La denuncia realizada por el gobierno contra Mario Cardama, principal del astillero del mismo nombre que se encuentra en Vigo (España), parece ser la conclusión lógica de una situación originada hace varios años. Desde que se adjudicó a esta empresa española la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV) por parte del gobierno de Lacalle Pou, las críticas arreciaron desde el Frente Amplio y tuvieron como protagonistas a dos integrantes del actual gobierno, que por ese entonces ocupaban cargos legislativos: el exsenador Alejandro Sánchez, actual secretario de la Presidencia, y la exsenadora Sandra Lazo, actual ministra de Defensa.
Tanto Lazo como Sánchez se convirtieron entre 2023 y 2024 en los principales cuestionadores de que se adjudicara a Cardama la construcción de estas patrulleras, llevando a severos cruces con quien era por ese entonces ministro de Defensa, el hoy senador Javier García.
En lo que parece ser una historia que mezcla geopolítica, negocios y una toma de revancha, el final, más allá de las denuncias penales y civiles, parece incierto.
El gobierno del presidente Orsi dio por concluido el acuerdo con Cardama alegando que se estaba ante una maniobra delictiva por la constitución de garantías falsas y presentó una denuncia penal y civil. Ahora la intención sería llamar a una nueva licitación, pero lo que se ha pagado del negocio (unos 30 millones de dólares) no se sabe cómo se va a recuperar. Del otro lado, Cardama señala que seguirá construyendo las lanchas y hasta tiene un país interesado en comprárselas. No obstante, en un comunicado sostiene que está dispuesto a conseguir una nueva garantía que satisfaga al gobierno y quiere llegar a un acuerdo, aunque advierte que su reputación fue dañada y podría demandar al Estado uruguayo. Y va más allá. En declaraciones a la radio española Onda Cero señaló que “el gobierno que está hoy, durante el proceso se opusieron totalmente, querían que lo hicieran los chinos”.
El comienzo de la historia
Todo arranca alrededor de 2015-2016, cuando Uruguay empieza a planificar la modernización de su Armada Nacional. El país necesitaba patrulleras oceánicas modernas para vigilar su zona económica exclusiva, proteger recursos pesqueros y combatir el narcotráfico en el Atlántico. La flota uruguaya estaba envejecida: llevaban más de 40 años sin buques nuevos y 12 años intentando concretar este proyecto. Se estimaba que dos OPV de unos 87 metros de eslora (largo) y 12 metros de manga (ancho) serían ideales, con capacidad para armamento, helipuerto y sistemas de control avanzados.
En 2021 el Ministerio de Defensa convocó a un concurso abierto a astilleros globales en el cual se mostraron interesadas empresas líderes como Lürssen (Alemania), Fassmer (Alemania), Damen (Países Bajos), Kership (Francia) y CSTC (China). Las que presentaron ofertas válidas fueron la de CSTC, Damen y Kership. Para analizar las ofertas existía una comisión técnica con personal superior de la Armada, la parte contable o económica tenía integrantes del Ministerio de Economía, y también de Defensa. A la vez existía una comisión de seguimiento integrada por representantes de los partidos políticos.
La oferta que más convencía, en un comienzo, era la de CSTC (China), que cotizaba a 199 millones de dólares los dos barcos, a razón de cien millones por cada uno. Pero esos costos eran considerados elevados. Uruguay pensaba no pasarse de los 100 millones de dólares por los dos. Ese precio alto de China tenía una razón. Uruguay exigía que algunos equipamientos, como los motores, fueran “occidentales” al igual que otras partes de la nave. Ese criterio era para no quedar atado a tecnología de otras naciones fuera de occidente. En el caso concretamente de los motores, se referían a los Caterpillar, de fabricación estadounidense. China dijo que los barcos podían ser muchos más baratos de 100 millones de dólares cada uno, si ellos ponían su propia tecnología. Pero esto no era aceptado, tomándose en cuenta que se trataba de tecnología militar. Había además otro componente geopolítico. A Estados Unidos no le parecía bien que un país aliado se equipara con tecnología de China.
Descartada esta licitación por los altos precios, se fue a una solución más simple. Comprar los barcos, pero usados. La oferta más conveniente eran tres buques noruegos de la clase Nordkapp, de 42 años, con determinadas prestaciones que eran aceptables. Pero también surgió un problema. Se hizo el análisis de esas embarcaciones y se determinó que no entraban en el dique de la Armada en el puerto de Montevideo. Ahí es que surge la tercera solución: una compra directa.
Para la compra directa se comienza una serie de contactos con astilleros de todo el mundo invitándolos a que se presenten.
La Armada Nacional recibió propuestas de ocho astilleros: Gondan Shipbuilders; Francisco Cardama S.A.; Construcciones Navales P. Freire S.A.; Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar); China Shipbuilding Trading CO Ltd. (CSTC); Hyundai Heavy Industries; Kership y Damen Shipyards.
Finalmente, el 10 de octubre de 2023, se optó por Cardama. El precio por ambas lanchas era de 82,37 millones de euros (unos 92 millones de dólares), el más bajo entre competidores. En la oferta se señalaba que los plazos de entrega de la primera OPV era en 18 meses y la segunda en 12 meses más. El diseño era basado en ingeniería de Cintranaval (España), con motores Caterpillar (EE. UU.), armamento de Escribano (España) y sistemas electrónicos de Terma (Dinamarca). Además del precio más barato, se cumplía con el objetivo de que la tecnología no fuera china.
