Inspirado en políticas similares de Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Brasil, el proyecto elevado al Parlamento el 22 de julio por nueve de los trece senadores del Frente Amplio tiene el visto bueno de Cabildo Abierto, que propondrá algunas modificaciones, aunque nacionalistas y colorados no lo creen oportuno y apuntan sus críticas al perjuicio comercial para propietarios.
Según cifras de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en los últimos 20 años se vendieron 8,5 millones de hectáreas, que representan el 52 % de la tierra productiva del país.
Un informe denominado «la producción en Uruguay: sus problemas del presente y los retos que se avecinan», publicado por la Dirección de Estudios Económicos de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) en 2017, revelaba que de los 8 millones de hectáreas vendidas desde 2001 hasta ese año, el 61 % fueron compradas por sociedades anónimas, en su mayoría conformadas por capitales extranjeros.
Además, el estudio de la ARU advertía que durante esos 16 años se perdieron en el país 8 mil productores familiares, principalmente debido al “atraso cambiario, la suba de los costos y la caída de la rentabilidad del negocio agropecuario”.
El proyecto que promueve el Frente Amplio, que aún no logra consenso interno, busca regular la adquisición por parte de extranjeros -del pleno dominio, la nuda propiedad y la posesión- de tierras ubicadas en los suelos rurales. De esta manera proponen como fin “proteger al dominio nacional, frente a la concentración ociosa y especulativa de tierras, por avatares financieros y del capital”.
En la exposición de motivos, los legisladores que impulsan la iniciativa sostienen que “el problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía”, e interpretan que este es el “talón de Aquiles” de las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Entienden que “la tierra y la producción que emerge de ella, representa un pilar fundamental de nuestro comercio exterior”, debido a que “es la base sobre la que fundamos nuestras posibilidades de salir a competir, abrir nuevos mercados y mejorar nuestro PBI, para así generar las políticas que habilitarán nuestras posibilidades de desarrollo”, aseguran los promotores.
Por esas razones, creen que “se vuelve imprescindible defender la tierra”, ya que la preservación, cuidado y defensa de ese recurso natural estratégico es un problema de soberanía. Sin embargo, aclaran que “la soberanía nacional no es definible solo en función de la propiedad privada de los suelos”. No obstante, argumentan que “esto importa y mucho, sobre todo en un pequeño país como es el nuestro”, porque “debemos asegurar a nuestros legítimos descendientes que una parte importante del territorio sea de propiedad de nuestros compatriotas y, en este sentido, defender nuestra tierra se vuelve un mandato ineludible”.
El articulado a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca
Los primeros tres artículos del proyecto de ley establecen las razones de interés general, su carácter de orden público y su ámbito de aplicación. Sobre lo último, estipula que el régimen se aplica a las tierras ubicadas en los suelos categorizados como rurales, sea con carácter productivo, con carácter natural o ambos.
El artículo 4 establece que personas físicas de nacionalidad extranjera, (tengan o no domicilio o residencia en el territorio), pueden adquirir el pleno dominio, lanuda propiedad o la posesión de tierras, si cumplen uno de estos cuatro requisitos: 1) tener ciudadanía legal, 2) contar con diez años de residencia continua, permanente y comprobada en el país, 3) tener hijos uruguayos y demostrar una residencia permanente, continua y comprobada en el país de cinco años, 4) estar unidos en matrimonio o concubinato con una persona de nacionalidad uruguaya, con cinco años de anterioridad a la fecha de celebración del negocio jurídico y demostrar una residencia continua, por igual término.
Los siguientes artículos especifican las limitantes, destacándose que no podrán adquirir tierras “personas jurídicas o empresas constituidas en un país distinto a Uruguay o cuyo capital sea en su mayoría de titularidad de personas físicas de nacionalidad extranjera o personas jurídicas constituidas en el extranjero”.
De las 8 millones de hectáreas vendidas desde 2001 hasta 2017, el 61 % fueron compradas por sociedades anónimas, en su mayoría conformadas por capitales extranjeros.
El proyecto, pendiente a estudio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores, necesita mayoría simple en ambas cámaras para aprobarse. En el Senado, la bancada del FA deberá convencer a los cuatro senadores que no firmaron la iniciativa: Liliam Kechichian, Mario Bergara, Enrique Rubio y Danilo Astori (suplantado por José Carlos Mahía).
