En entrevista con La Mañana, el comisario mayor retirado Jorge Gómez Arbiza, asesor en seguridad de Cabildo Abierto y delegado en la comisión del Plan Nacional de Seguridad Pública 2026-2035, vinculó el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero con el creciente problema del narcotráfico y la vulnerabilidad del país frente al crimen organizado transnacional, destacando la necesidad de medidas urgentes para contrarrestar esta amenaza en un contexto de escalada delictiva.
El atentado contra Mónica Ferrero, perpetrado en su domicilio a las 5 de la mañana mediante disparos y el uso de una granada, no fue, según Gómez, un ataque aislado. “Considero que es un atentado a la Fiscalía en general en la persona de Mónica Ferrero porque tiene un perfil combatiente y muy valiente con respecto a enfrentar la problemática”, afirmó. Ferrero, conocida por su firmeza en casos relacionados con el crimen organizado, ya había recibido amenazas previas, lo que la llevó a contar con custodia. Sin embargo, este incidente sugiere una acción más grave. Gómez sostiene que “habría que considerar la posibilidad de que su intención primaria era copar la vivienda y vaya a saber qué hacer”.
El ingreso de los atacantes por el patio trasero de la vivienda de Ferrero generó especulaciones sobre el nivel de inteligencia criminal involucrado. Sin embargo, Gómez minimizó la complejidad de la operación: “El lugar donde ella vive es un lugar de ciudad común. Con Google Maps puedes ver la zona, el lugar, la salida, como para aproximarte. No se necesita mucha inteligencia para llevar a cabo una operación de este tipo”. La elección de las 5 de la mañana, una hora con poca vigilancia vecinal, y el uso de una granada y disparos como táctica para generar miedo y evitar una persecución inmediata, refuerzan la hipótesis de una acción destinada a más que intimidar. “Parece más como que fue sorpresivo el descubrimiento de los delincuentes y optaron por tirar la granada y los disparos para engendrar miedo”, explicó Gómez.
Una amenaza en ascenso
Gómez relacionó el atentado con el narcotráfico y las organizaciones criminales que operan en Uruguay. “Debemos tener en cuenta que el grupo criminal al que se ha mencionado [Los Albín], o cualquier otro, no se maneja independiente de las organizaciones criminales nacionales que dirigen el narcotráfico de ingreso, acopio y distribución de la droga en Uruguay”, señaló. Citó el caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en el marco de la Operación Ultranza, como un precedente alarmante. “Lo de Marcelo Pecci fue como una alerta general para toda la región. Acá también ya veníamos advirtiendo hace tiempo que se daban todas las condicionantes, porque Uruguay está siendo todavía un país vulnerable y con posibilidades de expansión del narcotráfico en toda esa cadena de distribución y logística”, afirmó. El crimen de Pecci en Colombia y la vinculación a figuras como el clan Insfrán de Paraguay y el narco uruguayo Sebastián Marset, evidencia la conexión entre el crimen local y las redes transnacionales.
El experto subrayó que Uruguay sigue siendo “un país que no es hostil a cualquier tipo de actividad relacionada con el gran narcotráfico y el crimen organizado transnacional”. Si bien el país no ha alcanzado los niveles de violencia de naciones como México o Colombia, Gómez advierte que la escalada de violencia, como homicidios múltiples y atentados contra autoridades, es un síntoma de la creciente fortaleza de estos grupos. “Hay atentados que se pueden llegar a dar, contra policías, contra unidades policiales, contra jueces, fiscales y contra políticos. Es una escalada muy progresiva que se puede llegar a ir generando cuando los grupos se van fortaleciendo en los territorios”, alertó. La falta de controles efectivos facilita esta expansión, desde el ingreso de drogas y armas hasta la consolidación de redes criminales.
Medidas propuestas
Cabildo Abierto, a través de Gómez, ha insistido en la necesidad de transformar a Uruguay en un entorno hostil para las actividades criminales. Entre las medidas propuestas, destacan un mayor control en las fronteras y una revisión del sistema de migración. “En la frontera no existe un control férreo. En todo el trayecto de Rivera a Montevideo o viceversa, te podrás cruzar con uno o dos móviles policiales, pero no te van a parar”, criticó. Asimismo, señaló la falta de una fuerza operativa en Migración para vigilar el ingreso de extranjeros, lo que facilita la entrada de personas vinculadas al crimen organizado. “Migración no puede ser que no tenga una fuerza operativa ejecutiva para actuar. Y eso da oportunidad de evadirse o ingresar ilegalmente y no sabemos quién fue”, añadió. Gómez también destacó el problema del contrabando, que utiliza las mismas rutas para el ingreso de drogas, armas y municiones, como subfusiles capaces de atravesar blindados.
A su vez abogó por una mayor inversión en inteligencia y prevención. “Siempre partimos de la premisa general operativa de prever el peor de los escenarios y esperar que ocurra lo mejor”, afirmó, destacando la importancia de anticiparse a los riesgos. Propuso fortalecer la custodia de fiscales y jueces, especialmente aquellos expuestos por investigaciones sensibles, y mejorar la capacitación y equipamiento de la Policía. “Cada país tiene la Policía que quiere, no la que necesita”, reflexionó, comparando la situación de Uruguay con países como Colombia y Brasil, donde la Policía está mejor preparada para enfrentar amenazas más desarrolladas. La adquisición tardía de aviones para controlar el sobrevuelo de avionetas con droga es un ejemplo de la demora en la toma de decisiones estratégicas, lo que permitió, según Gómez, el ingreso de “vaya a saber cuántas toneladas” de droga.
Reacción política
El atentado contra Ferrero generó una respuesta inmediata del sistema político, con reuniones de emergencia de los principales partidos, y un encuentro del presidente Orsi con representantes de estos.
Gómez destacó que este hecho “despertó la sensibilidad del espectro político con mayor nitidez y claridad e intensidad”, especialmente porque Ferrero había solicitado recientemente en el Parlamento mayor apoyo para la fiscalía. “Mónica Ferrero fue hace poco al Parlamento y casi en una súplica solicitó que se le brindara el apoyo de la Fiscalía para desarrollar sus tareas con seguridad”, recordó. La presencia de figuras como el presidente Orsi, el ministro del Interior Carlos Negro y la ministra de Defensa Sandra Lazo en estas discusiones subraya la necesidad de un enfoque coordinado que incluya inteligencia regional y seguridad nacional. “Cuando hablamos de brindar seguridad en este caso, como estamos hablando de narcotráfico, hay organizaciones internacionales, también se necesita un despliegue de inteligencia regional”, afirmó Gómez.
El impacto de este atentado podría influir en las discusiones sobre el Presupuesto Nacional, especialmente en lo que respecta a la asignación de recursos para seguridad. Gómez lamentó que, a menudo, el sistema político no prioriza estas medidas hasta que ocurre un hecho grave. “El que toma la decisión como ordenador del gasto no ve la necesidad en el momento y no se proyecta al futuro a pesar de que el asesoramiento le indique que ese es el camino que tiene que tomar”, criticó. Este incidente, al involucrar a una figura con un “componente político intrínseco” como Ferrero, podría finalmente impulsar una mayor asignación de recursos para prevenir y combatir el crimen organizado.
Jorge Gómez Arbiza enfatizó que, aunque el país aún no enfrenta los niveles de violencia de otras naciones, la escalada progresiva de estos incidentes exige una respuesta inmediata. “Uruguay no puede seguir siendo un país vulnerable y se tiene que volver un país hostil para todo tipo de actividades criminales internacionales y nacionales”, insistió.
