Hasta en las caras del puñado de manifestantes se reflejaba el alivio ideológico de terminar con la farsa de defender al contradictorio “régimen libertador” venezolano. Nuestro presidente cumplió con la formalidad de condenar internacionalmente el método utilizado para desplazar de su mal habido poder a Nicolás Maduro, dejando así en alto a nuestras banderas de no intervención. Faltó solo un guiño de complicidad sugestivo de nuestra comprensión de la realpolitik regional.
Porque los cambios de régimen presentan esa contradicción. Cuando transcurren pacíficamente como resultado de las urnas, nadie suele objetar. Pero cuando un gobierno en funciones resiste la voluntad electoral mediante fraudes y postergaciones, a la vez que suprime con pérdida de libertades las protestas del pueblo, da paso a una situación de “incumplimiento” del contrato social que justifica moralmente el cambio por otras vías, por más que la legislación internacional lo condene.
Por supuesto que la clasificación del cambio es subjetiva según las simpatías del observador, y más aún si el proceso cuenta con el apoyo financiero o la participación de fuerzas extranjeras (cuyos intereses raramente están ausentes). Por su naturaleza, los cambios forzados de régimen requieren fuertes apoyos que generalmente provienen de los principales países del concierto mundial. Motivos estratégicos y étnicos han llevado en distintas etapas a potencias como los Estados Unidos, China y Rusia (ya sea la actual o en su encarnación soviética) a intervenciones de esta naturaleza. A cambio suelen exigir la alineación económica e ideológica del participante (como en el caso de la “guerra fría”).
Partido grande en cancha chica
La intervención armada directa de los Estados Unidos en Venezuela del pasado fin de semana representa un giro en la actual política, siendo que la administración Trump era muy crítica de los episodios previos de intervención en Iraq y Afganistán, tanto por su duración y costo como por la falta de resultados. Los gobiernos de Obama y Biden también habían optado por la cautela en su política internacional.
¿Cuál es la diferencia que explica el cambio? El primer motivo que viene a mente es el envío de un mensaje indirecto a China, haciéndole extensiva a la doctrina Monroe. La expansión global de China se apoya en polos logísticos estratégicamente ubicados, tales como vas férreas, puentes, carreteras, matrices energéticas y digitales. Si bien su actuación en Venezuela no reviste ribetes de influencia estratégica, sus influencias en el canal de Panamá y la carretera transcontinental Santos-Chancay (Brasil-Perú) no pasan desapercibidas. Las perspectivas de expansión de un eje chino-ruso-cubano en el Caribe claramente terminó por superar el umbral de tolerancia estadounidense.
Un efecto secundario de la acción –seguramente de extendido impacto en los “asesores” cubanos actuando en el país– es que su presencia pronto llegará a un fin. El gobierno de Trump (y el Partido Republicano en general) tienen fuertes lazos político-electorales con la comunidad cubana viviendo en el exilio. No ha de sorprender que crezca la presión sobre la misma Cuba para intensificar un camino de apertura.
Por otra parte, no puede perderse de vista el potencial petrolero de Venezuela (primero globalmente en reservas) y sus tradicionales lazos (existentes aún hoy) con las grandes empresas del ramo ubicadas en los Estados Unidos. Trump ha hecho mucho énfasis sobre la explotación de este activo para el provecho tanto de inversores como habitantes.
La transición
Este sin duda será el tema mas álgido, dadas las distintas ideas al respecto. En primer lugar, la pregunta elemental es por qué no hacer lo lógico y llamar a elecciones dentro de un plazo prudencial. O en su defecto, si fuera posible obtener la información, respetar el verdadero resultado de las elecciones del 2024.
Un golpe de Estado tradicionalmente requiere además del desplazamiento de la cúpula presidencial actuante, la presencia física de la alternativa reemplazante y su respaldo armado (“botas en tierra”). En el caso actual se llevaron al presidente, pero no han traído a otro. Ni siquiera consideran a quienes se arriesgaron a participar (y ganar) las elecciones (premio Nobel de por medio).
Resulta entonces una situación muy particular: se pretende lograr un cambio de conducción en la estructura de mando existente elevando a alguien fuertemente identificada con ella. Un golpe de bajo costo –como quien dice– con representación local respondiendo a directivas del exterior. Algo más parecido a un take-over corporativo con cambio de CEO.
Y puede ser que por allí vaya la cosa, porque las explicaciones confusas provenientes de Washington ponen más énfasis en el manejo de la industria petrolera venezolana que en el retorno de la democracia. Al mismo tiempo el control de dicho recurso puede ser un arma eficaz en la relación con Cuba, Rusia y aun China.
Lo barato sale caro
Por lo que se sabe hasta el momento, la representante en Caracas de los Estados Unidos será Delcy Rodríguez, quien ha sido promovida a la primera magistratura por la Corte Suprema en ausencia de Maduro. Posee una larga trayectoria en puestos de alta responsabilidad durante los años chavistas y posteriores, así como un profundo conocimiento de la industria petrolera.
Lo que se desconoce es el grado de autoridad que pueda ejercer sobre otros personajes de relieve nacional (en especial, los militares), así como el grado de sumisión que rendirá ante la tutela del incursor ausente (técnicamente aún no se trata de una invasión). Es prematuro abrir juicio sobre si los próximos pasos serán de pacificación nacional, o si surgirán focos de resistencia que busquen obligar a involucrarse en mayor escala a los Estados Unidos.
Por lo pronto parece continuar la represión por parte del régimen supuestamente derrocado, lo cual obviamente no es compatible con los objetivos anunciados por la Casa Blanca. Sin pacificación interna y recuperación de libertades la intervención resultará una farsa.
Quizás terminen teniendo razón aquellos quienes aconsejaban abandonar la modalidad del “cambio de regímenes” en su política exterior.
*Kenneth Coates es doctor en economía por la Universidad de Stanford, pasando a ejercer funciones en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde llegó a integrar el directorio ejecutivo. Como primer agente financiero del Uruguay en Washington, participó en la reestructuración de la deuda externa de los años 80. Fue electo director general de Cemla (asociación regional de bancos centrales con sede en México) del 2000-09. Actualmente es profesor en la Universidad de Montevideo.
