El debate sobre el modelo forestal está lejos de cerrarse. Tras la discusión propiciada por el proyecto de ley forestal y el decreto ambiental, el problema de los incendios puso sobre la mesa otros aspectos muy relevantes del ordenamiento territorial y de la convivencia entre distintos productores.
Después del coronavirus y la ley de urgente consideración, posiblemente el tema celulósico-forestal sea el otro de los grandes tópicos que ha generado mayor repercusión política en el transcurso de este periodo de gobierno.
En primer lugar, fue por las consecuencias de la negociación realizada por la administración anterior con la empresa UPM para la instalación de la segunda planta de celulosa. La convocatoria de varios ministros a una interpelación en los primeros meses de 2020 para conocer más información sobre estos acuerdos llevó al ámbito parlamentario y a la primera plana mediática un debate que ya estaba instalado en la sociedad civil.
Luego fue el proyecto de ley de Cabildo Abierto sobre zonas de prioridad forestal, que durante un año y medio de tratamiento puso en revisión algunos aspectos de una política de estado llevada adelante por los sucesivos gobiernos durante más de treinta años. A pesar del veto impuesto al proyecto aprobado en ambas cámaras, para el senador Guido Manini «lo más importante es que se discutió un tema que estaba condenado a no ser discutido nunca», según dijo en una reciente entrevista con Diario La R.
Paralelamente, el novel Ministerio de Ambiente luego de lidiar con algunas resistencias iniciales por parte de la Sociedad de Productores Forestales (SPF), logró establecer por decreto algunas regulaciones apuntando en el sentido de mayores exigencias ambientales para un sector que tuvo un significativo crecimiento en las últimas décadas.
Cuando parecía que la discusión quedaba saldada, por lo menos por un largo tiempo, en los últimos días del año 2021 se registraron incendios forestales de grandes proporciones en distintas zonas del país, «entre los cuales se encuentra los que pueden ser calificados como los más grandes incendios correspondientes a bosques de producción», según se afirma en la web del Ministerio de Ambiente. «No solamente se vieron comprometidas inversiones del sector forestal, sino también derivó en un importante compromiso para los servicios públicos estatales y departamentales, y, principalmente, se puso en riesgo a las poblaciones y a los ecosistemas más cercanos, generándose distintas afectaciones al ambiente y la producción», se agrega.
El ordenamiento territorial y el marco legal
El 10 de enero el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) realizaron anuncios tras analizar los incendios en Río Negro y Paysandú «en la búsqueda de herramientas que permitan prevenir la reiteración de este tipo de eventos», de acuerdo a la información oficial.
En una reunión sostenida por jerarcas de ambas carteras, con integrantes de la Dirección Nacional de Bomberos y de la SPF, se llegó «a un acuerdo voluntario» en relación a una serie de puntos, fundamentalmente referidos a la distancia para las plantaciones respecto a centros poblados.
Según se indica, la organización de los productores forestales «solicitará a sus empresas socias tomar acciones adicionales y complementarias a las ya existentes, consistentes en su cosecha o eliminación en las plantaciones forestales cercanas a centros poblados ajustando en aquellos casos que sea necesaria a una distancia acordada con la Dirección Nacional de Bomberos». A continuación básicamente se establecen algunas fases de implementación según criterios geográficos y temporales. Además, se señala que existirá un «análisis caso a caso debiendo la SPF presentar el plan de acción correspondiente al 30 de noviembre de 2022».
En el último punto acordado se menciona que el Ministerio de Ambiente convoque «de inmediato un ámbito interdisciplinario para analizar en detalle los criterios técnicos de prevención de incendios aplicados a las autorizaciones ambientales de proyectos forestales».
Tan solo unos días después, el 12 de enero, el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) convocó a una reunión de un «grupo de sensibilización ante incendios forestales» orientado a «tomar decisiones estratégicas con el objetivo de prever y evitar la propagación de incendios», según el portal del Ministerio de Viviendo y Ordenamiento Territorial (MVOT).
A pesar de que el grupo de sensibilización no es nuevo, para algunos jerarcas que participaron del último encuentro resultó una instancia muy fructífera. Para Norbertino Suárez, director de Ordenamiento Territorial (Dinot), este espacio de colaboración resulta apropiado para integrar la óptica de esta disciplina porque «tiene como misión el desarrollo sostenible, que tiene como pilares básicos la competitividad económica, el bienestar social y el cuidado del ambiente».
