Uruguay, país históricamente tranquilo en comparación con sus vecinos, se encuentra enfrentando un fenómeno inquietante: una ola de amenazas de bomba que en las últimas semanas ha puesto en alerta a facultades, centros comerciales y a la sociedad en general.
Fueron cinco días consecutivos en que shoppings, facultades y un liceo recibieron un total de seis amenazas de bombas y un correo electrónico que advertía de una masacre en la Universidad de la República. La Policía detuvo a dos personas por las llamadas, un hombre y una mujer no conectados entre sí; también a dos menores. El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que se apelará al artículo 103 de la Ley de Urgente Consideración, en el cual se señala que se aplicarán multas de 10 a 100 unidades reajustables al titular de la línea telefónica desde la que partan estas llamadas. Son cifras que van de los $ 18.163 a $ 181.634.
La Mañana dialogó con el excomisario general Jorge Gómez, asesor en materia de seguridad de Cabildo Abierto, quien con 40 años de experiencia en la Policía ofreció un análisis sobre estos hechos.
“Las amenazas de bomba no son algo nuevo”, asegura Gómez. “Yo estuve 40 años en la Policía y cada tanto teníamos algún acontecimiento de estos”. El protocolo que se aplica en estas situaciones consiste en que la Policía acuda al lugar señalado, trabaje en conjunto con bomberos para inspeccionar el área y, si se detecta algo sospechoso, se convoque a la brigada de explosivos del Ejército. “Estaba bastante aceitado el procedimiento”, señala, subrayando que este tipo de eventos, aunque disruptivos, eran manejables dentro de un marco operativo establecido.
Sin embargo, lo que antes era un incidente aislado ha mutado en algo más complejo. “La publicidad, las redes sociales y la divulgación casi inmediata de todo acontecimiento dramático le dan una variante nueva”, explica Gómez. La velocidad con la que estas amenazas se viralizan en plataformas como Twitter, TikTok o WhatsApp ha transformado su alcance, convirtiéndolas en un fenómeno social que trasciende el acto individual. “Como en todo lado, hay cuestiones de imitación, de seguimiento de determinados comportamientos”, agrega apuntando a un efecto dominó.
Para las fuerzas de seguridad, este cambio plantea un dilema constante. “Por más que se pueda presumir en un 90 o 95% que la amenaza no se va a cumplir y que es una broma o una estrategia para zafar de algo, uno tiene que darlo como una posibilidad”, detalla Gómez. La obligación de responder a cada caso, independientemente de su veracidad, implica una movilización masiva de recursos: policías, bomberos, evacuaciones y, en ocasiones, interrupciones prolongadas de actividades esenciales. “No queda otra salida”, sentencia, dejando en claro que subestimar una amenaza, por remota que parezca, no es una opción viable.
Motivaciones diversas
Cuando se lo consulta sobre qué hay detrás de estas amenazas, Gómez identifica un abanico de motivaciones que van desde lo trivial hasta lo siniestro. “Hay cuestiones de imitación, de protagonismo, de sentirse contenidos en una misma misión”, dice refiriéndose a cómo adolescentes o personas vulnerables pueden verse arrastrados por dinámicas grupales o retos en línea. Este aspecto psicológico, que él compara con el “síndrome de Werther”, un fenómeno estudiado donde la difusión de conductas extremas fomenta su réplica, es una de las aristas más novedosas y preocupantes del problema.
Este panorama se complica aún más cuando se considera la hipótesis planteada por el exministro Nicolás Martinelli, quien sugirió que algunas de estas acciones podrían servir para medir los tiempos de respuesta policial. Gómez, sin embargo, no comparte esa visión como explicación principal. “No diría que el razonamiento lineal es que la amenaza está destinada a medir tiempos”, afirma. Para él, evaluar la capacidad de reacción de la Policía no requiere un montaje tan elaborado, una simple llamada por un delito menor bastaría. “Hay un montón de otras posibilidades para verificarlo”, añade, inclinándose por motivaciones más ligadas a la emoción, el odio o incluso la ideología.
