La situación se agravó luego de la reapertura de fronteras una vez terminada la emergencia sanitaria por el coronavirus. La evidente diferencia de precios con Argentina y Brasil complejizan la vida de los ciudadanos y la subsistencia de los comercios fronterizos, que reclaman la aprobación de una tarjeta de frontera y la simplificación de las importaciones en el marco de la rendición de cuentas.
Comerciantes y legisladores conocedores de la realidad fronteriza ven con preocupación que en el extenso articulado de la Rendición de Cuentas se incluya solamente una tasa diferencial para tabacos elaborados para el consumo en departamentos de frontera terrestre, y que en noviembre se vencerán las medidas de alivio fiscal a las micro, pequeñas y medianas empresas implementadas en 2021.
Cada departamento vive una realidad distinta respecto a la competitividad de precios, aunque la tendencia es desalentadora particularmente en las fronteras con Argentina. Pero las desigualdades socioeconómicas con el resto del país quedaron evidenciadas luego de contundentes informes presentados por el director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Cr. Guzmán Ifrán, a la Comisión Especial de Frontera con la República de Brasil, donde detalla algunos indicadores demográficos, sociales, económicos y productivos de los territorios de frontera con ese país vecino.
Respecto a la actividad económica, el 9% del producto bruto interno del país se produce en la extensa región de los departamentos frontera; y en cuanto a la distribución de los ingresos, si bien el índice de Gini marca que no es el territorio con mayores desigualdades en la distribución de la riqueza, se advierte que estos departamentos comparten la condición de ser el territorio con los menores ingresos.
El ingreso medio de los hogares de los departamentos de frontera con Brasil es de $ 45.200, mientras que en los departamentos que no son de frontera alcanza a $ 69.376. El 14,7% de la población de los departamentos de frontera con Brasil vive por debajo de la línea de pobreza, mientras que la media nacional es de 11,6%, detalla el informe presentado a fines de 2021 por Ifrán, quien en 2022 complementó con otros estudios.
En referencia al trabajo, la tasa de actividad (55,8%) y la tasa de empleo (50,4%) son sensiblemente menores en la frontera con Brasil respecto de la media nacional (60,6% y 54,3%). En tanto la informalidad laboral en los territorios de frontera es muy superior, con un 38,7% de informalidad, frente a la media nacional que es de 22,2%. En cuanto al nivel de la educación, el porcentaje de ciudadanos con estudios universitarios o similares es de 5,2% en esos territorios fronterizos, mientras que en los departamentos no fronterizos es de 18,2%, y la media nacional es de 15,1%.
Para atender la situación particular de los ciudadanos de frontera, en noviembre del año pasado se crearon dos comisiones especiales de frontera para tratar los distintos problemas vinculados a la vida de ciudadanos de zonas limítrofes con Brasil y Argentina, y en ellas participan diputados de departamentos con zonas fronterizas.
Un retraso grande en políticas de frontera
Una iniciativa presentada el año pasado por el senador Germán Coutinho en la Comisión de Hacienda buscaba una solución para los comercios de frontera con la creación de una “tarjeta verde” que simplifique la importación y permita a los comerciantes de frontera poder hacer pequeñas importaciones de productos que tienen una gran diferencia de precio. Dicho proyecto era de similares características al presentado por el senador nacionalista Sergio Botana en abril de 2021 que preveía una “patente de creación fronteriza” para que se pueda utilizar tanto para el consumo como para el comercio dentro de las zonas fronterizas. Según consigna una nota de La Voz de Melo del pasado 21 de junio, Botana reconoció que el Gobierno registra un retraso grande en materia de políticas de frontera.
En ocasión de la votación de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para dar un alivio fiscal para mipymes en frontera –aprobado en octubre y vigente desde noviembre 2021 (y por un año)–, la diputada cabildante Nazmi Camargo dijo apoyar la iniciativa, pero dejó constancia que, si bien “las medidas que contiene el proyecto son beneficiosas y bienvenidas”, consideró que “por sí solas esas medidas son totalmente insuficientes, que no llegarán al consumidor final y que deberían estar incluidas en un paquete mucho más amplio que ataque el problema de fondo”. La representante riverense de Cabildo Abierto agregó: “Desde el primer momento nuestro partido entendió que una de las prioridades era atender la situación de la frontera” y fue quien adaptó un proyecto presentado por los senadores correligionarios y lo presentó en la referida Comisión Especial de Frontera con Brasil, contemplando también algunas de las ideas planteadas en proyectos de otros partidos.
