En momentos en que las medidas adoptadas para la fijación del precio del combustible han generado polémicas producto de los reiterados aumentos, se agrega el factor X para solventar los sobrecostos que debe asumir ANCAP.
Desde su creación e inauguración de la primera planta en Bella Unión el 9 de febrero de 2006, la empresa Alur (Alcoholes del Uruguay) se ha transformado en un verdadero “dolor de cabeza” para los gobiernos nacionales sin importar los colores políticos. La empresa quedó constituida en su paquete accionario por un 90.79% propiedad de ANCAP y un 9.21% de participación de PDVSA. El objetivo era «realizar por cuenta propia o de terceros las actividades de producción, industrialización, fraccionamiento, comercialización, distribución, importación y exportación de subproductos de las cadenas agroindustriales generadas de los mismos».
Además, podía realizar por cuenta propia y/o de terceros instalaciones, obras civiles relacionadas a lo que ya describiéramos. Se presentó además como propietaria del 100% de las acciones de Agroalur S.A. con la posibilidad de prestar servicios agropecuarios de personal en la modalidad de contratistas rurales. En la época su presidente, Leonardo de León, nos expresó su contrariedad por la actitud del entonces ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, expresando: “Parece mentira que desde mi propio partido están en contra del proyecto cuando desde la oposición han venido a la planta para conocerlo”. La empresa toma la actividad del Ingenio Calnu dedicado a procesar caña de azúcar para la producción de azúcar para el consumo humano. Con el paso de los años fueron muchos los proyectos y las plantas de producción se fueron multiplicando.
El BANDES como el gran favorecido
Las actividades tanto de los productores como de los transportistas contaban con el respaldo económico del Banco BANDES. El titular de la plantación se inscribía en la institución anotando el personal con quien trabajaría, incluso familiares, y con los salarios que se percibirían. Como garantía el productor se comprometía a ceder el total de su producción y al caso de que los números le fueran favorables el banco le devolvería el excedente con el cobro de los intereses generados por el dinero adelantado. En caso contrario se acordaría con la institución la forma de pago del dinero adeudado.
En el caso de los cosechadores y transportistas la situación era similar, pero en relación a estos últimos, fueron muy pocos los que aceptaron las condiciones para el cambio de la flota; «los intereses son muy altos y amenazan con quedarse con tu camión. Además, es trabajo solamente para la zafra y es riesgoso». Para muchos de los consultados en la época, «los que mandan son los venezolanos».
Objetivo social y político cumplido
La situación económica y social de Bella Unión era preocupante, al punto que la fuerza laboral de la zona se encontraba focalizada en Artigas, teniendo en cuenta el cierre de los emprendimientos productivos que allí existían. La presencia de Alur en la ciudad generando puestos de trabajo fue un revulsivo económico que mejoró la situación del comercio en general y hasta desde el punto de vista sanitario ya que, al decir del entonces director del Hospital de Bella Unión, Dr. Federico Eguren, «la gente vive mejor y por lógica se enferma menos».
Desde lo político los resultados no pudieron ser mejores. Cuando todo aseguraba la reelección del intendente Julio Silveira, el día de los comicios departamentales los votos de Bella Unión dieron vuelta los números y la Intendencia fue para Patricia Ayala.
Las plantas se multiplican, el déficit también
Con el paso de los años se fueron inaugurando nuevas plantas como las de Paso de la Arena, Capurro y Paysandú donde se produciría etanol y alimento animal a base de granos.
En el año 2009 y ante la posibilidad de que ALUR comenzara a cotizar en la Bolsa de Valores, el dirigente Jorge Rodas de la UTAA (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas) hablaba sobre los problemas salariales debido a la zafralidad y reclamaba: «Si hay equidad que también nos llegue a los trabajadores rurales». Con respecto a la cotización en la Bolsa de Valores, el dirigente expresó: «Es una inquietud que tenemos. Nadie nos asegura que empresas multinacionales e incluso del azúcar que tienen mucho poder a nivel mundial puedan decidir. Nosotros cotizamos tanto en Bolsa y tenemos tanto porcentaje de ALUR en este momento y ya sabemos quiénes pueden ser nuestros delegados».
En el año 2013, en ocasión de la inauguración de la segunda planta de Capurro, se informó que el Estado había invertido en Alur hasta el momento la cifra de US$ 116,5 millones. En el diario de Sesiones de la Cámara de Senadores correspondiente al 4 de agosto del 2015 bajo la Presidencia del entonces vicepresidente Raúl Sendic, figura el cuestionamiento hacia la relación entre ANCAP y ALUR. De acuerdo a lo que allí consta, las inversiones siguieron, las predicciones por incobrabilidad fallaron de acuerdo al informe de la auditora KPMG y se llegó a la conclusión de que se deberían aportar $ 500 millones para capitalizar la empresa de los cuales $ 450 millones correspondían al aporte de ANCAP y $ 50 millones a PDVSA, que finalmente desistió de realizarlo.
El desorden y sus efectos
Con la salida de Leonardo de León de la Presidencia de Alur para dedicarse a la campaña política junto a Raúl Sendic, comenzaron los cuestionamientos más duros a la gestión, lo que para muchos se trataba de “fuego amigo” tratando de dañar la imagen de quien luego fuera vicepresidente de la República. Un caso fue el uso del avión comprado por ANCAP en el año 2012 (bajo la presidencia de Sendic) en US$ 385.000 y que fuera vendido en el 2018 por US$ 252.000. La aeronave se informó que estaría destinada a trasladar a los ejecutivos de ANCAP y hasta al propio presidente de la República, José Mujica, pero este nunca lo utilizó.
En la época circuló la foto de Leonardo de León con una botella de whisky importado, lo que generó críticas argumentando la falsedad de la imagen, lo que nunca pudo ser demostrado. A esto se sumaron las acusaciones por el uso indiscriminado de las tarjetas corporativas, que terminó en una denuncia que luego fuera archivada por la Justicia.
En el año 2016 una auditoría externa contratada por la empresa detectó en febrero del 2017 que en mayo de 2016 un funcionario pagó 100.000 dólares por una factura de 100.000 pesos y en el mes de octubre del mismo año se pudo comprobar el pago doble de facturas lo que resultó en la sustitución de integrantes de la gerencia financiera de la empresa. En el caso del proveedor que prestaba servicios en la planta de etanol de Paysandú y cobró el monto equivocado, el mismo se negó a devolver el dinero lo que determinó el inicio de acciones civiles para su recuperación.
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