El Grupo 764
Un punto de inflexión en esta ola de amenazas fue la mención al Grupo 764, vinculado a un correo intimidatorio enviado a la Rectoría de la Udelar, al Frente Amplio y el Partido Nacional. “Hola, pertenezco a un grupo en línea llamado 764. Les informo que mañana iré a una facultad de la Udelar para cometer una masacre, iré armado con armas de fuego y cuchillos. Trataré de matar a la mayor cantidad de gente posible y luego me suicidaré. Además, transmitiré la masacre en directo por TikTok. Ustedes me causaron dolor, yo se los devolveré aumentado. Yo les demostraré a todos ustedes que ninguna vida importa”. Esto señalaba el mensaje, acompañado por una foto de armas de alto poder que forman el número 764. Esto llevó al desalojo de varias facultades por varias horas.
Este grupo, conocido en otros países por promover retos violentos y dinámicas anárquicas a través de redes sociales, introduce un elemento de preocupación internacional. Gómez lo compara con antecedentes como el “juego de la ballena azul”, que hace algunos años llevó a jóvenes a cumplir desafíos autodestructivos como tatuarse con cuchillos o dañar propiedades. “Si esto es lo que está generando el 764, con una ideología detrás que motiva inestabilidad o extorsión, es una variante nueva”, advierte.
El excomisario reconoce que este tipo de grupos opera en un contexto global, aprovechando la “red profunda” y la perversión que internet facilita. “Se ha divulgado que en otros lugares se ha utilizado con fines de extorsión sexual o de menores, como un rito”, detalla, subrayando la gravedad de estas prácticas. En Uruguay, la Policía cuenta con unidades especializadas que monitorean las redes, pero la prevención sigue siendo un reto. Gómez recuerda el caso de Lascano, en Rocha, donde un menor vinculado a ISIS fue identificado gracias a una alerta de Estados Unidos. Ante la pregunta de si Uruguay está preparado para controlar este tipo de amenazas, responde que el país “tiene avances tecnológicos para detectarlo, pero preventivamente es difícil”.
Dado que muchas de estas amenazas han apuntado a liceos y universidades, surge la pregunta de si Uruguay debería replantear la seguridad en sus centros de estudio. En países como Estados Unidos, los detectores de metales y los controles estrictos son norma, pero aquí esa realidad parece lejana. “No me parece mal, pero tampoco sería una actitud de abrir el paraguas y motivar que se desarrollen” este tipo de actitudes como ir armado a un liceo, opina Gómez. Para él, los docentes ya cumplen un rol preventivo al detectar conductas anómalas entre los estudiantes, aunque admite que existen casos de jóvenes que llegan armados a las aulas, ya sea por bullying, entornos violentos o simple exhibicionismo.
La solución, según Gómez, pasa por fortalecer la relación entre las seccionales policiales y las instituciones educativas. “La policía comunitaria y la vinculación con los centros de enseñanza no están muy motivadas actualmente”, lamenta. Relata su propia experiencia en la seccional séptima de Montevideo, donde la colaboración con 14 centros educativos de la zona permitió reducir los arrebatos a estudiantes mediante patrullas específicas. “Eso se tiene que hacer a nivel territorial”, insiste, abogando por una política de Estado que priorice la prevención sobre la mera respuesta.
Los desafíos del nuevo ministro
La entrevista también aborda la reciente designación de Carlos Negro como ministro del Interior. Gómez ve su llegada con escepticismo. “Es llamativo que el presidente Yamandú Orsi haya dicho que estaba conociendo a los referentes después de designarlos”, apunta, sugiriendo que la elección pudo ser más una decisión de la fuerza política y eso podría limitar la efectividad de las medidas operativas en el terreno.
Aunque valora el perfil técnico de Negro, proveniente de la Fiscalía, cuestiona su propuesta inicial: “Decir que se va a hacer un diagnóstico para planificar en 2026 es como improvisar”. Para Gómez, los problemas de seguridad son evidentes desde hace años (desde la situación carcelaria hasta los índices delictivos) y no requieren de un nuevo análisis para actuar.
Sobre las medidas anunciadas, como el retorno de la Policía de proximidad, Gómez se muestra dubitativo. “Es positivo, pero necesita más efectivos”, dice, explicando que cubrir decenas de centros educativos y barrios con recursos limitados es inviable sin una inversión significativa. Su visión general se puede tomar como pesimista: “Si no se hicieron cambios radicales en la administración pasada, mal podemos suponer que se harán ahora”. Argumenta que las estructuras actuales, heredadas de gobiernos anteriores, facilitan la continuidad más que la transformación y duda que las promesas de Carlos Negro logren alterar una tendencia arraigada.
