Para determinados negocios jurídicos, la ley dispone de solemnidades a efectos de que las partes vean la trascendencia de lo que están haciendo. Para un negocio anunciado como UPM2, de tres o cuatro mil millones de dólares (lo cual ya ese gap de mil millones, o un 25% del monto suena desprolijo), donde un buen porcentaje son dineros públicos, de un país pequeño y periférico, lo razonable sería no escatimar en las mismas. Deberíamos estar inmersos en la sobreabundancia de explicaciones, de los detalles y desgloses al respecto. Y, máxime en la contemporaneidad de la sobreinformación.
Cabildo Abierto entiende que el paradigma del país forestal puede haber llegado a su máxima expresión, y sea hora de priorizar otras facetas de la producción nacional
Cabildo Abierto (CA) está decidido a convocar al Parlamento a los ministros del Poder Ejecutivo, donde sus carteras tengan directo involucramiento en la construcción de la mega tercer pastera de celulosa. Ejercer tal potestad de una bancada parlamentaria, siempre y cuando logre una mayoría especial de los integrantes de su respectiva cámara, es parte de uno de los primordiales cometidos del Poder Legislativo, el de control al otro gran poder estatal.
Como dijo el Gral. Manini, el mismo busca “terminar con suspicacias” y conjeturas acerca de los alcances de lo acordado anteriormente, y ya que la concreción del proyecto y su propio tren es irreversible, es la hora de dejar atrás esa percepción de oscurantismo de lo negociado entre la administración Vázquez y la multinacional finlandesa.
Vale consignar, que todo sobre el “mundo upm2” no entró en el objeto de lo acordado por los cinco partidos políticos que en noviembre pasado se encolumnaron tras Lacalle Pou para enfrentar al candidato progresista en la segunda vuelta electoral.
Que la sociedad uruguaya sepa a cabalidad, qué fue lo comprometido, cuál es el aterrizaje del mismo; tanto en la plata como en los tiempos. De qué fondos salen esos dineros, quiénes son los avalistas, si estamos tomando deuda externa para esta infraestructura- traje a medida para la transnacional nórdica-, y si esto puede comprometer la concreción de otras futuras obras viales, pues ya el Uruguay tendría el cupo lleno. En fin, que todos sepamos en qué consistió la herencia legada, con lo positivo, y lo bochornoso de lo ya firmado. Y, cuál o cuánto margen de maniobra al respecto de lo pactado, tuvo el gobierno entrante.
Tales comparecencias permitirían brindar toda la cristalinidad necesaria que requiere un emprendimiento con tamaña erogación de dineros públicos.
El hecho de que uno de los eventuales citados, -la titular del MVOTMA- sea del partido de los citantes, (contrario a interpretaciones sarcásticas de comentaristas de mesa de luz) es elocuente muestra de que el interés no es de mezquina cotidianeidad política, sino de la más alta concepción del manejo de la cosa pública.
CA irrumpió a escena, generando resquemores varios, tanto a establishments de las izquierdas como de las derechas. El novel partido no es incoloro o insípido frente a los cruciales temas del futuro próximo del país, y entiende que el paradigma del país forestal puede haber llegado a su máxima expresión, y que en clave de la observancia del interés general – no corporativo trasnacional- sea hora de priorizar otras facetas de la producción nacional, que notoriamente no han tenido su “propia ley forestal” (ley que en su momento ochentoso, sí era de superior interés) ni han podido ingresar en zonas francas tributarias, con los consiguientes beneficios. Desde su génesis, la alabada pasta de celulosa ha sido omisa de su cuota parte de contribución al mantenimiento de un estado ampulosamente gordo, al cual otras áreas productivas no han podido sacarle el hombro. Y, lógica pura mediante, si hay uno que se libera de su apoyo, el sostén de la mesa se le hace más pesado al resto.
Ante la faraónica inversión de una tercer pastera, es momento propicio para que la sociedad uruguaya (no solo capitalina) ponga en su agenda de debates, qué prioridades quiere asignarle a su suelo, su agua, su aire, y también a su inversión pública y sus renuncias fiscales.
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