Autoridades del Ministerio de Industria comunicaron en el Parlamento detalles de un decreto –que está pronto para la firma presidencial– que reglamenta un artículo de la Ley de presupuesto de 2020 que estableció nuevas reglas para el reparto de la pauta oficial. La falta de información de audiencias e intereses contrapuestos hicieron que la redacción del decreto se dilatara en el tiempo. Tras varias instancias de negociación, siguen las diferencias, según constató La Mañana luego de consultar a representantes de los medios.
El artículo 774 de la Ley 19.924 (Presupuesto Nacional 2020-2024) estableció que deberá destinarse al menos un 20% del monto total de la publicidad oficial de alcance nacional a medios de comunicación radicados en el interior. En el caso de los entes autónomos y servicios descentralizados –que se encuentren en regímenes de libre competencia– el monto mínimo deberá ser del 10% del monto total de publicidad. Sobre dichos porcentajes, se establece que al menos 0,5% sea para cada departamento.
Aunque se aprobó en diciembre de 2020, la aplicación de la norma se demoró hasta la actualidad por distintos factores. Primero, los medios del interior debían llegar a un acuerdo de cómo distribuir lo asignado por departamento y, por su parte, la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) sería la encargada de reunirse con todos los actores involucrados para luego redactar un reglamento que interpretara y defina los montos a destinarse.
El seguimiento de este proceso reglamentario se realiza desde hace más de un año y medio en la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes. En tal sentido, el pasado 9 de noviembre asistieron a dicha comisión el ministro de Industria, Omar Paganini y el director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, para informar los detalles del decreto reglamentario confeccionado.
Paganini señaló que el artículo aprobado en la Ley de presupuesto “implicó bastante trabajo de conversación con los distintos actores”, puesto que “involucra a agencias de publicidad, anunciantes, medios escritos, medios televisivos y medios de radios”, indicó el jerarca. “En la medida en que no se cuenta con estudios de audiencia demasiados detallados en algunos lugares del interior y demás, se generaba mucha polémica sobre la efectividad de esa distribución para los efectos de los anunciantes, por un lado y, por otro, mucho interés de parte de los medios del interior en recibir esa publicidad que, evidentemente, ayuda a su sostenimiento económico”, explicó.
En tal sentido, el ministro recordó que se le encomendó al director nacional de Telecomunicaciones que desarrolle «una serie de reuniones con los distintos actores e, incluso, alguna conjunta con todos ellos para finalmente tratar de llegar a un acuerdo que pudiera reglamentar esto que, además, genera algunas ambigüedades respecto a qué porcentaje se refiere cada uno de los requerimientos que tiene este artículo”, dijo.
Paganini anunció que se llegó a un texto que “fue firmado por los ministros y está en Presidencia, y –luego que se haga una corrección relativa a “una observación muy menor” de la Asesoría Jurídica de Presidencia–, será aprobado a la brevedad”, aseguró.
Acosta y Lara fue el encargado de informar los porcentajes estipulados en el decreto y estimó que en los primeros meses de 2023 “se empiece a trabajar como corresponde”.
El titular de la Dinatel comunicó que quedó establecido que de ese 10 o 20% de la publicidad, según el caso, primero se destinará un 0,5% del total que le corresponde a cada departamento del interior que se distribuirá en partes iguales entre los medios inscriptos en dicho departamento. Mientras que el 91% restante se distribuirá así:40% para señales de televisión abierta y televisión para abonados, 40% para radios AM y FM, 19% para la prensa escrita y 1% para las radios comunitarias.
“Es la distribución que se hizo con relación, no solamente a lo que se habló, sino a los distintos estudios de las incidencias que tiene cada uno de estos tipos de medio”, justificó Acosta y Lara ante los diputados de la comisión. Además, el jerarca explicó que los portales digitales quedaron afueraporque a veces “no son del departamento y lo que queremos fomentar son los que están radicados en el departamento”, recordó.
“Por algún punto hay que empezar”
Así se expresó, consultado por La Mañana, el presidente del Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo. Si bien apuntó a que el porcentaje de un 10% o un 20%, “donde vive la mitad de la población”, es “muy chico”, aseveró que en las negociaciones se puso “todo el empeño y toda la buena voluntad, de encontrar un acuerdo en el entendido de empezar en un punto, cuanto antes”.
Melo recordó que “desde siempre existió una situación de injusticia con los medios del interior, en el reparto de la publicidad estatal”. “En el interior vive más de la mitad de la población y los medios, de las pautas publicitarias, recibimos prácticamente nada”, apuntó.
“Hay armado todo un esquema entre las agencias de publicidad, los grandes medios y los que se denominan bolseros (que son los que compran las bolsas de minutos y después las revenden), y les pagan cifras irrisorias a los medios del interior, que no tienen más remedio que aceptar esa condición”, explicó el presidente de CUTA.
“A veces puedo llegar a entender a las agencias, que para ellas pautar con 400 medios en el interior puede ser muy complejo, y entonces pauta con un número chico de medios grandes que tienen una cobertura nacional”, pero “la publicidad estatal prevé que se distribuya”, recordó Melo. Hizo hincapié que cuando los legisladores pensaron en crear este artículo, fue en el entendido de que “la pluralidad de medios con la que cuenta el interior es un gran aporte a la democracia”, y la misma se obtiene al “apoyar a estos medios para que puedan seguir subsistiendo”, argumentó.
Son “medios que cumplen un fin social que muchas veces en la capital no se conoce”, agregó Melo.
“Se sigue cometiendo la misma injusticia”
Por su parte, el gerente comercial de la Cooperativa de Radioemisoras del Interior (CORI), Nicolás Herrera, expresó a La Mañana que lo definido para el interior es una “limosna”.
“Me parece injusto que las radios del interior o las televisoras del interior reciban tan poco apoyo de las empresas del Estado, que son de todos”, dijo Herrera.
“Acá estamos viendo que los medios de Montevideo se llevan un 90%, se llevan la parte del león como siempre o sea se sigue cometiendo la misma injusticia de toda la vida”, lamentó. “En el interior hay más de un millón y medio de personas y le toca el 10% y en Montevideo hay un millón y medio de personas y le toca el 90%, entonces ¿dónde está la justicia en todo esto?”, cuestionó Herrera.
El gerente de CORI cree que “las autoridades deberían ser mucho más sensibles”. “Es muy triste lo que está pasando con los medios del interior en que algunos ya han cerrado, otros están al borde y otros están tratando de sobrevivir a como dé lugar”, advirtió.
En tanto, el presidente de la Organización de la Prensa del Interior (OPI), Alejandro Olmedo, manifestó a La Mañana que “no están conformes” con los montos destinados para los medios del interior anunciados por las autoridades del MIEM el pasado 9 de noviembre. Explicó que la prensa escrita “es la que tiene el costo más alto y en dólares”.
Olmedo comentó que tuvo una reunión con el presidente de la República el lunes 7 de noviembre en la que “el tema estuvo arriba de la mesa”. Entiende que aún no está todo definido e indicó que están a la espera de las gestiones que se realizaron días atrás.
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