Este miércoles tiene lugar el llamado a sala –en régimen de interpelación- al ministro de Transporte y Obras Públicas por el acuerdo entre el Gobierno y la empresa Katoen Natie para la prórroga de la concesión en la terminal especializada del puerto de Montevideo.
El Frente Amplio en lo previo hizo acusaciones muy duras contra el Poder Ejecutivo, asegurando que el ministro Heber actuó con «dolo» o «total negligencia» en el acuerdo y acusó a la empresa de «no actuar de buena fe». Ahora el partido interpelante tendrá que probar semejantes afirmaciones en la Cámara de Senadores.
No será lo único que tendrá que demostrar el Frente Amplio. También tiene la difícil misión de desligarse de un pasado que lo compromete directamente en este tema.
Durante las administraciones progresistas, las autoridades adoptaron decisiones y actitudes que degradaron el relacionamiento con la empresa belga, afectando el normal funcionamiento y provocando problemas de competitividad e ineficiencia en el puerto que generaron, entre otras cosas, la pérdida de cargas provenientes de la región.
Ese hostigamiento contra la empresa concesionaria llevó a los belgas a considerar la interposición de una demanda contra el Estado uruguayo y así se lo hizo saber al ex presidente Tabaré Vázquez. El nuevo gobierno asumió cargando con este ‘regalo’ que le dejaron sus antecesores.
Por si fuera poco, el Frente Amplio construyó el marco jurídico que habilitó la posibilidad de otorgar concesiones por 50 años, cuando el régimen anterior era de 30 como máximo. A través de la ley de presupuesto de 2015 y del decreto 341 de 2017, promovieron primero la concesión de la terminal especializada de celulosa en favor de UPM y luego del aeropuerto de Carrasco, por medio siglo en cada caso.
Es innegable la importancia de captar inversiones para el desarrollo de nuestro principal puerto de contenedores, a través de la expansión y modernización de su infraestructura, sin perder de vista que se trata de uno de los mayores activos para la soberanía de nuestro país.
Sin poner lo político por encima de lo jurídico, es importante poder avanzar en una negociación y un acuerdo que sea favorable para todas las partes y que goce de un amplio respaldo de nuestra ciudadanía.
Aquí lo que de verdad interesa no es meramente subsanar lo formal con artilugios legales, sino lograr el apoyo popular para alcanzar un acuerdo completo. Desde hace muchos años nuestros gobiernos le vienen dando la espalda a su pueblo cuando se trata de contratos que comprometen a varias generaciones de uruguayos. ¿No será tiempo de revertir esa tendencia?
No sería descabellado pensar en un proyecto de ley que apunte a que este tipo de acuerdos que se otorgan por varios periodos de gobierno sean sometidos a la ratificación parlamentaria o incluso a través del plebiscito de la propia ciudadanía.
Se habla mucho sobre avanzar en políticas de Estado, pero lo cierto es que el sistema político termina una y otra vez dividido respecto a estos temas y los problemas saltan a la vista después, cuando eventualmente se produce un cambio de partido en el gobierno.
Durante la interpelación en Cámara de Representantes a los ministros por el contrato ROU-UPM2 en abril de 2020, quedó claro y así se plasmó en la contundente declaración de los Diputados que el Estado uruguayo negoció desde una «posición de debilidad» ocasionando «pérdidas excesivas» al Estado en un «marco de total opacidad».
Hay que entender la magnitud y la gravedad de esa declaración. El país no puede seguir haciendo como el avestruz, escondiendo la cabeza, en un asunto tan significativo. ¿Cómo se va a plantar de ahora en más en este tipo de negociaciones? ¿Puede continuar por ese camino, comprometiendo a varias generaciones, sin el respaldo popular?
La mera inercia no conducirá a nada virtuoso. Se necesita tomar decisiones valientes e inteligentes, que aspiren al consenso nacional. Son temas ineludibles si aspiramos a proyectarnos como país de aquí al año 2050.
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