Nuevo intento para habilitar el voto epistolar
Una de las propuestas normativas impulsadas por la bancada de Frente Amplio (FA), en plena recta final de la actual legislatura, es la habilitación del voto de los uruguayos en el exterior (ver artículo de página 8). A partir de una ley creada en 2018, que promovía no eximir de derechos y obligaciones ciudadanas a los residentes fuera del territorio nacional, se creó una comisión presidida y coordinada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) que brindó información necesaria en la materia y sirvió de punto de partida para que la bancada del FA elabore un nuevo proyecto de ley que permita que todos los uruguayos radicados en el exterior puedan votar a través de los consulados. Desde la bancada oficialista mencionaron que se pretende que esta propuesta sea considerada en la actual legislatura y que la misma sea aprobada en el próximo período legislativo.
Esta iniciativa fue impulsada por la izquierda uruguaya en varias ocasiones sin tener éxito. En 2000 y 2005, diferentes proyectos que promovían la modificación electoral no prosperaron al no llegar a los 3/5 de los votos. La aprobación del voto epistolar también fracasó por la vía plebiscitaria en las elecciones nacionales de octubre de 2009, instancia en la que dicha propuesta no alcanzó superar el 50% del apoyo popular y obtuvo 37.42%.
Iniciativas firmadas por el presidente Tabaré Vázquez
El Poder Ejecutivo envió días atrás dos proyectos de ley a ser tratados en el Parlamento. Uno de ellos retoma la inquietud del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) desde hace varias décadas, que busca que todos los productores agrícolas cooperativos regularicen sus pagos y cuenten con la propiedad de sus silos. En un único artículo, el proyecto de ley propone que se autorice al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al MGAP el inicio de un proceso para regularizar el adeudo que mantienen las organizaciones de productores con el Plan Nacional de Silos. La propuesta pretende finalizar con la propiedad estatal de los silos (según las normativas de 1970 y 2002) para fortalecer al sector agrícola con la incorporación de estos bienes y la regulación bancaria.
El otro proyecto de ley enviado desde la Torre Ejecutiva es el relativo a la creación del Ministerio de Cultura y Derechos Culturales. Según menciona Presidencia, la iniciativa surge del compromiso asumido por el gobierno uruguayo en 2016, en el marco de la celebración del décimo aniversario de la aprobación de la Carta Cultural Iberoamericana realizada en Montevideo. La propuesta de este nuevo ministerio pretende “ponderar el área y las políticas correspondientes en el ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas”. El proyecto de ley también incluye la creación del Consejo Nacional de Cultura, que funcionará como un órgano consultivo de carácter honorario que dependerá del Ministerio de Cultura y Derechos Culturales.
Proponen modificar el nuevo CPP y flexibilizar ley de inclusión financiera
Según informaron desde la bancada del FA, se espera que en la primera quincena de setiembre el Parlamento apruebe las modificaciones propuestas para mejorar el funcionamiento del Código del Proceso Penal (CPP) aprobado en noviembre de 2017. El proyecto de ley que se encuentra en estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores contará con la opinión calificada del fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, y otros profesionales especialistas en la materia penal.
La reducción de las causas que apliquen al régimen de libertades vigiladas, y la eliminación de esta para los casos de delitos graves como rapiña agravada, copamiento, secuestro y narcotráfico, representan los cambios más significativos de la iniciativa que tuvo como primera instancia la discusión sobre libertades vigiladas ayer martes.
Por otra parte, el diputado del Partido Colorado (PC), Conrado Rodríguez, presentó un proyecto de ley para derogar la obligatoriedad planteada en la Ley de Inclusión Financiera y Promoción del Uso de Medios de Pago Electrónico. El legislador indicó que dicha ley “apuntó a controlar los movimientos de la actividad económica y tuvo un evidente fin recaudatorio”. Rodríguez plantea que los beneficios percibidos deben ser mayores a las trabas que tenían los más excluidos para el ingreso al sistema financiero.
El representante colorado entiende que la normativa actual impone la utilización de medios de pago, instituciones y formas contractuales, limitando a las personas. Por eso Rodríguez hace hincapié que esta medida debe ser de carácter voluntario y no impuesto.
Proyecto de ley prevé que clubes de la AUF salden sus deudas al BPS con fondos incautados de la corrupción del fútbol
Puntualmente, si se aprueba esta ley, los bienes recuperados por la justicia al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Eugenio Figueredo, serán destinados al BPS para saldar las deudas contraídas por catorce clubes del fútbol uruguayo con dicha entidad.
La propuesta es impulsada por los diputados nacionalistas, Armando Castaingdebat (exintegrante del comité normalizador de la AUF propuesto por FIFA), Mario García y Amín Niffouri. En el documento se solicita “la aspiración de cancelación de deudas con el Banco de Previsión Social mediante fondos recuperados de actividades delictivas”. Estos fondos son los que, a través de la justicia, el Estado uruguayo recuperó de las coimas recibidas por Figueredo cuando ejercía como dirigente de Conmebol y FIFA. “Ello será de justicia y además solucionará un grave problema que hoy existe en las entidades de la primera y la segunda división profesional de nuestro fútbol” argumenta el texto.
La norma prevé que los fondos se repartan en partes iguales entre los clubes y también quedará establecido que “toda vez que se obtengan bienes o valores fruto de delitos de lavado de activos”, provenientes de delitos de corrupción, el destino de estos debería ser “prioritariamente las personas físicas o jurídicas afectadas directa o indirectamente por esas actividades delictivas”.
En el marco de la Comisión Especial de Deporte de la Cámara de Representantes, este martes se llevó cabo la primera instancia de discusión sobre esta iniciativa presentada por los legisladores nacionalistas, que contó con la presencia de autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.
