La campaña de recolección de firmas para impulsar el plebiscito por una deuda justa continúa a muy buen ritmo en todo el país. La Mañana dialogó con el abogado Gustavo Zúñiga para conocer los impactos reales que tendrá sobre la población, en especial las personas endeudadas de los sectores más desfavorecidos, en caso de que se ratifique esta iniciativa mediante la consulta popular.
Zúñiga explicó que las personas van a poder reestructurar su deuda, pasando el total a Unidades Indexadas, tomando el monto inicialmente convenido de pago. Cuando se tenga ese monto se le va a realizar el descuento de todo lo que la persona ya fue pagando y después aplicar la nueva tasa. “Es común que como los intereses muchas veces superan el cien por ciento, por más que se pague mes a mes, el liquidar la deuda se torna muy difícil, o sea la meta final está cada vez más lejana”, dijo Zúñiga.
De esta manera se podrá saber cuánto las personas deberían haber pagado si no existieran los intereses de usura, que estarían prohibidos por ser anticonstitucionales. El artículo 52 de la Constitución hace referencia que está prohibida la usura, pero no se fijan montos. Textualmente señala: “Prohíbese la usura. Es de orden público la ley que señale límite máximo al interés de los préstamos. Esta determinará la pena a aplicarse a los contraventores. Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas”. Pero no existe una ley y los límites de usura terminan siendo fijados por el Banco Central.
En 2007 se fijó que la tasa media de interés se calcularía no solo con las que cobran los bancos, sino también las financieras, de las cuales precisamente los bancos, son los propietarios. Tal hecho llevó a que la tasa media, a la cual se le agrega un porcentaje para fijar la usura, subiera de manera desproporcionada.
Zúñiga dijo que “las tasas de interés llegan al ochenta por ciento o a más del cien por ciento, con una inflación del cinco por ciento anual. A todas luces esas tasas son de usura, por más que técnicamente no estarían violando esa ley”.
El proyecto plantea que la tasa de usura sea fijada por el Parlamento, por una mayoría especial, “por lo cual serán los legisladores que responderán en este tema directamente a su pueblo”, dijo nuestro entrevistado.
También se establece en el proyecto a plebiscitarse que mientras no se vote una ley con los montos de las tasas de interés, las mismas no podrá ser más de un 30% anual, incluido moras y multas. Estos eran en promedio los intereses que existían antes de la ley impulsada por el Frente Amplio en 2007.
La reestructura será optativa para el deudor, abarcando tanto a instituciones públicas como privadas. Otros aspectos que señaló Gustavo Zúñiga es que “no es la primera vez que se hacen reestructuras de deuda en Uruguay. Esto ya ha pasado, incluso con personas jurídicas. En este caso se establece que es para personas físicas solamente y a la vez se ponen límites en cuanto al monto de la deuda que se puede refinanciar”.
El dirigente de Cabildo Abierto dijo que muchas veces, cuando se están recolectando firmas para el plebiscito, la gente pregunta si también abarca a bancos públicos, como el BROU, “y la respuesta es que sí”. Acotó que la gente comenta al momento de firmar que “estamos en un sistema cuasi perverso que se eterniza. Todos los que firman te dicen que hace años que están en esto y no ven una salida, porque han ido pagando, pero por las tasas de interés es algo de nunca terminar”.
A esto Zúñiga agrega que “la gente quiere pagar, pero con este sistema se vuelve algo imposible. Terminan en el Clearing y ahí se inicia otra historia, que es la venta de los créditos a los denominados “estudios jurídicos”, los cuales comienzan con las interminables llamadas a cualquier hora y cualquier día”.
Zúñiga, como abogado, relató que ha tenido varias consultas por lo que se consideran llamadas abusivas, “que están jugando al borde de la amenaza”. Sobre este particular dijo que el tema de los pseudoestudios jurídicos dedicados al cobro de deudas es algo que “no se termina, ya que el sistema está planeado de esta manera. Estamos hablando de mucho dinero que está en juego, por lo cual es un negocio que funciona, a esta altura, al límite de la legalidad”.
“Cambios favorables para deudores”
Por su parte, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo que el proyecto de Deuda Justa “no es un perdonazo ni un perdona tutti. Lo que busca es que los deudores puedan pagar en términos de justicia y que los acreedores puedan cobrar lo que es justo”. En diálogo con La Mañana, el senador indicó que no ve problema alguno en el proyecto a plebiscitar, considerándolo una mejora con respecto a las iniciativas que aprobó la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde se establecían normas automáticas de refinanciación de las deudas, evitando la concurrencia a sedes administrativas de Justicia. Este proyecto naufragaría más tarde.
“Realmente encuentro que estos cambios que planteamos a nivel constitucional van a ser favorable para los deudores, pero también para los acreedores, ya que deudas que consideraban incobrables seguramente las van a poder cobrar. Ahora se plantean en términos de razonabilidad las condiciones que le van a facilitar a los deudores, el cumplimiento de sus obligaciones”, acotó.
Cuando se le consultó a qué se debía que el proyecto no se estuviera discutiendo por ningún partido, más allá de Cabildo Abierto, Domenech dijo: “Creo que está sucediendo ese fenómeno tan común en nuestro sistema político, de que lo que propone un partido no puede ser aceptado por los demás, aunque sea bueno, porque eso los desmerece. Pero, por el contrario, los enaltece, aunque no sean responsables de la iniciativa, ya que se deben acompañar las buenas soluciones” agregó.
Y reflexionó que se han conseguido miles de firmas “y obviamente no son firmas de adherentes solo a nuestro partido, sino que muchísimas de ellas responden a adherentes de los restantes partidos de nuestro sistema político. Esto quiere decir que la propuesta tiene una aceptación muy generalizada”.
Para el senador cabildante, el sistema político se está perdiendo una oportunidad de resolver un problema real de la gente, ya que “nos quedamos en los fuegos artificiales de la política y no vamos a los problemas de fondo. El problema del endeudamiento de los sectores de menos ingresos de nuestra población es real y no debe ser eludido. Lo he podido compulsar con mucha frecuencia durante la recogida de firmas”.
Sobre el proyecto de Cabildo Abierto de reestructura de deudas que volvió a Comisión en el Senado, tras una frustrada aprobación en el Plenario, dijo no ser optimista de que el resto del sistema político tome la decisión de enfrentar un tema como este durante 2024. Por eso llamó a extremar esfuerzos para conseguir las firmas, “ya que va a ser la única forma de aportarle una solución definitiva al problema del endeudamiento de los sectores más desfavorecidos de nuestra economía”.
También hizo referencia a las elecciones de este año y el programa de Cabildo Abierto, donde indicó que el tema estará presente.
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