Varios pedidos de información fueron solicitados a la Junta Nacional de Drogas exigiendo mayor transparencia y cumplimiento de lo previsto por las normas. Preocupación de Madres del Cerro por el “mínimo” porcentaje que se destina para tratamientos y rehabilitación. En tanto, uno de los proyectos de ley sobre tratamiento para adictos a las drogas, que se discutirá este año en el Parlamento, prevé cambiar la estructura.
Creado en el año 2006 por el art. 125 de la Ley 18.046, el Fondo de Bienes Decomisados (FBD) se constituyó como el órgano encargado de la recepción, inventario y administración de los bienes incautados y decomisados en causas por narcotráfico y lavado, para el fortalecimiento de las Políticas de Drogas y Lavado de Activos.
El fondo se integra con los bienes y valores decomisados en procedimientos por delitos previstos en el Decreto-Ley 14.294 de 1974 (ley de estupefacientes), con el monto de las multas previstas por el art. 19 de la Ley 17.835 de 2004 (Fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo) y con los vehículos de transporte decomisados en procedimientos por delitos aduaneros; los que son administrados por la Junta Nacional de Drogas (JND).
Está previsto que el FBD se destine a la financiación de programas que procuren la prevención del consumo de drogas, el tratamiento y la rehabilitación de personas afectadas por dicha problemática y al fortalecimiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley y de la interdicción del narcotráfico y el lavado de activos. La JND determinará, mediante resolución fundada, el destino de los bienes, pudiendo: retenerlos para uso oficial en los programas y proyectos a su cargo; transferirlos a cualquier título los mismos, o bien el producido de su enajenación, a cualquier entidad pública que haya participado directa o indirectamente en su incautación o en la coordinación de programas de prevención o represión en materia de drogas o transferir a cualquier título esos bienes, o el producto de su venta, a cualquier entidad pública o privada dedicada a la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de los afectados por el consumo de sustancias.
A la norma original le sucedieron reglamentaciones y leyes presupuestales que establecieron ciertos criterios para la adjudicación de los bienes y fondos decomisados. Según se desprende de las últimas modificaciones normativas, previstas en el art. 2 de la Ley 19.733, los artículos 64 y 110 de la Ley 19.924 y el art. 401 de la Ley 19.889 (LUC), el producido de los bienes y dinero confiscado, administrado por el FBD, se distribuirá: 70% para la JND; 25% para el Fondo Nacional de Recursos (FNR) para financiar procedimientos de medicina altamente especializada y de medicamentos de alto precio y 5% para el Fondo de Peritajes de la Fiscalía General de la Nación. En tanto, está previsto que 10% (del 70% del total que recibe la JND) se destine a inversiones del Ministerio del Interior, que se transferirá el 1° de marzo de cada año.
Si bien no queda específicamente determinado en la nueva normativa, es de esperar que el 60% restante se destinará conforme a lo dispuesto por el Decreto-Ley 14.294 y el reglamento del FBD (Decreto 339/2010), los que estipulan que la asignación de lo recaudado por el Fondo se realizará de forma proporcional para las siguientes áreas: a) prevención del consumo de drogas, tratamiento, asistencia e inserción social de los usuarios; b) mejora de las actuaciones de prevención, investigación y represión de los delitos de tráfico de drogas y lavado; c) mejora de los recursos materiales y humanos para el cumplimiento de la ley; d) para organismos encargados de ejecución y seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas nacionales e internacionales en la materia y, para instituciones públicas o privadas que persigan fines de interés público conformes con el reglamento.
Solicitan informes para fiscalizar cumplimiento de la ley
En los últimos meses se solicitaron varios pedidos de información pública a la JND respecto a la adjudicación de los bienes confiscados del FBD en el período 2020-2021. En primer lugar, el exsecretario de la JND, Milton Romani (2005-2011 y 2015-2016), a fines del año pasado efectuó un pedido a los efectos de conocer el destino de lo incautado y decomisado a las organizaciones criminales durante 2020 y 2021. Romani señaló que “parece inexplicable que se hayan cerrado dispositivos Ciudadela en el interior del país”. “No es por falta de fondos. Quizás sean otras las razones; pero recursos hay”, aseveró y consideró que la respuesta recibida por la JND a sus interrogantes fue “totalmente insuficiente, opaca, y puede estar incursa, al menos en una falta grave”.
