En el año 1999 y con solamente una semana de experiencia como policía, Eduardo González recibió dos tiros de un delincuente, lo que lo dejó en sillas de ruedas. Desde entonces y por cuatro años desarrolló tareas administrativas dentro de la policía, hasta que por parte de terceros lo jubilaron. Hoy vive con casi $10.000 en efectivo por mes, que comparte con su madre de 75 años y su hijo de 18 años. El reclamo por un trabajo que mejore su situación es una batalla que da –aún sin éxitos– desde el año 2004.
Eduardo Soca González ingresó al cuerpo policial apenas cumplida la mayoría de edad. Siempre había querido ser policía, recordó en entrevista con La Mañana. Era algo que llevaba dentro de sí, más allá de que proviene de una familia en la cual ha habido policías y militares. Había algo que lo llamaba a incluso llegar tarde a la escuela primaria para ver desfilar a los militares. El porte de marcar el paso, su misión, latía fuerte en él. Y fue así que más adelante, luego de estar seis meses en la Escuela Departamental de Policía, egresó como agente. Su lugar destinado fue el Agrupamiento Táctico de Seguridad (ATS), una de las primeras líneas de fuego. No había realizado nunca una experiencia en una seccional y la instrucción de tiro que había recibido había sido poca.
Cuatro días después de su ingreso, Soca comenzó a planear comprar un chaleco antibalas cuando liquidara algunas deudas económicas. La calle estaba cada vez más difícil y los chalecos habían sido dirigidos a los policías que realizaban las custodias en los bancos, señaló. Eran bastantes las carencias por entonces, como los faltantes de las radios de comunicación entre los distintos policías. Pero no salir a la calle por no querer estar sin chaleco ni radio ameritaba una sanción. Quedarse preso la primera semana de trabajo era lo último que quería el joven Soca y seguramente nunca imaginó el fatídico suceso que finalmente le sucedió.
El 1 de junio de 1999 le había sido destinado realizar una recorrida entre el Túnel de 8 de Octubre y la intersección de esta avenida con la calle Garibaldi. Iba con su compañero, quien al igual que él también tenía solo la experiencia de cuatro días. Fue entonces cuando los vieron: dos menores bajo los efectos de estupefacientes realizando disturbios en la vía pública, atacando, principalmente, a personas mayores.
Al dirigirse a realizar el cacheo, las carencias de la falta de experiencia y de una radio para pedir apoyo desembocaron en una descoordinación entre ambos policías. Mientras que su compañero realizaba el cacheo al menor, Soca intentó dirigir al desconocido hacia la esquina del lugar, donde sabía que había un patrullero. Pero en un momento, este se desacató, lo tiró al piso y luego de un forcejeo se la apoyó en la columna. Lo que siguió luego fueron dos disparos. La primera le perforó un pulmón y se le alojó en la quinta costilla, fracturándosela. La segunda bala le perforó el otro pulmón y le desvió tres vértebras, alojándose a cinco centímetros del ombligo.
Pero ahí no se apagó todo para Soca, quien siguió forcejeando con el menor para intentar quitarle el arma, ya que amenazaba con una tercera bala directo a la cabeza. Mientras tanto, la escena ya había cobrado notoriedad en el lugar, y hacia él llegó un sargento primero que se encontraba en este escenario como particular junto su familia. Aun estando desarmado, se acercó y desarmó al agresor. Llegaron en ese instante otros civiles que pasaban por el lugar: un neurocirujano y dos enfermeras. Luego la vista se nubló y Soca se desvaneció.
Lo despertaron los flashes de las cámaras. Ya había sido operado y lo trasladaban al Hospital Militar. La noticia había trascendido, pero en esos instantes lo que más importaba eran sus seres queridos. “Mamá, estoy bien. Solo que no siento las piernas”, fue lo primero que le dijo a su madre cuando esta se aproximó. Era el comienzo de una larga historia.
La lucha por la operación
Estuvo 33 días en piso, donde se le hizo una lamparoscopia que indicaba que la médula estaba seccionada y que no daba lugar a operación. En ese tiempo, aseguró Soca, “solamente se lo mantuvo vivo”. Pero por entonces, él comenzó a sentir las piernas. Los médicos decían que no podía ser cierto, que era un reflejo del cuerpo, incluso le dijeron a su madre –aseguró– que la única forma de salvarlo era yendo “con Mi Niña Santa o el Padre Changó”.