Cuestionamientos legislativos
Si bien todo el proceso había llevado a varias intervenciones desde el Poder Legislativo, los cuestionamientos severos surgieron con la compra directa. La Comisión de Defensa del Senado era presidida en el período anterior por Sandra Lazo (actual ministra de Defensa) y era integrada entre otros por Alejandro Sánchez (actual secretario de la Presidencia), siendo el ministro de Defensa de aquel entonces el actual senador Javier García.
Y hay dos instancias parlamentarias entre 2023 y 2024 que muestran la tensión existente.
El 7 de agosto de 2023, el por entonces ministro García concurría a la Comisión de Defensa. Para ese entonces la licitación ya no corría y se estaba en el proceso de compra directa.
El senador Alejandro Sánchez centró su intervención en una nota recibida por la Comisión de Defensa de la empresa china CSTC, sobre el proceso de invitación para la compra directa.
En una parte de la intervención en esa sesión, el hoy secretario de la Presidencia hace referencia a una nota recibida por la Comisión de Defensa por parte de CSTC. Esa nota tenía varias preguntas. Una de ellas era que “cuando la Armada Nacional nos invita a cotizar ya había recibido, vía Ministerio de Defensa Nacional, la propuesta del astillero Cardama”. Sánchez aclara “esto es lo que dice el astillero chino. Por eso me parece que se genera un conjunto de interrogantes sobre cómo fue el procedimiento, y estamos hablando de procedimientos administrativos”. Y a esto agrega, “como se trata de un interesado, nos pareció bueno que se pudiera explicitar alguna de estas interrogantes que plantea un astillero chino y que hoy llegan al Parlamento”. Uno de los planteos era por el precio. “Por qué, si la empresa dice que estaba dispuesta a renegociar y envió en dos oportunidades por correo electrónico su voluntad de negociar el precio, no se la recibió” preguntó Sánchez. García dijo que se los había recibido, pero “la oferta era inferior en costos, pero también en prestaciones”. La oferta era de 161 millones de dólares por las dos lanchas. Y el director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, señala al respecto en esa sesión: “Yo participé de las reuniones [con la nueva oferta], en las que no comparecía la empresa, pero sí lo hacían el embajador y un coronel que lo acompañaba”. Esa sesión de la comisión versó gran parte del tiempo en la propuesta de la empresa China.
“Péguenle a García”
El 26 de febrero de 2024, tras levantarse el receso parlamentario, el por entonces ministro García fue convocado para explicar el procedimiento de elección de Cardama. Esto sucedía siete días antes de que renunciara como ministro para dedicarse a la campaña política. “Esta sesión podría titularse ‘Péguenle a García’, que está por irse”, decía al comienzo de su exposición.
García señaló que el proceso de compras de las lanchas venía desde hacía dos décadas y no se había adquirido “porque el poder económico fue más fuerte que el poder político”. Relató que en el último gobierno del Frente Amplio (2015-2020) “el senador Lacalle Pou y quien les habla, integrábamos la Comisión de Defensa Nacional y una vez vi qué representantes de astilleros recorrían los despachos de los senadores. Fue entonces que dije basta. Con el actual presidente [Lacalle Pou] informamos a la comisión sobre lo que estaba sucediendo y solicitamos que comparecieran en su ámbito a hacer sus presentaciones, y así fue”. En ese momento y según consta en la versión taquigráfica, se dirige a la presidenta de la Comisión, Sandra Lazo, y le pregunta si a ella también la habían visitado los empresarios, a lo que esta responde: “¡No! Yo, particularmente, no”.
García señalaba en otra parte de su intervención que “el argumento del Frente Amplio hoy era el de 2010, en el que recurrían al dique del Cerro para construir patrulleros oceánicos”. Ese proyecto de hace 15 años incluía asesoramiento ruso y la compra de una lancha patrullera Proyecto 10412 Svetlyak. Hace más de una década se había firmado inclusive un memorándum para instalar un astillero que construyera esos barcos en Uruguay con asesoramiento ruso. Pero toda esa idea al final no prosperó.
En esa misma reunión, y en una pregunta un poco extraña, la senadora Lazo le consultó al ministro García por qué cuando se iba a firmar el contrato en el ministerio de Defensa con Cardama “se encontraba presente como agente extranjero el embajador de España en Uruguay, si el ministerio resolvió que las características de estos buques eran secretas”.
Tras lo que fue la última comparecencia de Javier García como ministro de Defensa al Parlamento, comenzaba el año electoral y las OPV seguían en la Comisión de Defensa. El 12 de agosto de 2024 y siendo ministro de Defensa Armando Castaingdebat, el tema volvía a la Comisión y su presidenta Sandra Lazo anticipaba lo que pasaría después: “Nos quedan demasiadas dudas y no queremos que el 16 de febrero tengamos que estar pensando en pedir la conformación de una comisión investigadora”. Poco más de un año después, la semana pasada, la senadora frenteamplista Bettiana Díaz dijo que se evalúa la posibilidad de crear una comisión pre investigadora por el caso Cardama. Desde la oposición se insiste con que todo este escándalo es para “pegarle” al expresidente Lacalle Pou, pensando ya en las elecciones de 2029.
