El senador Carlos Daniel Camy presentó un proyecto de ley para extender por dos años la obligatoriedad para el registro de armas, lo cual está consagrado en una ley de 2014. En la Cámara Alta fue aprobado por unanimidad y ahora pasó a la Cámara de Diputados. La Mañana dialogó con el dirigente nacionalista sobre que lo llevó a presentar esta iniciativa.
¿Que lo llevó a presentar esta iniciativa?
El proyecto se presentó en el Senado dónde se aprobó por unanimidad y pasó a la Cámara de Diputados, por lo tanto tiene media sanción. La ley 19.247 del 16 de agosto de 2014 es la que regula tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas y municiones. En realidad duró casi dos años en reglamentarse porque recién lo hizo en diciembre de 2016. En el artículo sexto lo que hacía era determinar el plazo para el cumplimiento de la regularización de armas, municiones y explosivos. A partir de un pedido de informes realizado en 2018 pudimos constatar que el resultado de esta ley y del decreto eran muy magros. Entonces fue que entendimos que había que prorrogar la vigencia del artículo sexto de la ley.
¿Cómo queda planteado ahora, tras la prórroga?
En la legislatura pasada se extendió el plazo para el registro hasta el 4 de enero de este año y ahora proponemos una nueva prórroga por dos años más. Después de una serie de pedidos de informes concluimos que debía existir esa prórroga que permitiera realizar algunas modificaciones, más que nada en el decreto reglamentario, sobre el cual tenemos algunas consideraciones negativas.
¿Cuáles son esas consideraciones que usted define como negativas?
El decreto actual en muchos aspectos desorbita la norma legal que pretende reglamentar. Existen varias disposiciones que violan el principio de legalidad, es decir superando los límites de la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo. Sustituye la voluntad del legislador, limitando derechos que el legislador en la ley no lo expresó.
Pero también existen aspectos prácticos. Hay números que nos permiten concluir que la población no estaba informada de los cambios que se pretendían hacer. Entre 2015 y 2017 se entregaron de forma voluntaria y para la destrucción (al Servicio de Material y Armamento del Ejército) un total de 1362 armas, cuando existían en Uruguay registradas desde 1943, un total de 604.041 armas. En ese mismo período (2015 a 2017) el Poder Judicial realizó 14.102 solicitudes al Servicio de Material y Armamento para que se informara sobre el origen de las armas que estaban sujetas a algún proceso judicial. Solo el 2,4% estaba con una denuncia de haber sido extraviada y 5.682 carecían de registro. Por lo tanto el objetivo de la ley de 2014 no ha sido entendido por el conjunto de los individuos que portan armas en Uruguay.
¿En su criterio a qué se debe esto?
Puede ser por la desconfianza que generan los cambios y seguramente también porque no existió una debida difusión sobre esta ley.
¿Cuántas armas se estima que existen en Uruguay en manos de particulares?
No hay posibilidades de determinarlo. Lo que sí es claro es que si voluntariamente se entregaron 1.362 armas entre 2015 y 2017 y simultáneamente se detectaron casi 5.700 armas sin registrar se concluye que la cantidad de armas que están en manos de la población civil es muy importante. Por eso nos parece pertinente y necesario reglamentar las decenas de miles de armas que están en manos de la población. Estoy seguro de que muchas de esas personas quieren reglamentar esas armas, pero con la ley de 2014 y el decreto respectivo se pusieron muchas trabas burocráticas.
Pero se supone que cuando se adquiere un arma, en una armería, ya existe un registro. ¿Por qué entonces hay más armas que las vendidas y registradas?
Uruguay tiene un registro nacional de armas desde 1943. Hasta agosto de 2018 existían más de 604 mil armas registradas. El tema es que la ley elevó las condiciones requeridas para poder renovar los permisos o para facilitar la tenencia de armas. Por ejemplo se determinó que todas las armas debían pasar por una prueba balística en el Ministerio del Interior, y solo se dan 20 números por semana. Por lo tanto es prácticamente imposible que se puedan registrar decenas de miles de armas o renovar permisos.
¿Entonces en que situación queda el ciudadano que tiene un arma, pero no está registrada?
En el proyecto de ley que presentamos se establece que la tenencia o el porte de un arma de fuego sin registro, constituye un delito y se encuentra tipificado en el artículo 152 del Código penal. Por lo cual se debe pensar entonces en cualquier ciudadano que ha heredado por ejemplo una escopeta de un abuelo o que tenga algún arma como recuerdo, lo cual es muy común en el interior, la debe regularizar, pero para eso hay que facilitarle el camino para hacerlo.
“Estoy seguro de que muchas de esas personas quieren reglamentar esas armas, pero con la ley de 2014 y el decreto respectivo se pusieron muchas trabas burocráticas”
¿Qué visión tiene usted sobre el accionar policial frente a la violencia que se está viviendo?
Estamos ante una situación de violencia en el delito que se ha agravado en los últimos años. Tengo la convicción de que la droga y el narcotráfico han sido determinantes en este aspecto. Nadie puede discutir que el narcotráfico está vinculado a la violencia y a la criminalidad. En el año 2005 se perpetran más de 8.300 rapiñas y en 2019 se cometieron 30.650. En homicidios, en 2005 ocurrieron 188 y en 2019 se llega a 391. Eso marca lo que ha sido el crecimiento en los últimos 15 años en materia de delitos. Vemos con buenos ojos y aprobamos la actuación del Ministerio del Interior, donde el ministro Larrañaga desde el primer día en que asumió ha sido claro y contundente en dar combate al narcotráfico y se está actuando en esa dirección.
Y en este marco ¿qué importancia le da al proyecto sobre allanamientos nocturnos?
Nos parece que es una medida necesaria y pertinente. La coalición de gobierno está a favor de este proyecto mientras algunos dirigentes del Frente Amplio han dicho que no están dispuestos a votarla. Años atrás escuchamos a dirigentes del FA que estaban a favor, pero ahora parece que no. Lo que es real es que se necesitan dos tercios de los votos en el Poder Legislativo para su aprobación y posterior plebiscito, el cual se podría haber realizado con las elecciones departamentales. Pero sin los votos de legisladores del Frente Amplio no saldría la iniciativa. Estamos evaluando otros mecanismos que requieren de otras mayorías parlamentarias, que se conseguirían, pero recién se estaría plebiscitando dentro de tres años.
Recientemente el ministro Larrañaga dijo que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) «está actuando de manera flechada», por sus denuncias sobre el accionar policial. ¿Qué comentario le merece esta afirmación del ministro?
Estoy absolutamente de acuerdo con lo expresa por el Ministro del Interior, desde la primera hasta la última letra, en referencia a los comentarios emitidos por la Institución Nacional de Derechos Humanos.
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