La suspensión de las transferencias financieras para acciones de protección ambiental en la Amazonia, anunciada por los gobiernos alemán y noruego en represalia por la orientación actual de la política ambiental brasileña, es emblemática del concepto de “déficit de soberanía” utilizado por el general Eduardo Villas-Bôas, ex Comandante del Ejército, para calificar la limitación de la autoridad de Brasil sobre cuestiones estratégicas para el desarrollo de la región.
De hecho, desde el comienzo de la ofensiva del aparato ambientalista-indígena del “gobierno mundial” que convirtió al país en el “villano ambiental número uno del mundo” a partir de la segunda mitad de la década de 1980, los sucesivos gobiernos no solo se han sometido pasivamente a una agenda intervencionista y anti-desarrollista, sino que las políticas ambientales e indígenas llegaron a estar de acuerdo con las pautas dictadas desde el extranjero y promovidas por un ejército irregular de organizaciones no gubernamentales (ONG), para las cuales se tercerizaron varias funciones que deberían recaer en el Estado brasileño.
Para empeorar las cosas, las agencias gubernamentales encargadas de implementar la política ambiental han dependido de los recursos externos debido a las crecientes restricciones presupuestarias impuestas por la prioridad absoluta dada al servicio de la deuda pública en medio de la depresión económica de los últimos años. El Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) fue el mayor receptor de fondos del Fondo Amazonas, ahora interrumpido por Noruega, lo que puso en jaque las operaciones de inspección de la agencia. El Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) también ha recibido una parte considerable para el monitoreo de la deforestación, cuyos índices se han convertido en objeto de justificados cuestionamientos, por la forma incompleta y alarmista en que se divulgan y dado que datos del propio INPE sugieren ser un tanto exagerados.
Mientras tanto, un programa de monitoreo más sofisticado como TerraClass, que indica las categorías de áreas deforestadas y áreas de regeneración de vegetación, excluidas de los índices de deforestación, ha sido paralizado por el INPE desde 2014 debido a una supuesta falta de recursos. Curiosamente, entre 2008 y 2012, el sistema indicó que el área total de vegetación regenerada en la Amazonía Legal superó en dos veces y media la superficie deforestada (Embrapa, 23/12/2014).
No es sorprendente que el “tercer sector” (eufemismo para las ONG) haya sido la categoría que recibió más fondos del Fondo desde que comenzó a funcionar en 2008. Las distorsiones generadas por las acciones de ciertas ONGs en esta agenda fueron evidentes en la auditoría realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, por determinación del Ministro Ricardo Salles. Por un lado, la mayor parte de los recursos del Fondo en los proyectos y programas implementados por ellos estaban destinados a pagar salarios, con casos de hasta R $ 45.000 por mes, en contraste con R $ 990 por año para las familias que participan en el Programa Bolsa Floresta (“para mantener el bosque en pie”), creado por el estado de Amazonas y administrado por la ONG Fundação Amazônia Sustentável.
Además de ver actividades productivas purgadas, como el cultivo de arroz de regadío, erradicado por la demarcación de Tierra Indígena Raposa Serra do Sol, Roraima sigue siendo el único estado aislado del Sistema Nacional Interconectado (SIN) de suministro de electricidad, debido a la prohibición del proyecto de línea de transmisión Manaus-Boa Vista, por atravesar el territorio de los indígenas waimiri-atroaris, igual que a lo largo de la carretera BR-174 (que los indios cortan impunemente entre las 18h y las 06h).
Con la promulgación de la Constitución de 1988, este aparato intervencionista recibió el valioso apoyo de sectores del Ministerio Público, lo que atrajo a la militancia “indígena-verde” por inclinaciones ideológicas y cursos, seminarios y otras recompensas financiadas por ONGs del aparato ambientalista-indígena, que acabaron por convertirse en una fuerza policial virtual del “gobierno mundial”.
(*) Integrantes del Consejo Editorial de la revista del Movimiento de Solidaridad Iberoamericano (MSI)
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