En declaraciones a La Mañana, Suárez manifestó que desde su oficina se está promoviendo «que haya un estudio técnico-científico realizado por expertos y que esté encabezado por Bomberos». «En ese marco que se analice cuál es la distancia mínima que tienen que tener las plantaciones de los bosques de rendimiento con respecto a los centros poblados en áreas urbanas y sub-urbanas. Pero no solamente, sino también a las infraestructuras como rutas nacionales, caminos departamentales, vías férreas, gasoductos, etc.», añadió.
Suárez subrayó que se hará una recopilación de toda la normativa existente apuntando al tema de la prevención de los incendios forestales para ver de qué forma se puede llegar a una normativa que especifique las distancias mínimas a nivel nacional. «No obstante, es importante saber que los gobiernos departamentales dentro de su normativa ya tienen instrumentos que recogen estas inquietudes, por ejemplo en Río Negro y Paysandú», puntualizó. El jefe de Dinot aclaró que la mayoría de estas normas fueron aprobadas luego de haberse iniciado la producción forestal en esa zona. «Lo que está previsto es que cuando se corte el monte y se vaya a reforestar, se aplique esta regulación», indicó.
«También se habló que una problemática mayor significan los bosques costeros e incluso Bomberos lo ratificó. Son recurrentes los incendios en la costa y eso obedece también al mantenimiento de los predios, la limpieza, a veces a ocupaciones ilegales», destacó Suárez. «Y esto hay que asociarlo al tema del cambio climático. Hoy hay que pensar en medidas de ordenamiento territorial que tienen que ver con la gestión y planificación del territorio. A fines del año pasado se aprobó el Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático», valoró.
El director de Ordenamiento Territorial consideró que se debe trabajar al más alto nivel en una ley, con participación de todas las partes. «Hay marco legal, pero nosotros también promovemos desde acá una visión nacional de lo que es la gestión de la forestación, a través de una directriz nacional de ordenamiento territorial. Que no solamente atienda este tipo de problemáticas sino también otros aspectos con lineamientos estratégicos», concluyó Suárez.
«Crisis de convivencia»
Este lunes en el Auditorio Regional de la Udelar en Paysandú, se desarrolló la primera sesión de la Mesa de Diálogo convocada por productores rurales, apicultores y organizaciones sociales. La iniciativa contó con la participación de autoridades de gobierno, académicos y empresarios, y tuvo en el centro el tema de los incendios forestales. Incluso participaron la Iglesia Católica y la Iglesia Valdense como garantes de ese diálogo.
«Nosotros convivimos con la forestación desde hace muchos años. Algunos de nuestros campos quedaron metidos en la forestación y también tenemos algunos macizos forestales que también han ido avanzando. Las fronteras que antes era muy delimitadas, hoy ya no lo son tanto», señaló Javier Dalmás, uno de los convocantes a la Mesa. «Pensábamos que el problema de los incendios estaba del otro lado del alambrado, pero ahora nos dimos cuenta claramente que no es así», añadió.
Consultado por La Mañana, Dalmás destacó que «fue una reunión que se dio en un ambiente de respeto e intercambio». Mencionó que en esta oportunidad el tenor fue más «expositivo» pero que a partir de las siguientes instancias se comenzará a «negociar sobre las cosas que hay que cambiar».
«Desde el momento que fuimos afectados creemos que tenemos el compromiso de aportar a la solución y por eso llevamos propuestas», aseguró Dalmás. «También nos interesa saber qué fue lo que pasó que nos llevó a encontrarnos al momento del incendio a que los cortafuegos estuvieran sucios», agregó. «O no hubo inspecciones o no fueron atendidas por las forestales. Por eso nosotros hicimos una solicitud de información a la Dirección Nacional Forestal y a la Dirección General de Bomberos sobre cuáles habían sido las inspecciones en nuestra zona en los últimos cinco años», indicó.
El martes 8 de febrero será la próxima reunión de la Mesa de Diálogo. «Hay que aprender a ceder, pero también a exigir, porque entendemos que esta crisis de convivencia que se ha suscitado con el modelo forestal y el de los pequeños productores que vivimos en el entorno requiere reconsideraciones varias y construir un futuro que nos encuentre mejor preparados», finalizó Dalmás.
TE PUEDE INTERESAR
