacó la importancia de continuar midiendo la inseguridad alimentaria con datos del INE. Señaló que estas mediciones proporcionaron evidencia científica de la efectividad de los programas implementados, y expresó que la nueva administración debería mantener esta práctica para evaluar el impacto de sus políticas. Concluyó que el INDA enfrenta desafíos estructurales que requerirán un esfuerzo significativo para garantizar la continuidad de los programas de alimentación.
