Un nuevo decreto del Poder Ejecutivo puede causar que la empresa de energía pierda a sus grandes clientes, debiendo sobrecargar las tarifas en los usuarios residenciales. Sobre este y otros temas, La Mañana dialogó con el director de UTE por Cabildo Abierto, el Ec. Enrique Pées Boz.
Nuevamente, usted cuestiona lo que está pasando en UTE y esta vez hace hincapié en un reciente decreto del Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la situación de la empresa al día de hoy?
Ya hemos compartido que de 2012 a 2018, se celebraron muchos contratos PPA en el marco del “cambio de la Matriz Energética”, que hoy demandan pagos por energía, requerida o no, cercanos a los US$ 600 millones anuales. Esto es casi un 45% del presupuesto de producción de UTE, y que tantas consecuencias negativas ocasionan sobre las tarifas y los bolsillos de sus 1 600 000 usuarios, entre residenciales y pymes. He aquí el inicio de la privatización de la producción de energía eléctrica en Uruguay. Lo nuevo y seguramente no previsible, allá por el año 2019, es lo ocurrido recientemente.
¿A qué hechos y temas nuevos se refiere?
Por la prensa nos informamos de la reciente ceremonia de inicio de actividades de la empresa finlandesa UPM 2, en Paso de los Toros, el 6 de junio. El gobierno casi en pleno participó, suponemos que no ignorantes de los cargos por la energía eléctrica de autogeneración con biomasa que UTE estará obligada a comprarles por lo que les exceda a sus necesidades productivas. Y pocos días antes, el 17 de mayo de 2023, se firma un decreto en acuerdo con el Ministerio de Industria y el de Ambiente, sobre la posibilidad de que los suscritores que generen energía eléctrica para su propio consumo inyecten energía eléctrica a la Red de Interconexión y que sea adquirida por UTE. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo, desde nuestra posición como director, la podemos considerar inconsulta, puesto que se notifica a UTE por correo electrónico el 24 de mayo y se distribuye por la misma vía a los directores el día siguiente, sin ninguna reacción de la Administración o del Directorio hasta la fecha
¿Cómo afecta a la UTE ese decreto?
Por ejemplo, se incluyen a “los grandes consumidores potenciales y a los consumidores cautivos” y tampoco ya será la “posibilidad” de comprarles excedentes a los agentes privados por su propia autogeneración, sino que ahora UTE está obligada a adquirir la energía. Nos preguntamos qué queda de la autonomía de UTE cuando decisiones que le impactan fuertemente se toman fuera de la institución.
Ha mencionado que esto es un largo proceso, ¿a qué se refiere?
Tres circunstancias –los contratos PPA, UPM 2 y ahora el decreto del 17 de mayo de 2023– tienen una característica común: facilitar la gestión privada, encomendando a UTE a asumir los riesgos de excedentes de energía y sobreprecios y UTE no pierde, sino que todo lo transfiere al usuario a través de las tarifas.
¿Cómo cuantifica los sobreprecios que pagan hoy día los usuarios de UTE?
Desde el año 2012, con la aparición de los contratos PPA, hasta la fecha se han pagado US$ 1200 millones por sobreprecios y excedentes; habrá que pagar US$ 3500 millones más durante los 10 a 20 años que todavía restan a los compromisos firmados fundamentalmente entre los años 2012 y 2018. Ahora, se adiciona la compra obligada a UPM 2. En el contrato firmado en el año 2017 se establece la obligación para UTE de comprar hasta 250 MW, al doble de lo que costaría la energía eólica o fotovoltaica en un mercado libre de verdad. Como es a 20 años, los usuarios de energía eléctrica (1,6 millones de hogares) le pagarán a UPM más del 50% de la inversión realizada en Paso de los Toros.
¿Qué implica el decreto del 17 de mayo en materia de grandes clientes de UTE?
Pone en riesgo la permanencia en la cartera de UTE de sus algo más de 400 grandes consumidores, los que representan el 25% de la energía anual vendida y casi un 20% de la facturación total medida en dólares. Una migración extrema significaría perder hasta US$ 280 millones de ingresos a UTE, con las consecuencias de riesgo de incremento de más de un 10% real en las tarifas. Un ejemplo es el estudio de una empresa en particular; en un solo caso el riesgo de pérdida de venta de energía sería del 77% de los 2 millones que hoy le facturamos, perdiendo US$ 1,6 millones. Este riesgo subiría a casi un 92% –US$ 1,9 millones de los US$ 2 millones que actualmente le factura UTE– si el empresario que tomamos como representativo decide adecuar sus turnos y venderle energía autogenerada en los picos del mercado spot a UTE, incrementando sus beneficios productivos con las oportunidades que el decreto les ofrece.
¿Pero cuáles son los fundamentos desde el Poder Ejecutivo para la firma de un decreto y no consultar a UTE?
En los comentarios de prensa a que tuvimos acceso (El País del 15 de junio), el director nacional de Energía habría manifestado “que este era un reclamo que las empresas e industrias venían haciendo desde el inicio de la actual administración”. No lo dudamos, por los cálculos que antes presentamos. En un similar sentido, desde SEG Ingeniería, consultora privada especializada en estos temas, afirmaron que “industrias, shoppings, grandes edificios corporativos o hasta un hospital pueden verse beneficiados por esto”. Por eso, afirmo que van tras nuestra cartera de grandes consumidores.
¿Qué reacción percibe usted de los funcionarios y el sindicato de UTE frente a esta nueva realidad?
Quiero realizar un respetuoso comentario al sindicato (AUTE). En solo nueve años y a partir del inicio de la privatización de la generación mediante contratos PPA, el área de Generación ha pasado de 630 funcionarios a 496 en la actualidad. Trasmisión, otra de las áreas relevantes, hoy tiene 700 funcionarios. Si el contagio privatizador directo o indirecto de UPM 2 y de este decreto del 17 de mayo sigue su curso sobre los 2100 funcionarios de Distribución y los 1400 de Comercial, quo vadis o en qué quedará aquella UTE a la que con orgullo puedo decir que perteneciera mi padre, trabajando en sus Talleres Generales, cuando en aquella década de los años 40, todavía el Parque de Vacaciones de los funcionarios de UTE era una ilusión.
El dron no ha llegado
Consultado el director Pées Boz sobre la adquisición de un dron, el cual aún no ha llegado y que levantó polémica por estar implicado el excustodio presidencial Alejandro Astesiano, explicó que la convocatoria en el año 2022 a una licitación abreviada para la provisión de un dron y un software por hasta un millón de dólares, tuvo su tramitación a través de la Administración de UTE, y él se enteró del asunto a través de los informes que dicha oficina proporcionara.
En mayo se tomó la medida de intimar la entrega del dron, otorgando un plazo que venció sin que este llegue. Según Pées Boz, UTE ahora estudia los caminos a seguir, “incluida la posibilidad de rescisión de la adjudicación de la correspondiente licitación abreviada”. El dron era para la revisión de las líneas de alta tensión.
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