Hace un mes la senadora del Frente Amplio, Amanda Della Ventura, efectuó un pedido de acceso a la información para saber “cuál es la política que lleva adelante el gobierno” sobre drogas. La senadora expresó su preocupación se haya resuelto “dejar sin efecto el área de prevención, equidad social y atención y tratamiento para iniciar un proceso de ‘integralidad’ en una única área llamada Salud integral”, motivo por lo que Della Ventura preguntó a la SND: “¿Cuál es la estrategia y el plan de acción con respecto a la prevención y la equidad social que tiene ahora esa Secretaría?”.
La Mañana consultó a la JND sobre estos puntos y respecto de los criterios aplicados para adjudicar los bienes del FBD, pero se excusaron de no poder responder en el momento y que más adelante el secretario general de SND daría una entrevista al semanario.
La actual gestión de la Secretaría Nacional de Drogas, al mando de Daniel Radío, fue objeto de varias críticas, especialmente sobre prevención y tratamiento de adicciones. En diálogo con La Mañana, Gabriela Jost, referente de la Fundación Madres del Cerro, recordó que en la última reunión que tuvieron con Radío, el año pasado, este reconoció que el “mínimo” porcentaje se destina para tratamientos y rehabilitación. Jost señaló que ven con preocupación que se decomisen tantas cosas, pero que al final eso “no termina en beneficio de recuperar a los jóvenes”. Advirtió que desde la JND tampoco “han hecho propagandas en el tema drogas”, recordando Jost que un porcentaje de estos bienes incautados debe ser para prevención y rehabilitación.
Legisladores oficialistas buscan alternativas para tratamiento y rehabilitación
La fundación Madres del Cerro fue una de las principales promotoras del Proyecto de Ley sobre “voluntad anticipada para recibir tratamiento en caso de consumo abusivo de drogas” que fue aprobada en Diputados en octubre pasado con votos del Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto; expresándose en contra de este el FA y el Partido Independiente, del cual forma parte el secretario general de la SND, Daniel Radío, que también expresó públicamente sus discrepancias con la iniciativa.
Esta postura del jerarca de la JND generó el descontento de varios legisladores oficialistas, entre ellos las diputadas que elaboraron el proyecto, la colorada Nibia Reisch y la cabildante Silvana Pérez Bonavita. También del representante de Cabildo, Martín Sodano, que en su momento manifestó que la JND “ha fallado” en la parte de lo que es la rehabilitación de adictos a las drogas, y como ejemplo graficó que “solamente entre Remar y Beraca, dos instituciones privadas y religiosas, tienen 2.000 camas de rehabilitación, y el Estado, entre las propias y las contratadas, llega a 235”.
Sodano informó a La Mañana que en el mes de abril presentará ante el Parlamento un Proyecto de Ley para que la atención de salud del Estado cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo la internación compulsiva de adictos a las drogas.
Esta iniciativa también prevé crear el “Fondo para Rehabilitación de Adicciones” que funcionará en la órbita de la JND y estará integrado por un representante de la Junta, de los ministerios de Salud Pública, Interior, Educación y Cultura y de Desarrollo Social. En tanto, los recursos provenientes de la incautación de drogas serán destinados: a) En un 40 % a aquellos establecimientos especializados que tratarán los casos de adicciones y tratamientos destinados a desintoxicación, rehabilitación y reinserción del paciente como de su núcleo familiar y /o afectivo; b) 10% a las políticas sanitarias de tratamiento sobre adicciones; c) 40% para aquellos organismos públicos dentro de cuyas funciones se encuentre la lucha contra el narcotráfico; d) 10% a generar programa de prevención dirigidos a la reducción de la demanda de drogas.
Este proyecto, más el de voluntad anticipada (que ya tiene media sanción) y la propuesta del Mides, que busca la «hospitalización involuntaria» de personas en situación de calle con consumo problemático de drogas, son los tres proyectos de ley sobre adicciones a las drogas que estarán –de manera simultánea– en la agenda parlamentaria de 2022.
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