El director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), Mario Layera, compareció ante la Comisión Especial de Control y Supervisión del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado para detallar las funciones, estructura, recursos, convenios, carencias y propuestas de mejora de la Secretaría, en el marco de su rol estratégico dentro del Sistema Nacional de Inteligencia de Estado.
En su exposición, Mario Layera marco básicamente algunas carencias y dijo esperar que en el próximo Presupuesto se estén otorgando más recursos. Uno de los puntos que más sorprendió a los legisladores de la Comisión es que no se cuente con fondos para la suscripción a medios digitales de comunicación. También tiene solo ocho funcionarios y dos vehículos que tienen más de diez años.
Tareas estratégicas
Layera explicó ante los legisladores que la tarea de la Secretaría es “estratégica en todos los sentidos”, diferenciándola de las funciones operativas y ejecutivas que realizan las unidades del Ministerio del Interior o del ámbito militar. Según señaló, la Secretaría no lleva a cabo acciones directas, sino que se dedica a la coordinación y el intercambio de información. “La inteligencia estratégica, a través de sus canales de intercambio de información, recibe información táctica y la deriva a las unidades que pueden realizar y ejecutar acciones operativas”, afirmó. Este enfoque permite que las unidades operativas actúen con base en la legislación y las investigaciones correspondientes, mientras la Secretaría se centra en un nivel estratégico, procesando información para orientar decisiones de alto nivel.
También se refirió al Decreto reservado 389 de 2019, que proyectó una estructura ambiciosa para la Secretaría, diseñada para abarcar todas las funciones de una agencia de inteligencia estratégica plenamente equipada. Sin embargo, este diseño resultó “desproporcionado frente a la realidad de los recursos disponibles, tanto humanos como materiales”, según dijo, y no se formalizó en el período pasado, quedando en “letra muerta”. Por ello propuso formalizar una nueva estructura, más ajustada a las capacidades actuales, con una dotación mínima de 14 personas en el corto plazo, distribuidas en dirección, gabinete de análisis, secretaría administrativa, enlace exterior y cooperación, y tres unidades de apoyo (contrainteligencia, soporte TIC y asesoría técnica). A mediano plazo, se busca extender la estructura a 20 funcionarios, institucionalizando unidades temporales, con una organización plana de dos niveles jerárquicos para facilitar la comunicación y la adaptación.
En términos de recursos humanos, informó que, al asumir la actual administración en marzo de 2025, la Secretaría contaba con diez funcionarios: dos pertenecientes al inciso Presidencia de la República, seis en régimen de pase en comisión sin fecha de finalización desde los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, y dos en comisión de servicio desde el Ministerio del Interior, quienes fueron reincorporados a su organismo de origen, por lo cual solamente tiene ocho ahora. Desde el punto de vista logístico, la Secretaría opera en la Torre Ejecutiva, y dispone de dos vehículos de la flota de Presidencia: un Volkswagen Gol del año 2012 y un Mitsubishi Lancer del año 2014.
Acompañando al director, estuvo presente Ricardo Pérez, actualmente contratado por la Secretaría. El director de Inteligencia destacó la propuesta de convertir su cargo en uno presupuestado, preferentemente en el presupuesto nacional, ya que “esa propuesta fue agregada en la ley de inteligencia”. En concreto, se planteó la creación de un cargo de subdirector, una solicitud fundamentada en la experiencia reciente de la Secretaría. La renuncia del anterior director el 28 de febrero “distorsionó un poco el funcionamiento de la secretaría”, dijo Layera, lo que evidenció la necesidad de un subdirector para garantizar continuidad en la línea de acción y evitar suspensiones que puedan complicar el trabajo. También estuvo presente Nicolás Álvarez, asesor, analista y politólogo, encargado de abordar temas relacionados con el “factor político, en general, y el contexto a nivel internacional”.
Falta de intercambio de información
Entre las principales carencias identificadas, señaló la “deficiencia en el intercambio de información” debido a la ausencia de canales formales entre las agencias de inteligencia nacionales, lo que “obstaculiza un flujo continuo y ralentiza la producción de inteligencia”. También destacó limitaciones tecnológicas, como la falta de conexión a bases de datos restringidas, incluyendo las de Migración, Identificación Civil, Sistema de Gestión de Seguridad Pública, Policía Científica y el Centro de Comando Unificado, entre otras. Asimismo, apuntó a una “descoordinación metodológica” derivada de la falta de criterios, formatos y métricas comunes entre sectores, así como la ausencia de un plan de formación continuo adaptado a las necesidades del personal.
