El informe elevado al Poder Ejecutivo por el comité de expertos en el mercado de combustibles señala que la mayor disparidad entre los Precios de Paridad de Importación (PPI) y los valores actuales se encuentran en el supergás, el cual debería subir un 21%.
Durante la discusión de la Ley de Urgente Consideración, desde el Poder Ejecutivo se planteó la idea de la libre importación de combustibles aunque sin establecer un estudio que sostuviera dicha propuesta. Con la intervención de Cabildo Abierto y también del Partido Colorado se sacó esta disposición del proyecto, aunque se creó un comité de expertos para estudiar las distintas opciones e impactos con el propósito de que los precios pueda converger hacia los PPI, que son fijados mensualmente por la Ursea.
El Poder Ejecutivo podría enviar al Parlamento antes del 15 de febrero (inicio de la próxima legislatura), un proyecto de ley para que se establezcan los precios de los combustibles de acuerdo a los PPI y considerando los costos de Ancap.
El referido grupo de trabajo presentó su informe final sobre los cambios que se deberían implementar en el mercado de combustibles y llega a algunas conclusiones que sirven de punto de partida para elaborar una regulación apropiada.
Según el informe, si la ley que se pretende implementar estuviera vigente hoy día, tomando en cuenta los PPI a octubre, Ancap tendría una pérdida anual de US$ 86 millones (perdería US$ 115 millones en el gasoil, US$ 28 millones en las naftas y ganaría US$ 56 millones en el supergás).
El precio del kilo de supergás al público (gas licuado de petróleo o más conocido como GLP) es en la actualidad de $46,90, mientras que su valor, si se cobrara basándose en el PPI, llegaría a $60. De esta manera, una garrafa de 13 kilos costaría $780, contra los $609 actuales (sin incluir costo de envío), marcando una diferencia de 21%.
Atención a la repercusión social
Llevar a PPI el precio del supergás tendría una fuerte repercusión en la economía familiar (es el medio para cocción y calefacción más usado), a la vez que repercutiría fuertemente en la inflación, según el referido informe.
Al respecto, el comité de expertos señala que las condiciones que rijan para los mercados de sus energéticos sustitutos, como ser el gas natural y la electricidad, son clave en las proyecciones de demanda del GLP y no ven posible un crecimiento de futuro en el consumo de este combustible. Consideran que la tendencia será una disminución, al entrar en vigencia la ley que obligaría a que los precios guarden relación con el PPI.
El precio del supergás está subsidiado, y tomando como referencia los precios de 2019, significaba un sobrecosto para gasoil de 50 centésimos por litro, o un peso si se tomaba en cuenta un litro de nafta. Para este año se estima la cifra de ese subsidio en US$ 60 millones.
El equipo que analizó el precio de los combustibles señala que «al tratarse de un producto con fuerte incidencia en sectores socio¬económicos vulnerables de la sociedad, se entiende preciso y en línea con las prácticas internacionales, mantener el subsidio focalizado a los sectores más vulnerables de la sociedad».
Desde 2018 existe un subsidio específico para el GLP a hogares integrados por al menos una persona beneficiaria de la Tarjeta Uruguay Social (Mides), Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (Afampe), del BPS que se encuentran en el primer escalón de ingresos, y para beneficiarios del Plan Asistencia a la Vejez (Mides). Los beneficiarios obtienen un 15% de descuento sobre el precio en las recargas de garrafas, pudiendo realizar un máximo de 12 anuales sin superar las 3 mensuales por hogar. Son 220 mil los hogares que pueden acceder a este beneficio, pero solo 6.000 hicieron uso del mismo este año.
Otro factor que se tiene en cuenta es el impacto inflacionario. Si bien los precios del gasoil y las naftas pueden llegar a bajar tomando en consideración los PPI y, por lo tanto, incidiendo en la inflación a la baja, la suba en el precio del supergás superaría esas caídas, provocando un incremento importante para el cálculo inflacionario.
Gradualidad de las medidas
Para el grupo de trabajo «la reversión rápida del subsidio del supergás afectaría a los sectores socioeconómicos más vulnerables de la población», por lo cual recomienda trabajar en un subsidio focalizado en la población objetivo, creando una canasta de servicios públicos básicos (en forma de aporte monetario) que, eventualmente, se pueda utilizar indistintamente en supergás, otros energéticos o servicios públicos. Asimismo, este combustible es insumo de algunas industrias y su repentina suba provocaría pérdida de competitividad.
De ahí que se recomiende realizar la puesta en práctica de la convergencia hacia los PPI en un plazo de tres años, con una variación gradual y progresiva hasta llegar a igualarlo.
El supergás es un insumo de algunas industrias y su repentina suba provocaría pérdida de competitividad.
En referencia al mercado de garrafas de 3 kilos, existen diversos problemas. Uno de los destacados es el de la seguridad, con «un parque de garrafas deteriorado y un precio no regulado que se ubica hasta un 70% por encima del regulado». Los expertos indican en el informe que se debería dar «una sustitución del parque por otro tipo de garrafas, quizás de otro tamaño, con unidades de trazabilidad y dispositivos de «pago por uso» que permitan a los usuarios conservar la posibilidad de comprar producto fraccionado a través del celular a un precio regulado y en condiciones de seguridad. Asimismo, sería conveniente que el Poder Ejecutivo fije un precio máximo también para este producto, ya que existe el mismo para el GLP envasado en otros envases».
Sobrecosto de biocombustibles llegó a US$ 72 millones
La situación para los biocombustibles también se presenta complicada para Ancap. El informe indica que el año pasado el sobrecosto en la producción de biocombustibles (comparado con el costo de importarlo) llegó a US$ 72 millones. De ese total, US$ 29 millones corresponden a Bella Unión, US$ 19 millones a Paysandú y US$ 23 millones a la planta de Capurro.
Estas cifras, en frío, desde luego no contemplan la transferencia social que implican estos emprendimientos en ciudades que tienen un contexto social con dificultades.
Se considera que la producción de biocombustibles provoca un déficit para Ancap ya que «permite reducir emisiones de gases de efecto invernadero (aspecto ambiental) y genera empleo a lo largo de las cadenas de cada tipo de combustible (aspecto social) derramando en las economías locales».
En el caso de Bella Unión, que produce etanol, es donde más se observa esta realidad. Un informe de la consultora Exante titulado «Impacto económico de Alur sobre sus zonas de influencia», se señala que dicha planta ocupa entre empleos directos, indirectos e inducidos unas 2700 personas (gran parte zafrales), mientras que Paysandú emplea unas 200. Si se toma en cuenta que el sobrecosto por producir etanol en Bella Unión llegó el año pasado a US$ 30 millones, esto equivaldría a unos US$ 11.000 al año por sobrecosto por empleado directo e indirecto que se desempeña en ese lugar.
Por estas razones, los expertos entienden conveniente la eliminación de la exigencia relativa a la mezcla de biodiesel en el gasoil o sustituirla por este producto, pero importado.
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