Los cambios en el Consejo Honorario de Instrucciones Generales de la Fiscalía y un acuerdo para solucionar el conflicto con los funcionarios judiciales por un incremento salarial, que no incluye a magistrados y fiscales, fueron los dos temas principales dentro del tratamiento de la ley de Presupuesto en los capítulos de la Fiscalía General y el Poder Judicial.
El Consejo Honorario de Instrucciones Generales es un organismo que dicta pautas determinadas para que los fiscales lleven adelante durante sus investigaciones. En un principio, desde el Poder Ejecutivo se planteaba la derogación de este Consejo como un modo de que esas instrucciones dejaran de ser emitidas, volviendo al régimen anterior que rigió históricamente en el país. Esto estaba en el proyecto original de Presupuesto en el artículo 687.
Después de una ardua negociación dentro de los partidos de la coalición, se acordó que el Consejo siguiera existiendo, pero con una nueva conformación. Por el momento y hasta que se apruebe el presupuesto, se compone por el Fiscal de Corte, un representante de la Facultad de Derecho, otro del Colegio de Abogados, uno del Poder Ejecutivo, otro de la sociedad civil y un representante de la Asociación de Fiscales.
Al tratarse en Cámara de Diputados, se agregó el artículo 705, por el que el Consejo estará conformado desde ahora (y de ser ratificado en el Senado) por el fiscal de corte, dos representantes del Poder Ejecutivo y los dos fiscales más antiguos de Montevideo. Según ha trascendido, los fiscales designados serían la Dra. Mónica Ferrero y el Dr. Daniel Gutiérrez. El Consejo Honorario estará presidido por el fiscal de corte y sesionará con un quórum mínimo de tres integrantes. Las decisiones deberán ser adoptadas por mayoría simple, la que deberá integrarse con al menos un voto de los representantes del Poder Ejecutivo.
Se mantienen Instrucciones, se modifica el Consejo
Una característica importante sobre este cambio en el Consejo es que por mayoría simple se podrán modificar o anular instrucciones emitidas en el pasado. Una de las más cuestionadas es la Instrucción General 6, que hace referencia a que el fiscal puede negociar la tipificación del delito, la pena y la forma del cumplimiento de esta.
Una de las negociaciones encuadradas en esta Instrucción y que fuera muy polemizada en los últimos días, fue la alcanzada entre la Fiscalía y el sindicalista argentino Marcelo Balcedo, acusado de corrupción en su país. Mediante esta negociación, Balcedo recuperó parte de lo que se le incautó en Uruguay, entre ello US$ 2,5 millones y una Ferrari modelo California NY10. A cambio debió entregar dos Porsche, un Chevrolet Camaro y una camioneta Land Rover, US$ 4 millones y un chalet en Playa Verde.
Otra Instrucción que podría ser derogada o modificada es aquella que determina qué Fiscal interviene en un determinado caso. Esa designación se realiza mediante una oficina destinada al respecto dentro de fiscalía. Esta situación hoy vigente es una de los más cuestionadas por los propios fiscales, entendiendo que una condición de la buena administración de justicia es que no se sepa qué juez o fiscal le va a tocar a una persona cuando es acusada de un delito. En ese sentido, la acusación debería ser llevada adelante por el fiscal que estaba a cargo de la oficina el día que se cometió el delito y no designar a otro que no estaba de guardia en esa jornada, cosa que puede suceder actualmente.
Los nuevos límites que se le marcan a Fiscalía General
Otro asunto que no estaba ni el capítulo del inciso 33 ni se trataba de la derogación de las Instrucciones Generales, sino que forma parte del artículo 8 del mensaje del Poder Judicial estaba referido al traspaso de funciones y de servicios del Departamento de Medicina Forense del Instituto Técnico Forense y del Departamento de Química y Toxicología a la Fiscalía General de la Nación.
De haberse llevado adelante esta iniciativa, los peritos pasaban a depender de la parte acusatoria, pero se consideró que estos profesionales debían mantener la imparcialidad y objetividad, trabajando para los jueces y no para una de las partes involucradas en un juicio o investigación. Varios legisladores hicieron notar que, si dependían de Fiscalía, sus informes podrían ser impugnados por la defensa de los acusados.
Otro punto tratado en el plenario fue la cantidad de vacantes que existen en la Fiscalía General y la transposición de rubros. Se estima que un 10 % de las vacantes no han sido llenadas y en los últimos cuatro años, US$ 12 millones que correspondían a la categoría salarios (de estos cargos no completados) pasaron a inversiones, mientras que el fiscal general pedía que se crearan nuevos cargos. Dentro del Presupuesto (artículo 576) se estableció que cada vez que desde Fiscalía se quiera hacer una transposición de rubros de salarios a inversiones, ahora necesita autorización del Ministerio de Economía.
Del proyecto original de presupuesto se sacó el artículo 561 que hacía referencia a la responsabilidad civil de los fiscales, por lo cuales estos podrían terminar debiendo el reembolso al Estado, en caso de determinadas demandas «si los daños o perjuicios provienen de dolo o culpa grave».
Además, se aprobó, tal como estaba en la iniciativa original el artículo para que la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado se transforme en una Fiscalía Penal de Montevideo y todos los asuntos en los que intervenía en razón de su competencia serán distribuidos entre las Fiscalías Penales de Montevideo.
Una fórmula que no abarca a los jueces
En el proyecto tratado en el Parlamento se agregó un artículo (518) que pone fin a un reclamo que surgió en 2011. Esto es para los funcionarios del Poder Judicial que ingresaron con posterioridad a la firma y adhesión a un convenio de 2018. Estos recibirán un incremento salarial de 26 %. Se estima que serán 4.700 funcionarios los que percibirán este beneficio y que en muchos casos ya le habían ganado un juicio al Estado por este tema.
Los funcionarios que reciban este beneficio deberán manifestar por escrito su renuncia a promover cualquier tipo de reclamación en sede administrativa o jurisdiccional, y los fondos están previstos dentro del presupuesto del Poder Judicial, por lo cual se van a desembolsar entre este año y 2024.
Quedaron fuera de la iniciativa los jueces, defensores de oficio y actuarios. La presidenta de la Asociación de Magistrados, Cristina Cabrera, señaló que a la gremial le congratula que se salde la deuda con los trabajadores judiciales, pero «sorprendió» que la fórmula encontrada no abarca a los jueces y agregó que «se está generando una nueva situación de inequidad», dentro del Poder Judicial. La idea del gobierno es que dentro de las próximas rendiciones de cuentas se contemple a quienes quedaron ahora fuera del acuerdo.
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