Entre el miércoles 15 y el jueves 16, un funcionario policial fue asesinado a sangre fría en Ruta 5 a la altura de Nuevo Paris; una mujer policía fue atacada a balazos en Ciudad del Plata y un efectivo de la Guardia Republicana fue apuñalado en la ciudad de Rivera. El domingo en Villa Española, otro policía fue baleado por delincuentes. En los primeros tres casos los atacantes huyeron con el arma de reglamento que portaban los policías. En el último episodio, el funcionario policial los repelió a tiros desde el piso y evitó el robo.
“Cuando se mata a un policía nos están matando a todos”, expresa la carta que emitió el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo
El primer hecho ocurrió sobre las 7 de la mañana del miércoles 15, en Ruta 5 y Santa Lucía, cuando dos delincuentes que aguardaban en moto en la intersección, vieron pasar a David Texeira que se dirigía a su trabajo también en un birrodado. El funcionario de 29 años de edad fue asesinado por los delincuentes que le efectuaron tres tiros por la espalda -dos dieron en la cabeza-, sin mediar palabras. Texeira se había integrado hace cuatro meses al Ministerio del Interior y se desempeñaba como eventual en la Intendencia Municipal de Montevideo. Un joven de 17 años, indicado como el autor material del crimen, fue entregado el jueves por su propia familia y formalizado el sábado por homicidio muy especialmente agravado. La Policía aún busca a la persona que conducía la moto. Esta manifestó que minutos antes del homicidio, a pocos metros del lugar de los hechos, un patrullero de la Zona IV se tiroteó con dos jóvenes en moto que dispararon cuando vieron el móvil. Aún resta confirmar si se trata de los mismos.
Sobre las 23 horas, en Playa Pascual, una funcionaria policial de 19 años, que también trabaja en las fuerzas de seguridad desde hace cuatro meses, fue rapiñada por dos individuos en moto que la sorprendieron cuando bajaba de un ómnibus. Antes de escapar con el arma que portaba la joven trabajadora, le efectuaron varios disparos, de los cuales uno le rozó el cuello, sin revestir mayor gravedad. En la madrugada del jueves un efectivo de la Guardia Republicana que se dirigía a la terminal de buses de Rivera fue interceptado por un delincuente que lo golpeó fuertemente en la nuca y luego huyó tras arrebatarle su arma y 17 municiones.
El último ataque sucedió este domingo en el barrio capitalino de Villa Española. Un efectivo de la Seccional 16 que se encontraba comprando en un kiosco fue emboscado por dos delincuentes que le dispararon tres veces a corta distancia. El hombre de 43 años sufrió tres heridas de bala. Uno en la mandíbula que salió por un oído, otro en el brazo y un tercero quedó alojado en el chaleco antibalas. Los dos autores del ataque no pudieron concretar la rapiña, debido a que el policía herido, desde el piso, respondió con varios disparos con su arma de fuego. El efectivo fue intervenido en el Hospital Policial y se encuentra fuera de peligro.
El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) emitió un comunicado expresando su conmoción y preocupación por los recientes hechos. “Cuando se mata a un policía nos están matando a todos”, expresa la carta. El texto publicado advertía que “la policía no tiene la protección suficiente” y que “requiere de apoyaturas jurídicas, logísticas y formativas de mayor intensidad”.
Por la seguidilla de ataques, el secretario de Sifpom, Ricardo González, se reunió este lunes con el jefe de Policía, Ricardo Pérez, para abordar soluciones que les brinden más respaldo a los efectivos de la Policía a la hora de trabajar. Una de las preocupaciones planteadas por el sindicato tiene que ver con la vivienda. Tras la reunión, González aseguró en rueda de prensa que unos mil doscientos funcionarios viven en zonas rojas; y dijo que si bien se “dieron ciertos préstamos -habitacionales- entendemos que estos no fueron suficientes porque no llegaron al trabajador de más abajo”.
Este reclamo también fue realizado por el sindicato cuando se reunieron con Larrañaga y su equipo, en la última semana de 2019.
Presunción “simple” de la legítima defensa policial genera polémica
Otro tema que vienen planteando los gremios policiales desde hace varios años tiene que ver con la ampliación de la legítima defensa presunta para los policías. Con la modificación de la ley, el efectivo policial no tendría que probar que actuó en legítima defensa, ya que esa sería la primera hipótesis de la investigación. En mayo de 2019, Sifpom, presentó un proyecto de ley para impulsar la medida. Por su parte, el gobierno electo se comprometió a realizar cambios en esa norma y elaboró un documento que será incluido en la ley de urgente consideración.
Actualmente, la normativa que considera la excepción de la legítima defensa está prevista en el artículo 26 del Código Penal, que determina aquellas situaciones en las que se exime de responsabilidad a quien perpetre homicidios que se consideren “en defensa de su persona o derechos, de esa persona o de terceros”. La ley vigente está basada en una presunción “relativa”, que admite pruebas en contrario, si la justicia entiende que no está presente alguno de los tres elementos que constituyen la legítima defensa: agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación de la persona que se defendió del ataque.
Jerarcas del Ministerio del Interior del gobierno saliente están en contra de la medida anunciada por los futuros gobernantes. Tanto el ministro Eduardo Bonomi, como el subdirector de la Policía Nacional, Hugo de León, entienden que no es necesario modificar el Código Penal en esa materia, dado que el artículo 31 del Código de Procedimiento Policial establece que el personal policial “está exento de responsabilidad cuando actúa en legítima defensa propia o de terceros”, o en cumplimiento de los artículo 26, 27 y 28 del Código Penal.
Para de León, actualmente “el respaldo” a los funcionarios “está” y además afirmó que “la policía tiene las garantías para trabajar y tiene el respaldo para trabajar”. Por su parte, Bonomi, durante la última interpelación parlamentaria a la que fue citado, expresó que aprobar una ley de ese tenor favorecerá el “gatillo fácil”. A su vez, el senador frenteamplista, Charles Carrera, entiende al igual que el actual ministro que esta medida “es un cheque en blanco hacia el gatillo fácil”. A fin de año, Carrera dijo que “Uruguay hoy tiene una policía profesional, que sabe utilizar la fuerza; y destacó que en 2019 “existieron más de 30 delincuentes abatidos en procesos policiales, y la policía no tuvo ningún inconveniente”.
Desde la vereda opuesta, Álvaro Garcé, futuro director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, mencionó que los propios funcionarios policiales le han manifestado que se sienten “con las manos atadas”. En la misma línea, Diego Sanjurjo, politólogo especializado en políticas públicas, seguridad y armas, y futuro asesor del Ministerio del Interior, entiende que “actualmente la policía no está pudiendo ejercer la autoridad, y son los propios policías los que demandan mayores garantías legales para poder realizar su trabajo con seguridad y confianza”. Además, cree que “la presunción simple de legítima defensa es una medida acertada, que tendrá un poder simbólico en el accionar policial, permitiendo que trabajen con mayor tranquilidad”.
La iniciativa que fue incluida en el programa de gobierno del Partido Nacional y luego suscrita en el Compromiso por el País de la coalición multicolor, prevé introducir la presunción simple de la legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, los del cuerpo de Prefectura Nacional Naval, los guardias de seguridad armados privados; pero también de los soldados que trabajen patrullando la frontera, según confirmó días atrás el futuro ministro de Defensa, Javier García. El texto también contemplará la seguridad en los establecimientos rurales durante la noche, para aquellos que se defiendan ante el ingreso de personas extrañas a los establecimientos donde se desarrollan actividades agropecuarias o en las cercanías de los mismos. (Ver artículo sobre Seguridad Rural en página 12)