Por su parte, los tres senadores cabildantes, se mostraron de acuerdo con el fondo del proyecto de ley, aunque propondrán que se hagan algunas modificaciones. Con los 3 votos de CA, más los 13 del FA, se aprobaría en la Cámara Alta.
En tanto, en Diputados la suma de votos de ambas bancadas superaría también la mitad. El coordinador de la bancada del FA, Charles Carrera, destacó la posibilidad de sellar un acuerdo parlamentario «inédito» con uno de los cinco socios de la coalición de gobierno. Sin embargo, el senador (s) Mahía dijo que hasta no ver que “las manos a la hora crucial estén en alto”, desconfía que el pacto se selle.
Por su parte, el senador Raúl Lozano, explicó que CA busca un país productivo “de verdad”, y por eso cree razonable limitar la venta de tierras a extranjeros porque “la extranjerización permite la concentración en pocas empresas”.
En entrevista en canal 4, el líder del partido, Guido Manini Ríos, explicó que van a apoyar «cualquier ley o proyecto de ley que sirva a solucionar problemas del país». Advirtió que no se trata de “chauvinismo”, sino de realidad. «Hoy casi un tercio del país está en manos de extranjeros, principalmente de grandes multinacionales, por lo que cuestionó “si es ese el futuro que queremos”. El senador afirmó que van a introducir cambios al proyecto “que lo mejoren sustancialmente”. Por ejemplo, que los “extranjeros que vengan con proyectos de inversión, de producción, que sean aplicables en el corto plazo, después de la compra de la tierra van a estar autorizados a comprar», aseveró.
Coalición coincide en críticas al FA, pero difiere sobre proyecto
De parte del PC se apunta a que durante los gobiernos del FA se aprobaron dos leyes (la primera, la 18.092, vigente desde 2007) que obliga a las sociedades dueñas de inmuebles rurales a tener acciones nominativas pertenecientes a personas físicas. Pero la norma establece ciertas excepciones del Poder Ejecutivo para autorizar a una Sociedad Anónima que sea titular de inmuebles rurales cuando “la índole de la empresa impida que el capital accionario esté representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas”.
En el documento del MGAP “Aprobación de Sociedades Anónimas en el sector agropecuario”, entregado a la bancada del PN, sostiene que “más de 6 millones de hectáreas están hoy bajo ese régimen de excepción”, lo que equivale al 37 % del total de las tierras productivas de nuestro país.
La mayoría de las beneficiarias por estas excepciones son Forestal Oriental SA (UPM) con 3.565.736 hectáreas, lo que representa el 52 % del total de tierras bajo este régimen. En segundo lugar aparece Eufores SA, de la forestal Montes del Plata, con el 10 % del total de la superficie aprobada por el gobierno. En tercer lugar, con el 5 % del área que está en régimen de excepción, figura Union Agriculture Group SA (UAG).
El senador del PN, Juan Sartori, expresó en Twitter que “prohibir la compra de campos a extranjeros sería un error y una mala señal”. Sostuvo que Uruguay necesita “generar trabajo en el sector agropecuario y asegurar condiciones para que más inversiones se instalen en nuestro país”, por lo que “aprobar una medida así trancaría proyectos vitales para el desarrollo”. Para Sartori, la idea «está totalmente fuera de lugar en el contexto actual» y propiciaría “una caída de los precios de las propiedades, las inversiones y el empleo”.
Por otro lado, el senador Sebastián da Silva entiende que la propuesta es “inconveniente” porque podría “perjudicar el comercio y el valor de propiedades y explotaciones agropecuarias”. En su cuenta de Twitter, agregó que “Uruguay es un país abierto a la llegada de inversiones”, que “hoy son muy necesarias”. “Generar un ambiente propicio para que se invierta y se genere trabajo genuino es obsesivo de este gobierno”, aseguró el senador.
Además, indicó que “los únicos perjudicados serán las familias propietarias de un campo que necesitan venderlo y con esta medida verán disminuido su valor”. A su vez, apuntó que la iniciativa es demagógica porque “refleja que el doble discurso de Mujica sigue incidiendo”, en referencia a que cuando gobernó el FA, fue el período en el que más tierra se extranjerizó.
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