El reto de abordar soluciones socio-habitacionales y promover la integración de las comunidades enfrentó el inesperado y complejo escenario del coronavirus. Para el coordinador general del Juntos, Rody Macías, significó también el reto de reforzar procedimientos y promover una mayor institucionalización del programa que apunta a los más vulnerables.
«El Juntos es una política pública y debe permanecer en el tiempo, como permaneció Mevir. Fue concebido como un plan, pero hoy es una realidad», afirma su coordinador general, Rody Macías.
En la casa donde funciona la sede del Juntos, en la calle 25 de mayo de la Ciudad Vieja, se nota un intenso trabajo por parte de los equipos. Por supuesto, simultáneamente hay etapas que se cumplen en el territorio, que son esenciales para cumplir con la función del programa. Pero la gestión también está haciendo énfasis en generar su información propia y de establecer procedimientos que trasciendan la actual administración.
Para Macías, todavía existe un desconocimiento muy grande de las características y competencias de este programa que surgió en 2010. «El Juntos es un programa que seguramente nueve de cada diez desconoce cómo funciona o qué es lo que hace. Y no solamente la población en general sino también algunas autoridades», reflexiona.
«Juntos interviene con la premisa de que esas personas vulnerables son lo primero. Y realmente son lo primero. La ley fue creada de esa manera y es brillante, no me canso de repetirlo», agrega.
Durante la entrevista, el coordinador enfatiza que el programa «es una herramienta social muy importante». «No es una herramienta política y no debe ser instrumentalizado políticamente, porque la necesidad de las personas no mira su ideología. Y a veces se confunde. Hay que leer la ley y sus diferentes modificaciones, los decretos reglamentarios. El Juntos ayuda a la sociedad», subraya.
Asimismo, pondera la versatilidad del personal, de las 336 personas «que se adaptaron al cambio de visión del Juntos». «Se cambiaron algunos chips. Y estoy muy agradecido a eso porque nos ha permitido ser más eficientes y eficaces a la hora de llegar a la población a la que tenemos que llegar», resalta Macías.
Viviendas de calidad
De once a doce semanas dura el proceso social. «Se han reducido mucho los tiempos», afirma Macías. Hay una investigación y una serie de mecanismos que se cumplen para que se ingrese al registro de participantes. Se evalúa si hay una situación de emergencia social y luego se pasa a lo habitacional.
Es una realidad que todos los partidos políticos, así como el anterior o el actual gobierno, reconocen que existe una emergencia socio-habitacional. Al Juntos llegan muchas personas buscando una solución habitacional, pero el abordaje desde este programa apunta integralmente a lo social, buscando que los vecinos puedan organizarse y multiplicar acciones en sus comunidades, sin descuidar, desde luego, la vivienda.
«Existe una emergencia socio-habitacional. Eso ya la ministra de Vivienda lo ha dicho. El Juntos atiende no solamente la emergencia habitacional sino también la social, que es muy grande. La emergencia social lleva a la habitacional. Gente que ha sido desplazada y encuentra que ya no puede pagar un alquiler, que no puede vivir, que su familia creció. Cuando la gente llega a nosotros no llega por la parte social, sino por la habitacional, una casa, un techo para vivir», explica Macías.
El coordinador general del programa asegura que el desafío está puesto principalmente en lo técnico, a través de los sociales. «El desafío es integrar a los vecinos, al programa y tener ese concepto. Y lo hemos logrado. Se trabaja mejor en comunidad que individualmente», opina.
«En Salto por ejemplo le dimos una identidad a las casas del Juntos y los vecinos empezaron a arreglarlas también, el barrio va cambiando y eso se ve. En Rivera pasa lo mismo y acá en Montevideo en algunos barrios pasa exactamente igual. Es insertar algo nuevo y los vecinos se van contagiando. Eso es el trabajo social», remarca.
Otro aspecto tiene que ver con el manejo económico de esta gestión y señala que ha permitido mejorar la calidad de muchas construcciones que realiza Juntos. «Los ahorros nos permitieron mejorar la calidad. Hoy estamos dando unas casas muy lindas, revestidas totalmente. Hay un convenio con UTE para entregar con calefón», detalla Macías.
