Un nuevo derrame de productos químicos en UPM en Fray Bentos motivó al Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) a advertir por la falta de transparencia por parte de la empresa, que ha optado por no brindar información al respecto. El vocero de la organización, Raúl Viñas, conversó con La Mañana y adelantó que es muy probable que la descarga haya sido mayor a la declarada. Además, cuestionó el monitoreo de las instalaciones y la falta de control sobre los productos químicos en tránsito, y aseguró que las autoridades han sido cómplices al ocultar incidentes anteriores similares.
Movus emitió un comunicado que advierte por la falta de transparencia respecto a un nuevo derrame de productos químicos en UPM en Fray Bentos. ¿Cuáles son los principales desafíos que han tenido al intentar obtener información?
El principal desafío es que no hay información real de lo sucedido. Lamentablemente, lo que desde el punto de vista simbólico es un hecho importante, como fue la presencia del ministro de Ambiente, el subsecretario y el director de la Dinacea [Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental] en el lugar a 24 horas del derrame, técnica y políticamente no agrega nada o termina siendo contraproducente. Desde el Movus vemos que al momento no tenemos ningún informe del Ministerio sobre el derrame y que la comunicación de la empresa no se reflejó en la web de UPM Uruguay hasta al menos 48 horas después del derrame. Tenemos información de personas que participaron en la limpieza y que nos dicen que el derrame sucedió a partir de la rotura de un caño y que la bomba del barco siguió trabajando, o sea, arrojando ácido sulfúrico, por un período superior a 10 minutos. Así, el volumen derramado sería mucho mayor a lo declarado por la empresa.
Antes de que el ministro concurriera al lugar, le aconsejamos que pidiera o exigiera las grabaciones de video de las cámaras que UPM tiene en el muelle donde supuestamente sucedió el derrame. También le pedimos al ministro que solicitara el manifiesto de carga del barco. El barco atracó en el puerto de UPM el lunes a las 10 de la mañana, comenzando con las descargas de diferentes productos y, para las 17 horas, cuando estaba realizando la de ácido sulfúrico, se produjo el derrame. Vemos con preocupación que, sin un informe del Ministerio, el ministro se apresuró a decir lo que la empresa le dijo: que el derrame había sido totalmente controlado, que habían sido 1000 litros y que se habían recuperado 500. Agregó que lo preocupaba un “goteo” que se habría producido de una válvula defectuosa. Si eso se comprobara, yo me preocuparía más por los 500 litros de los cuales no se sabe qué pasó.
¿Cuál es el rol de los movimientos ambientalistas ante situaciones como esta? ¿Siente que son escuchados por las autoridades?
Este tipo de situaciones son fuertes llamados de alerta sobre aquellas cosas que no se están haciendo correctamente. En Movus le damos importancia a que estas cosas se sepan. Ya hemos tenido experiencia del ocultamiento de situaciones similares por parte de UPM. Así, más allá de procurar la información más fidedigna, trabajamos en su divulgación y difusión para que se conozcan los hechos reales y no solamente las edulcoradas versiones que dan las empresas.
En cuanto a ser escuchados por las autoridades, en Movus desde hace más de 15 años tenemos una relación fluida con las autoridades, especialmente las ambientales. Eso no quiere decir que sea una buena relación, ya que muchas veces operamos con puntos de vista diferentes y tenemos discusiones francas.
¿Qué lectura hace de la declaración de UPM de que el derrame está controlado y no hubo afectación ambiental?
Las declaraciones de parte, como en este caso las de UPM, son un insumo más, pero hasta que no tengamos información oficial las tomamos como eso, una declaración de parte. En estas declaraciones siempre las empresas procuran minimizar los hechos. Que el derrame terminó siendo controlado es un hecho, también es un hecho que es imposible que no haya habido una afectación ambiental.
¿Qué es lo que falla en el monitoreo de estas instalaciones para detectar problemas y evitar que situaciones como esta escalen?
Si hablamos específicamente de las plantas de celulosa que se han instalado en Uruguay, son de las más grandes del mundo y, a pesar de que se trata de mostrar que la producción de celulosa es un proceso prácticamente inocuo, en el proceso se utilizan cantidades masivas de químicos altamente reactivos y de alto poder contaminante. En el caso de UPM 2 que en teoría produce 6000 toneladas diarias de celulosa, utiliza diariamente más de 800 toneladas de productos químicos, entre ellos, ácido sulfúrico, soda cáustica, fueloil, peróxido de hidrógeno y dióxido de cloro. Estando en zonas francas y contando UPM 1 y Montes del Plata con puertos propios donde no hay control aduanero, desconocemos los productos que ingresan y en qué cantidad. Esas compras no son importaciones al Uruguay. En el caso de UPM 2 tampoco tenemos conocimiento de los productos que ingresan a su terminal en el puerto de Montevideo y que después transitan por el territorio nacional, en el tren de UPM o en camiones, sin que se genere de ese trasiego ningún documento aduanero que permita conocer lo que transita o está almacenado en la terminal y la planta. Con un agujero negro de ese tipo dependemos de la suposición de buena voluntad de parte de esas empresas y no tenemos control efectivo sobre ellas.
¿A qué adjudica la falta de transparencia por parte de UPM con respecto a hechos como este, sobre todo, considerando que no es la primera vez que sucede?
La falta de transparencia manifiesta de la empresa, incluso ocultando o retrasando el conocimiento de problemas ambientales graves generados a partir de su operación, lamentablemente, ha contado en algunos casos con la complicidad de las autoridades nacionales encargadas de los temas ambientales. Así, el derrame de 1000 toneladas de soda cáustica ocurrido en 2023 fue puesto en conocimiento del Ministerio casi 24 horas después de que un vecino denunciara el hecho que la empresa conocía desde hacía más de cuatro días. El Ministerio evitó difundirlo por más de un mes y cuando le preguntamos al ministro por la demora, nos contestó que habían hablado cuando pudieron. Toda una confesión que puede tener un profundo significado.
Desde el lugar de la empresa, está la intención de aparecer ante sus accionistas y especialmente el público como una empresa altamente preocupada por el ambiente. Eso es manifiesto en su profusa pauta publicitaria, muy grande para una empresa que no vende nada dentro de nuestro territorio. Eso muestra la importancia que le dan a la apariencia de la empresa, en cuyo mantenimiento no han dudado en ocultar o retrasar el conocimiento de situaciones complicadas, dejando abierta la puerta a que podamos suponer que deben haber existido otras de las cuales nunca nos enteramos.
¿Qué espera del Ministerio de Ambiente luego de este derrame? ¿Debería aplicar una sanción?
En este momento tenemos acordada, pero aún pendiente, una entrevista con el ministro Ortuño, como hemos tenido antes con todos los ministros relacionados al ambiente. En el caso específico de este hecho, entiendo que fueron desafortunadas las declaraciones del ministro en el lugar, repitiendo lo que expresaba la empresa, cuando carecía –y aún carece– de estudios propios que sirvan para dar luz sobre lo que allí sucedió. A esto iba cuando al principio de la entrevista te comentaba sobre la inconveniencia política de la presencia del ministro en el lugar. En estos casos conviene marcar distancia y no poner a todos los jugadores en la cancha. Habría sido mucho mejor una declaración en el sentido de esperar a los informes de los técnicos, ahora embretados por las declaraciones del ministro, avalando lo dicho por la empresa. Personalmente, considero que el hecho amerita una multa, además de una revisión de los procedimientos. La multa, porque incluso en el caso de que la pérdida hubiera sido de 500 litros de ácido sulfúrico prácticamente puro, se produjo un daño ambiental.