A esto se suma la carencia de suscripciones a fuentes abiertas de calidad, como prensa digital y repositorios académicos, lo que “restringe la capacidad analítica”. En cuanto a este punto dijo que “debido al surgimiento de las redes sociales, la información circula y es muy profusa” por lo cual la falta de esas suscripciones. Entonces, tampoco es una gran debilidad el tema de la suscripción en esta situación”. Pero también acotó que esas suscripciones “nos favorece cuando hay temas que expertos transmiten a través de la prensa o de los medios masivos de comunicación, porque nos están dando una certeza de que es verdadero”
Otro punto abordado fue el Plan de Inteligencia presentado en 2022, que, aunque no fue aprobado por decreto, tiene carácter preceptivo para su presentación ante la Comisión. Este documento recoge definiciones generales sobre recolección de información y medidas de contrainteligencia, pero “carece de detalles técnicos u operativos”. Según el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado, el plan requiere una “revisión sustantiva” para incorporar objetivos claros, establecer prioridades según criterios técnicos como la probabilidad de impacto, definir indicadores verificables, asignar responsabilidades específicas por agencia y articular coherentemente todas las etapas del ciclo de inteligencia: recolección, procesamiento, difusión, evaluación y revisión. Este proceso debe surgir de un “intercambio amplio liderado por la Secretaría” dentro del sistema, incluyendo organismos permanentes y eventuales.
Intercambio internacional
En el ámbito internacional, la Secretaría participa activamente en el Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos (Fosii), coliderando dos de los trece grupos de trabajo: Cultura e Inteligencia, junto a España y Guatemala, y Espacio Antártico, con Argentina y Chile. Además, participa en grupos sobre crimen organizado, narcotráfico, ciberseguridad, blanqueo de capitales, terrorismo y minería ilegal, entre otros. Layera detalló reuniones con diplomáticos y enlaces de inteligencia de países como Estados Unidos, España, Italia, Brasil, Alemania, Gran Bretaña y Emiratos Árabes, destacando un encuentro de directores de inteligencia en Madrid en julio de 2025 con representantes de Paraguay, Perú, Honduras, Portugal, España, Argentina y Uruguay.
A nivel regional, la Secretaría prioriza el crimen organizado, que según expresó ocupa el “primer lugar de la agenda pública de la mayoría de los países de Iberoamérica”. A nivel nacional, el foco está en la seguridad, las infraestructuras críticas, los activos críticos y la ciberseguridad. Layera subrayó que la Secretaría no cuenta con agentes encubiertos, limitándose a funciones de coordinación estratégica y táctica, y carece de capacidad para realizar acciones operativas, salvo en casos excepcionales autorizados por un juez y un fiscal. En este contexto, destacó la necesidad de fortalecer la contrainteligencia para detectar “debilidades que tenemos como Estado”.
Desde Hezbolá hasta Punta del Este
En cuanto a amenazas específicas, como movimientos relacionados con Hezbolá, indicó que “no hay ningún hecho que nos proporcione un antecedente claro”, pero se mantiene la vigilancia, especialmente en temas de lavado de activos y migración. Citó el caso reciente de un ciudadano iraní detenido con pasaporte falso israelí, formalizado y a disposición de la Justicia, como ejemplo de la atención a posibles amenazas.
Finalmente, Layera destacó la importancia de activos críticos como Punta del Este, que, por su relevancia cultural, tradicional y económica, es un foco de atención permanente. Esto fue ante una pregunta del diputado Gustavo Salle. “En cuanto a Punta del Este, conozco la situación desde hace mucho tiempo por mi trabajo en la policía durante muchos años. Punta del Este es un activo crítico para nosotros”. “Desde el punto de vista de la cultura, las tradiciones y principalmente los aspectos económicos, constituye un elemento fundamental. Por lo tanto, todo lo que suceda allí, ya sea negativo o positivo, es de atención nuestra” señaló.
Sobre el crimen organizado en cárceles, sostuvo que estudios de expertos indican que estas instituciones han sido un caldo de cultivo para grupos criminales en la región, que se organizan inicialmente como mecanismos de defensa y luego operan a nivel internacional. También aclaró que la Secretaría, en su rol de asesoría y recomendación, no realiza acciones operativas, pero coordina con otras agencias para abordar estas problemáticas, “buscando optimizar el sistema de inteligencia estratégica del Estado”.
