El atentado sufrido por la Dra. Mónica Ferrero aparentó generar una ola de preocupación y solidaridad poco común. Pero cabe preguntarse hasta dónde dicha preocupación aparentemente generalizada y sin excepciones responde a una real preocupación por los motivos del atentado y su rechazo.
Digamos que el atentado a una fiscal de su jerarquía no es algo que no tenga antecedentes en la historia nacional. Hace cincuenta años, cuando comenzaba una gesta violenta por parte de grupos de inspiración marxista que descreían de las instituciones democráticas, ya entonces se produjo el secuestro de un importante fiscal. Los violentos de siempre, porque lo son en función de los principios que informan su actuación política, secuestraron en 1971 al fiscal Guido Berro Oribe como parte de un accionar que repetidamente recurrió al secuestro, la rapiña y el homicidio. No viene al caso relacionar la larga lista de atropellos incalificables que se cometieron por grupos políticos violentos que asolaron al país y contribuyeron decisivamente a la caída de las instituciones democráticas. No obstante, los protagonistas políticos rápidamente han descartado el móvil político, sin que consten debidamente los reales móviles del hecho.
Por un instante, con seguridad, se han acallado las voces que desde la propia Fiscalía surgían manifestando críticas a la gestión de la Dra. Ferrero. Es evidente que quienes pretenden utilizar a la Fiscalía como un instrumento de acción política, como denunció expresamente una exfiscal sin que su detallada denuncia, que tuvo incluso forma de libro, diera pie a una investigación profunda de los hechos, que de ser ciertos supondrían una indebida politización de una institución clave en la administración de Justicia. No obstante, conocemos más de un caso de profesionales que se retiraron del ejercicio profesional en la Fiscalía para participar en política, lo que da la pauta del ambiente que se vive en la citada institución, que debería mantenerse al margen de cualquier devaneo ideológico.
Si es cierto que el atentado a Ferrero es una operación del narcotráfico, ya que solo se ha detenido a quienes son partícipes de menor importancia, no habiéndose identificado a quienes protagonizaron las acciones y mucho menos a sus mandantes, entendemos es el momento de investir definitivamente a la fiscal Ferrero de la titularidad del cargo que desempeña de manera interina. Si Ferrero es identificada por el narcotráfico como su peor enemigo, la deberíamos querer definitivamente a cargo de la Fiscalía para fortalecer en su lucha a una fiscal de solvencia intelectual y de particular temple para no doblegarse frente a las amenazas.
Sin embargo, desde tiendas oficialistas y de la llamada Coalición Republicana, se ha pretendido descalificar dicha iniciativa, señalando que no es el momento de adoptar dicha resolución. Nos preguntamos cuándo es el momento, por qué la resistencia de confirmar en el cargo a una fiscal probada moral y técnicamente, qué intereses fundamentan la negativa. Es decepcionante que la solidaridad que despertó un hecho gravísimo, como el que comentamos, se reduzca a meras declaraciones de oportunidad, a un palabrerío vacío que no se traduce en hechos, dando la impresión de que no se respalda efectivamente a las personas comprometidas en la lucha contra las organizaciones delictivas.
Para colmo de males, se pretende resucitar un proyecto de antilavado que destacados especialistas señalan puramente cosmético. El limitar la utilización de efectivo, que es lo sustancial del proyecto, no evita la utilización del dinero del narcotráfico a los delincuentes, pero le complica la vida al ciudadano común, que ve limitada su libertad en una tendencia a consagrar la bancarización obligatoria, o sea, en la antesala del totalitarismo económico en manos de la elite bancaria. El registro patronímico de los registros de la propiedad inmueble y automotores permitiría detectar rápidamente a quienes en breve período acumulan bienes inmuebles y automotores de manera llamativa, sin necesidad de agregarle molestias a los ciudadanos honestos, que ya viven detrás de rejas, alambradas eléctricas, alarmas, etc., mientras los delincuentes son dueños de la calle y asolan a mujeres, niños y ancianos.
Mientras el sistema político se limite a declaraciones rimbombantes, vacías de efectividad y de manifiesta esterilidad, la desintegración social, el desmembramiento del aparato productivo, la sobrecarga económica de la pequeña y mediana empresa, la reducción del país a la calidad de mero productor de materias primas, la ausencia de formación educativa para hacer frente a los desafíos de la era moderna seguirá creciendo, pero a ello le acompañará la degradación de la convivencia y el crecimiento de la delincuencia.
Los hechos son lo suficientemente graves como para no poner al frente del combate a la delincuencia a los mejores profesionales, ya sea policías, fiscales o jueces. El tironeo político partidario y peor aún la inacción en la toma de medidas efectivas, no se legitima por la mera vocinglería vacua. Las medidas positivas que la gente espera comienzan por designar a una fiscal probada en la lucha contra el crimen definitivamente al frente de una entidad estatal decisiva para el combate que se quiere librar. Por eso ¡Ferrero ya!