Horas para la comunidad
La pandemia indudablemente agravó la situación de muchos uruguayos y las condiciones en las que tuvo que desarrollarse el programa. «Principalmente impactó en la parte constructiva. El Juntos es hacerlo entre todos. Y con la pandemia ya no podíamos poner en una habitación a varias personas. Esto redujo muchísimo la participación en obra. Pero no tanto así la participación en las actividades sociales», menciona el coordinador.
«Como los participantes tienen que aportar sus horas, empezamos a contar las horas de trabajo comunitario, en emprendimientos productivos, en atención odontológica, o que fueran a clases. Le sacamos un poco a lo habitacional y aumentamos lo social», dice Macías. «Ahora estamos haciendo un análisis de cómo están los emprendimientos productivos, que han descendido por la pandemia porque el poder adquisitivo no es el mismo», agrega.
Una de las consignas que se repitió en la sociedad durante los primeros meses de aparición del covid-19 fue la de «quedate en casa». Sin embargo, una parte significativa de la población lidiaba con importantes problemas de vivienda o la imperiosa necesidad de salir a buscar un jornal diario. Desde el Junto eso se notó especialmente.
«Hay gente con muy escasos recursos que salen a vender a la feria y no era sencillo. Los asistentes sociales trataron de guiarlos por distintos caminos, para que se cuidaran pero que tuvieran sus ingresos. Se colaboró con ollas, se repartió comida. Son cosas que a veces no se ven y se trabajan mucho», remarca Macías.
El mapeo y la selección
Los procesos de selección de las áreas de intervención han incorporado más variables para poder lograr una acción más eficaz, que beneficie a la población vulnerable. «Había un tema no resuelto e hicimos un estudio. En la ley de presupuesto subimos un poco la vara. La ley 18.829 era sobre extrema pobreza y subimos a pobreza, porque quedaba afuera alguna gente que sí tiene su trabajo o algún ingreso», informa el coordinador.
El foco apunta a situaciones de precariedad habitacional y de necesidades básicas insatisfechas. «Se pasó por distintas etapas, antes eran derivados del Mides o de ONGs. Pero Juntos llegó a una etapa que dejó de ser un plan, que tiene que caminar solo y tener sus propios indicadores de cómo va a funcionar», sugiere Macías.
«A partir de eso empezamos a mapear Montevideo y los técnicos colocaban capa sobre capa, en los lugares donde hay una necesidad insatisfecha, donde había dos, y así superponiendo hasta ver cuáles son las zonas más «oscuras» donde hay que atacar los problemas. De esas zonas empezamos a descartar, si existe o no tierra, si está muy cerca de una intervención, etc.», explica el coordinador.
Macías dice que el principal obstáculo tiene que ver con la tierra. «Por ejemplo vamos al asentamiento La Suiza, que tiene gente en situación de calle dentro del propio asentamiento. Es muy complejo. Y no hay terrenos por ahí cerca, no hay dónde colocar a la gente ni siquiera provisoriamente para empezar a construir», advierte.
Cortar la dependencia
Otro de los aspectos que subraya Macías tiene que ver con la importancia de que la gente pueda volverse propietaria de la vivienda. En la última rendición de cuentas se incorporó en este sentido un artículo que lo promueve para ciertas circunstancias.
Desde el Juntos se procura terminar con muchas situaciones de comodato y facilitar la propiedad, de modo de poder destinar mejor los recursos propios. «Hay complejos por ejemplo en Ciudad del Plata que está hace años y como no lo conectaron a saneamiento, el Juntos sigue pagando las barométricas. Ese dinero que se podría destinar a Doña María con el carro de tortas fritas, se destina a eso otro», indica el coordinador.
«Con el artículo –de la rendición- se permite que aquellas construcciones que están en terrenos públicos se pueden escriturar y dar el título a las personas», destaca. «Para esta gente va a ser muy importante, que podrán usar como un bien, usarlo en garantía, etc. Y nosotros podemos cortar ese cordón. Hay que pensar que hay casi 11.000 participantes y habría que tener todo un staff solo destinado a eso prácticamente», dice Macías.
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