El proyecto presentado por Camargo busca la formalización de la actividad comercial “con un entorno empresarial propicio donde no exista una competencia desleal”, mediante un mecanismo que simplifique las pequeñas importaciones. Además, propone la devolución del IMESI y del IVA en las ciudades fronterizas, de acuerdo con un porcentaje a determinar a través del consumidor final. La deducción se realizaría por medio de una “tarjeta de frontera” para que el cliente pueda tener dicha devolución. Esta tarjeta permitiría que los ciudadanos de las zonas fronterizas puedan comprar con descuentos en diferentes comercios, artículos de varios rubros, con una operativa similar a la que se aplica para la compra de combustible, que tiene 24% de bonificación en el precio, con una devolución del porcentaje a las 48 horas, explicó. La diputada aclaró que la diferencia con el caso de combustibles es que no se precisará una tarjeta bancaria para tener el beneficio y que los ciudadanos que podrán acceder serán solo aquellos que acrediten vivir a 60 kilómetros (o menos) de la frontera.
Cámaras Empresariales de Frontera apoyan iniciativa cabildante
Por convocatoria de la Comisión Especial de Frontera con Brasil, acudieron distintos dirigentes de la cámaras empresariales y comerciales de frontera para detallar la problemática existente en cada departamento y emitir una opinión sobre el proyecto. La presidenta del Centro Comercial de Artigas y dirigente de la Cámaras Empresariales de Frontera (Cefro), María Elena Lemos, reconoció que “es la primera vez que el gobierno nos convoca para escuchar a los que realmente sufrimos este problema, que no es de ahora ni es de la pandemia, sino que es de toda la vida”, advirtió. “Muy pocas veces se ha dado una vuelta en el mercado que haya sido favorable a la frontera de Uruguay. Entendemos que sufrimos una sangría; el país se desangra todos los meses, con fugas de varias decenas de millones de dólares. No tenemos un estudio real, pero solicitamos información a Presidencia y estamos esperando la respuesta para hacer ese estudio con números, para presentarlo en Economía”, explicó Lemos, que expresó que el proyecto “nos agradó de gran manera”, aunque con ciertas sugerencias y solicitudes.
“Para hacer políticas de frontera, tiene que ser algo realmente efectivo, que quite la necesidad de ir a comprar al otro lado”, advirtió Lemos. Además, “tiene que ser para todos los rubros, no solo para alimentación o productos de la canasta básica”, indicó. “El cliente debe ser quien marque su necesidad de ir o no al otro lado. No debemos ser nosotros los que le digamos qué puede comprar o qué no. Él debe poder elegir, de acuerdo a su necesidad; debería encontrar la solución en Artigas y no Brasil”, expresó.
En tanto, Renzzo Balarezo, vicepresidente del Centro Comercial Regional de Chuy y directivo del Cefro, también vio con “buenos ojos” la iniciativa que estudia la comisión y remarcó “la importancia de la participación de las cámaras empresariales en la reglamentación de esta ley, en forma activa, como usuarios del beneficio, recabando información en forma directa y actualizada sobre la variación de precios y situación de los comercios de frontera”. Balarezo advirtió sobre la diversidad de realidades en las fronteras, ya que no es el misma en Chuy, Rivera, Artigas o Cerro Largo.
Mariela Moura, presidenta del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, señaló que ese departamento sufre “un perjuicio muy grande por el contrabando” y explicó que haber dejado afuera a Melo del descuento de las naftas complicó más la ecuación. “Nosotros consideramos que, para nuestra región, si tenemos la posibilidad de tener ese descuento de las naftas, ya no sería atractivo ir a la frontera, porque estamos a 60 kilómetros y nosotros podemos comprar los productos de la canasta al mismo precio que están en Aceguá”, señaló. “Lo que sucede es que van y ya hacen un surtido, y gastan más de lo que necesitan. Entonces, cuando vienen a nuestro territorio ya no tienen dinero y lo que consumen lo pagan con tarjetas de crédito”, advirtió Moura.
Por otro lado, tanto Silvia Arimón, secretaria del Centro Comercial de Chuy, y Carlos Sánchez, presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera, señalaron la importancia de que la fiscalización aduanera vaya de la mano con la aprobación del proyecto, debido a la preocupación que tienen sobre el ingreso de mercadería ilegal.
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