El impulso y la creación de las cooperativas sociales son considerados fundamentales para Cabildo Abierto. Así lo señaló el director de Promoción Sociolaboral del Mides, Marcos Rodríguez de Almeida. Las cooperativas sociales están constituidas por personas vulnerables y el asesoramiento y fiscalización está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Las cooperativas sociales tienen como objetivo lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.
El Instituto Nacional de Cooperativas (Inacoop), señaló que en 2023 las cooperativas sociales generaron 4426 empleos, lo que supone un aumento del 7,9% respecto a 2022. Hay 229 cooperativas sociales en funcionamiento, y un 32% (74) están en Montevideo. Le sigue la región 2 (Artigas, Salto y Paysandú) con 32 y en un tercer lugar la región 8 (Rocha, Lavalleja, Maldonado, Treinta y Tres) con 30.
La distribución según rubro de actividad muestra que el 31% está en limpieza y auxiliares de servicio (no en la salud), 23% en mantenimiento y construcción 23%, actividades vinculadas a la salud 10%, limpieza espacios públicos 5% y el resto está en portería, vigilancia, mensajería y recepción, elaboración de alimentos, cuidados y recolección de residuos. Los socios de estas cooperativas son unos 3000 y a su vez tienen unos 1400 empleados. Las cooperativas muchas veces deben contratar empleados, por ejemplo cuando logran un contrato que supera la cantidad de socios que la conforman.
Cuando se observa la cantidad de clientes por cooperativa, un 54% tiene uno solo, el 18% dos y 15% tres o más, no teniendo ningún cliente el 12%.
Los clientes principales son intendencias y municipios (30%), ASSE (20%), OSE 16%, ANEP 13% y después siguen otros organismos púbicos. La mayoría de los contratos son por compra directa (67%) y hay un 19% por licitación.
En cuanto a las auditorías que se le realizan, un 92% solicitaron ayuda para poder cumplir con ella y el 71% no recibió ningún tipo de observación. Las auditorias las realiza el Mides. El 79% de estas cooperativas participaron en más de dos cursos o jornadas de capacitación.
Impulsar el cooperativismo
Rodríguez de Almeida concurrió a una reciente reunión con la la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativa (Cudecoop), como asesor en políticas sociales de Cabildo Abierto. A ese encuentro también asistieron el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, junto a la senadora Irene Moreira (asesora en materia de vivienda), Lorena Quintana (candidata a vicepresidenta y asesora en salud) y el senador Guillermo Domenech (asesor en temas rurales).
En el encuentro Manini Ríos planteó que las mejoras se logran cuando participan las personas interesadas, y ese es uno de los principios del cooperativismo, o sea el principio de autonomía y como los socios toman sus propias decisiones sobre su futuro. “Lo principal es promover el cooperativismo”, dijo Rodríguez de Almeida, y recordó como una medida en este sentido la baja de intereses para las cooperativas durante la gestión de Irene Moreira al frente del Ministerio de Vivienda.
Cuando se lo consulta sobre cuáles son los principales impedimentos que observa para el surgimiento de cooperativas conformadas por personas que están en vulnerabilidad, indica que la ley señala que los socios de las cooperativas sociales deberán integrar hogares en situación de vulnerabilidad social, en un porcentaje no inferior al 75%. Pero en la mayoría de los casos los integrantes son el 100% en situación de vulnerabilidad. Esto hace que sea fundamental que exista un gran apoyo para la constitución de las cooperativas, ya que se necesitan cumplir determinadas normas para su funcionamiento.
Rodríguez de Almeida dijo que las cooperativas vienen funcionado “con la ayuda de algún articulador político o social”. Una de las ventajas que tiene este tipo cooperativas es que pueden ser contratadas por el mecanismo de compra directa hasta el monto de licitación abreviada, lo cual lleva a que por un interés de apoyo social dentro de organismos del Estado se efectúen las contrataciones.
“En mi opinión deberían estudiarse algunas modificaciones normativas, porque una de las grandes dificultades que tiene este tipo de cooperativas sociales es que le cuesta salir para seguir progresando. Quizás sería mejor tener incentivos para que las cooperativas de trabajo contraten personas vulnerables, y que las personas vulnerables generen cooperativas. Aunque una cosa no excluye a la otra”, indicó nuestro entrevistado.
Dentro de los problemas de este tipo de cooperativas, uno de los principales es que no tienen capital, lo cual impide que se puedan presentar en licitaciones que exigen una garantía. De ahí que se les facilita el acceso con la compra directa. “Ese es uno de los más grandes desafíos que se plantean”, sostiene el director de Promoción Sociolaboral del Mides. Se trata de acompañar a las cooperativas con asesoramiento, para por ejemplo las que tienen algún capital de giro poder presentarse en las licitaciones. En un caso, una cooperativa ganó una licitación, pero la garantía la debieron cubrir con créditos personales que consiguieron los socios.
Por otro lado, uno de los inconvenientes que tiene la compra directa es que el precio se fija muy ajustado y por algunos imprevistos la cooperativa puede entrar en una pérdida de fondos.
Programa sin priorizar
Al consultarle a Rodríguez de Almeida qué se ha logrado en esta gestión en materia de cooperativas sociales, señala: “Logramos perpetuar una política pública. Este gobierno de coalición definió continuar con esta herramienta de inclusión sociolaboral y nos propusimos el desafío de ser más eficientes y eficaces”.
Como ejemplo de avances en este sentido, relató que el acompañamiento que se daba a las cooperativas sociales se realizaba mediante organizaciones de la sociedad civil. “Nosotros lo que avanzamos en este sentido fue contactarnos con el Instituto Nacional de Cooperativismo y lo que dijimos fue ‘seamos más eficientes’. Con el instituto encontramos un gran aliado estratégico en su presidente, Martín Fernández, como en todo el Consejo Directivo, que también lo integra Julio Valdés de Cudecoop. Realizamos una alianza. Al trabajar con ellos y las herramientas que tienen brindamos más asesoramiento a las cooperativas” a la vez que el costo de este convenio es un 50% inferior a lo que se invertía con las organizaciones privadas.
Otro aspecto que es importante para Rodríguez de Almeida es la necesidad de difundir más el uso de esta herramienta de cooperativas sociales para la inclusión de los más vulnerables.
Al respecto indica: “La verdad es que en esta gestión no ha sido uno de los programas que se ha priorizado y eso ha llevado a que no se sacara su máximo potencial. Por eso como Cabildo Abierto pusimos en nuestro programa el fortalecer y promover las cooperativas sociales y de trabajo. No se ha creado tantas cooperativas como se podrían haber formado y no se difundió tanto la herramienta como se debería haber hecho”.
Aclaró que Cabildo Abierto “no está en la cúpula del Mides” y dijo: “Respetamos las prioridades que los integrantes del Partido Nacional establecieron, aunque no las compartimos en ciertos aspectos” y el no trabajar más en el tema cooperativas sociales es uno de ellos.
El programa de Promoción Sociolaboral del Mides tenía 20 funcionarios al inicio de la gestión y ahora cuenta con ocho. Además, se pasó de 50 auditorías al año a las cooperativas a realizar más de 200. Esto lleva a que no exista un trabajo de difusión de esta herramienta, a lo que se suma que la ley limita al departamento casi exclusivamente a la fiscalización.
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