El Congreso de Intendentes está trabajando para revertir la normativa vigente desde 2024 que separó el pago de multas de tránsito del pago de la patente vehicular, una medida que según el intendente de Montevideo, Mario Bergara, ha generado niveles de morosidad “muy elevados”.
Antecedentes inmediatos: La separación de 2024
La situación actual se origina en el artículo 289 de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2022, impulsado por el gobierno de Luis Lacalle Pou. Esta disposición estableció que “no se podrá exigir ni condicionar el pago de ningún tributo en forma previa o simultánea al pago de deudas generadas por multas de tránsito”.
En enero de 2024, la dirección del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) implementó esta separación por mayoría, con el voto en contra del Frente Amplio (FA). En ese momento, el presidente del Congreso de Intendentes y jefe de Maldonado, Enrique Antía, justificó la medida argumentando que “entraron muchos radares de golpe y hay mucha gente que no puede pagar ni las multas ni la patente”.
Una reversión ya coordinada
“Esas cosas se van a corregir a nivel del Congreso de Intendentes. Ha sido ya coordinado”, afirmó Bergara. El intendente capitalino destacó que el tema afecta particularmente a Montevideo, Canelones y Maldonado, departamentos de mayor densidad vehicular, mientras que “de repente pesa muy poco en otros departamentos”.
Bergara aclaró que el objetivo no es crear un nuevo impuesto, sino lograr “un pequeño aumento de recaudación… por la vía de hacer una mejor fiscalización y la gestión de cobro”. La base legal para este cambio ya se encuentra en una formulación aprobada dentro de la Ley de Presupuesto Nacional, promovida por el propio Congreso de Intendentes.
El debate político y constitucional
La posible reversión reaviva un debate que en 2024 tuvo aristas políticas y jurídicas. Por un lado, legisladores del Partido Nacional defendían la separación, con el senador Sebastián da Silva calificando el mecanismo anterior como “esclavizante” al relatar casos de personas que enfrentaban deudas multiplicadas por multas de radar.
Por otro lado, el Frente Amplio consideró entonces que el artículo 289 era inconstitucional, al entender que “lesiona las autonomías departamentales” y que el Poder Legislativo “no puede tomar decisiones sobre lo que la Constitución delega en las intendencias”. Un asesor del FA en el Congreso de Intendentes advirtió en su momento que la separación “destruye la posibilidad de cobrar una multa”, cuestionando la efectividad de la fiscalización del tránsito si no existe un mecanismo de cobro coercitivo.
Impacto en la gestión y próximos pasos
El regreso al sistema de cobro asociado representa un cambio significativo en la administración del tránsito y las finanzas departamentales. Los gobiernos departamentales, a través del SUCIVE, recuperarían una herramienta clave de cobranza para las infracciones, lo que según Bergara mejoraría la fiscalización.
Con el plazo para el pago de la patente 2026 con bonificación venciendo el 20 de enero, la implementación práctica de cualquier modificación normativa sería un proceso posterior. La decisión final y los mecanismos específicos de implementación deberán ser definidos y acordados por el Congreso de Intendentes, organismo que reúne a los jefes departamentales de todo el país.
