Ante la reciente confirmación del contrato entre el gobierno de nuestro país y la multinacional finlandesa UPM, se ha avivado el debate acerca de la conveniencia de esta mega inversión, que hará crecer dos puntos el PBI del Uruguay, en un momento político clave de cara a las elecciones de octubre.
A raíz del acuerdo, se prometen innumerables beneficios por parte del gobierno, especialmente en materia de empleo y capacitación, haciendo énfasis en la conciencia ecológica del pueblo finés y en la evaluación positiva que han tenido empresas similares sobre el río Uruguay.
Sin embargo, los negocios forestales y la producción de celulosa no son reconocidos en el mundo por la generación de empleos locales genuinos, ni por sus beneficios medio ambientales, poniendo en tela de juicio la laicidad del tipo de educación que puedan brindar.
Más allá de que a UPM-Kymmene se la reconoce por “Biofore company”, su línea de productos bio sustentables, ocupando el lugar 23 en la reconocida revista de capitalismo limpio Corporate Knights, no es este el tipo de actividad que realizará mayoritariamente en el Uruguay.
Las primeras evaluaciones sobre las consecuencias de la forestación con monocultivos, realizadas por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo del Uruguay (CIEDUR) en los años noventa, anticiparon lo que probarían numerosas investigaciones científicas posteriores, en cuanto a la acidificación de los suelos, la reducción del rendimiento de las cuencas hídricas y la consiguiente pérdida de diversidad biológica. A esto se suman las consecuencias específicas de la producción de celulosa, advertidas por la Facultad de Ciencias, en cuanto a la calidad del agua y la floración de cianobacterias, que vimos llegar hasta nuestra costa atlántica el verano pasado.
Según medios internacionales y organizaciones de contralor de inversiones como BankTrack, la industria de celulosa está siendo removida de los países desarrollados como la propia Finlandia, donde hay mayor conciencia sobre el impacto ambiental. Esto coincide con un plan del Banco Mundial, expresado por su ex vicepresidente Lawrence Summers en los años noventa, anunciando la necesidad de migración de las industrias contaminantes a países subdesarrollados y por consiguiente menos contaminados.
El propio Tabaré Vázquez en su campaña del año 2004, advertía con respecto a estas intenciones y a la instalación de “las industrias basura de los países del norte”. Más aún en países como el nuestro, donde los controles ambientales son débiles y los organismos de contralor complacientes, debido a la necesidad de este tipo de inversiones que sustenten la economía.
Sin embargo, hoy nuestro gobierno las recibe con alfombra roja, comprometiendo al Estado uruguayo a millonarias inversiones, mientras la empresa puede unilateralmente decidir su retiro avisando con un año de antelación.
El propio Tabaré Vázquez en su campaña del año 2004, advertía con respecto a estas intenciones y a la instalación de “las industrias basura de los países del norte”
En cuanto a la cantidad y calidad de fuentes de trabajo que genera este tipo de industria es oportuno aclarar, que las mismas reservan generalmente los trabajos calificados y mejor remunerados para personas de su país de origen; siendo la mano de obra local y poco calificada, reducida drásticamente una vez que comienza la actividad específica.
Tal fue el caso de lo sucedido con la ex Botnia, en la que de los uruguayos que trabajaron durante la construcción de la planta, quedan solamente una tercera parte y menos de la mitad de ellos son fraybentinos. A esto se suman las consecuencias ambientales y sociales de este emprendimiento, que hizo crecer el comercio y la población local durante su auge, pero que ha dejado también niños abandonados por sus padres extranjeros, apodados como “botnios”; eliminado la pesca artesanal y extinguido la agricultura local, en favor de los latifundios forestales.
En relación al historial internacional de despidos específicamente de UPM, es importante destacar, que la empresa ha clausurado varias de sus plantas en Europa y también en los Estados Unidos, incluso a sabiendas de los miles de puestos de trabajo que se perderían con esos cierres.
Según fuentes periodísticas finlandesas como YLE y TV News, en marzo de 2006, la empresa anunció el inicio de un programa de clausura de sus fábricas en el continente europeo, que significó la pérdida de trabajo para unos 3.600 empleados en total. Casi unos 2.500 de ellos, solamente en las plantas de celulosa de Voikkaa en Kuusankoski, en lo que fue conocido como el mayor despido de la historia en Finlandia.
Un año y medio después, el 17 de diciembre de 2007, UPM anunció también el cierre de una planta en Miramichi, New Brunswick (EEUU), alegando “presiones de la industria forestal americana”. Sin embargo, en el mundo de los negocios era sabido “soto voce”, que se trataba de un acuerdo entre Finlandia y el gobierno de Estados Unidos, para evitar los residuos contaminantes de este tipo de industria en ese país.
En septiembre de 2008, la multinacional finlandesa anunció otro programa de cierre de plantas en su país de origen, que incluyó el despido de miles de empleados en Kajaani y en su planta de celulosa de Tervasaari. No obstante, esta decisión fue celebrada por organizaciones ambientales de ese país, que promociona turísticamente entre otras cosas, la calidad de sus aguas y la de su medio ambiente en general.
Según datos del Financial Times de septiembre de 2009, la empresa sueca Stora Enzo, la segunda en producción de celulosa después de UPM, también inició el mismo camino que sus vecinos del Báltico, anunciando que cerraría las fábricas instaladas en Europa. Al mismo tiempo, notificaba su instalación en el departamento de Colonia en el Uruguay, lo que finalmente derivó en la fusión con los chilenos de Arauco, generando “Montes del Plata”.
Aparentemente, las excepcionales condiciones que otorgaron los gobiernos de Vázquez y Mujica, superaron todas las previsiones para este tipo de empresas. Transformando a la forestación y a la celulosa, en un negocio con rentabilidades siderales, que atrae a cada vez más interesados hacia nuestro territorio, en detrimento del medio ambiente y la producción familiar y agroecológica, generando un éxodo continuo de población hacia las ciudades.
El escenario para la proliferación de estas empresas parece insuperable, al tener a mano enormes extensiones forestales y la utilización de una zona franca portuaria para sus negocios
El escenario para la proliferación de estas empresas parece insuperable, al tener a mano enormes extensiones forestales y la utilización de una zona franca portuaria para sus negocios. Pero además, en el caso de UPM, el gobierno uruguayo se ha comprometido a realizar una inversión mayor aún que la de la propia empresa, otorgándoles el uso preferente de un nuevo tren con horarios a elección, junto a la construcción de un viaducto para el ingreso de su producción al puerto de Montevideo.
El tren en sí mismo genera también dudas en cuanto a sus consecuencias sociales y ambientales, cuestionadas entre otros colectivos por organizaciones de vecinos, ambientalistas y la asociación de docentes (ADES), debido a que las vías férreas atravesarán zonas pobladas donde están instalados once liceos, dividiendo e incomunicando dos barrios de la capital.
Por otra parte, el “ferrocarril central” estará activo durante las 24 horas, llevando y trayendo carga de combustibles inflamables y químicos contaminantes, utilizando un tipo de tecnología obsoleta y por el que, según algunos referentes ambientalistas como Raúl Viñas, pagaremos un sobre precio millonario con respecto a su real valor de mercado.
Todo el negocio, el contrato y el tipo de inversiones acordadas, resultan en realidad muy llamativos, especialmente al no haber sido aprobados por el Parlamento, ni firmado por los representantes adecuados del Poder Ejecutivo, tal como indica nuestra Constitución.