Pero un día se acercó a su camilla el doctor Magurno. Luego de un análisis, detectó que era cierto que Soca sentía sus piernas, por lo que lo trasladaron a la Asociación Española para operarlo. Luego, lo llevaron a un centro de rehabilitación donde estuvo internado y realizando fisioterapia otros 33 días más. Empero Soca sentía el fuerte estímulo y la necesidad de volver a trabajar, por lo que se retiró del sanatorio.
Fugado de la Colonia Berro y devuelto al mismo lugar
Al irse, fue citado por la jueza, quien le comunicó que el menor que lo atacó tenía 113 anotaciones, dentro de ellas cinco rapiñas, cuatro asaltos a mano armada y tres hurtos. Además, el mismo día del ataque se había escapado de la Colonia Berro. La jueza, recordó Soca, solicitó su devolución al mismo lugar del que se había escapado.
“Lamentablemente muchas veces los jueces victimizan al agresor. Como policía tenemos que hacer informes por triplicado y ellos salen a los dos o tres minutos, mientras el policía arriesga su vida”, dijo el entrevistado a La Mañana.
Jubilado por terceros
Luego del incidente, Soca estuvo trabajando como policía administrativo hasta agosto de 2003, cuando fue jubilado luego de la insistencia de varias autoridades, entre ellos el ministro del Interior de entonces, Guillermo Stirling, indicó. Su jubilación fue de $5080 a la que le descontaban $4200 por montepío. Ante ello, enseguida comenzó a solicitar el reintegro, pero nunca se lo dieron. Lo intentó cada año, hasta que en el 2017 bajó los brazos.
El Sindicato Policial le brindó un trabajo de recepcionista, del cual cobró solamente dos meses ya que no había suficientes fondos y no le pudieron continuar pagando. En su casa, se dedicó a trabajar en la cría y reproducción de conejos, hasta que estos adquirieron una enfermedad, por los que tuvo que sacrificarlos.
Hoy cobra unos $25.000 de los que se le descuentan el consumo de la Cooperativa Policial, quedándole unos $5000 en mano. Por otro lado, percibe unos $4700 de pensión del BPS. Cada mes, debe sobrevivir con menos de $10.000 junto a su madre de 75 años y su hijo de 18 años.
“He ido a todos lados a golpear puertas pero no me toman en ningún lado. Se me hace muy difícil conseguir un trabajo y poder lidiar con el sueldo que tengo. Además, la ley de discapacidad no se está cumpliendo”, señaló Soca. Agregó que está capacitado para realizar cualquier tipo de tarea administrativa o como telefonista.
La imperiosa necesidad de una silla de ruedas
Pero la necesidad de trabajo no es el único problema de Soca. También lo es la movilidad. En este momento se mueve en una silla de rehabilitación, que es ideal para estar dentro de la casa, pero no para el exterior, sobre todo con el actual estado de las veredas. El entrevistado señaló que normalmente se cae sobre ellas varias veces por mes, lastimándose una y otra vez, por lo que las heridas nunca cierran. Una silla como la que necesita, dijo, cuesta cerca de US$ 10.500.
La salud mental es una problemática urgente a tratar
A inicios de la semana pasada, un efectivo policial se quitó la vida con su arma de reglamento. Tenía 33 años y se encontraba cumpliendo un servicio 222. Ante este triste hecho, la presidenta del Sindicato de Policías (Sifpom) expresó a través de la red social Twitter: “Otro compañero que se quita la vida, otra familia y amigos destrozados. Seguimos reclamando un cambio en el abordaje de las enfermedades psíquicas y prevención del suicidio en nuestra Policía. No se puede seguir dilatando en el tiempo estos cambios tan necesarios”. Indicó, además, la necesidad de visibilizar “la gran problemática” del suicidio en nuestro país y mencionó que “esconderlo” no favorece en nada. No obstante, aseguró que “no basta con palabras” y que se necesitan acciones concretas urgentes.
En octubre del mes pasado otro efectivo también se había quitado la vida. Unas semanas más tarde, el sindicato policial presentó al presidente de la República un proyecto de ley de prevención del suicidio. Rodríguez mencionó en su momento que, en caso de que el Ministerio del Interior no lo impulse, lo presentarán a todos los partidos políticos por tratarse de “un tema urgente”. El 17% de los efectivos policiales están certificados por enfermedades de salud mental. Este diagnóstico, además, se encuentra tercero en todas las certificaciones.
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